Procuraduría pide a la ANLA hacer una audiencia pública por proyecto minero en Jericó

En una carta dirigida al director de la autoridad ambiental, el Ministerio Público advirtió sobre las voces de inconformidad de la comunidad. 

La Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado le solicitó a la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales que se realice una audiencia pública en relación con el trámite de la solicitud de licencia de AngloGold Ashanti sobre el proyecto de minería subterránea de cobre LA Quebradona, en Jericó, suroeste de Antioquia.

En una misiva enviada a Rodrigo Suárez, director de la ANLA, el Ministerio Público advirtió de la inconformidad de comunidades que podrían verse afectadas por el desarrollo de este proyecto por la imposición de la explotación minera en esta región de vocación agrícola.

“Argumentan las comunidades que no son una región con vocación minera, se plantean temores de perder su territorio y el agua de la zona, y que además se generen graves impactos al medio ambiente”, dice la Procuraduría.

Aunque la Corte Constitucional estableció que el subsuelo y los recursos naturales renovables son propiedad de la Nación, no dio claridad sobre los procesos para concertar o resolver conflictos socio-ambientales que pueden presentarse entre los entes territoriales, las comunidades y la Nación. 

“En la práctica no es factible desarrollar actividades mineras sin generar impactos en el suelo, impactos de carácter ambiental, social, económico, paisajístico, cultural e incluso afectaciones en la cosmovisión de los habitantes de la región, al igual que alteraciones a sus usos, prácticas, modos locales de producción y tradiciones”, agrega. 

Hasta el momento no se conoce respuesta de la autoridad ambiental sobre esta petición, que además se presenta en medio de la cuarentena nacional para prevenir la propagación del coronavirus, lo que ha obligado al confinamiento de la población, por lo que no es claro cómo se podría realizar la diligencia.

Enenero de este año la ANLA inició el estudio ambiental que daría vía libre a este proyecto, que ha suscitado posiciones encontradas en Jericó, donde como expone el Ministerio Público, las comunidades temen sufrir consecuencias poco favorables por el desarrollo de la minería en la región.