Procuraduría le pone la lupa a contrato de salud de Putumayo de la época del covid-19

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer este martes que abrió una investigación a dos exsecretarias de Salud departamental de Putumayo por un contrato de más de $ 3.700 millones. De acuerdo con la entidad, se busca esclarecer varias irregularidades en ese contrato, que se empleó para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19.

"El ente disciplinario también busca esclarecer la conducta del secretario de planeación y dos jefes del área de prestación y desarrollo de servicios de salud para la época de los hechos", agregó la Procuraduría en el comunicado. Las exsecretarias Mónica Guerrero Rendón y Adriana Lucía Medicis son las principales investigadas en este caso. El contrato era para la vigencia 2021, pero hasta ahora se hará una investigación a fondo.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público investiga al exsecretario de Planeación, Hernando Francisco Chamorro Pasinga, y a los jefes del área de prestación y desarrollo de servicios de salud, Alexandra Benavides González y Luis Fernando Vitery. Según la entidad, estos dos últimos también fungieron como supervisores del acto administrativo.

"La entidad busca verificar si la asignación presupuestal del Ministerio de Salud y Protección Social por más de $ 3.700 millones con el objeto de solventar las necesidades de atención del COVID-19 se ejecutaron en tiempo extemporáneo; asimismo, se constata si los funcionarios solicitaron a los diferentes hospitales del departamento los requerimientos y requisitos para atender la pandemia".

Irregularidades en la salud del Putumayo

Durante la época de la pandemia hubo otras situaciones respecto al manejo de la pandemia en el Putumayo que inquietaron a las autoridades. En octubre de 2020 la Fiscalía imputó varios cargos y pidió prisión preventiva contra el gobernador del departamento de ese momento, Buanerges Florencio Rosero. La acción se dio por una investigación en la compra de 10 ambulancias medicalizadas que habrían tenido un sobrecosto de más de $1.000 millones.

Rosero después regresó al cargo. Sin embargo, hubo otro caso alrededor de su administración que puso en alerta a la ciudadanía de Putumayo. En septiembre de 2021 se reportó que al menos 400 trabajadores del hospital de Mocoa estaban sin contrato. La falta de colaboradores en la entidad médico afecta la atención de los pacientes en todas las áreas. Urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y vacunación para Covid-19 estaban en alerta. Asimismo hubo déficit de medicamentos e insumos hospitalarios.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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