La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención de 3 firmas y 17 personas naturales por un carrusel de créditos a través de esta modalidad.
La intervención busca poner freno a una captación ilegal que, mediante la duplicación o falsificación de pagarés, terminó en un descalabro que supera el billón y medio de pesos.
Según la superintendencia, desde 2016 hasta la fecha han sido intervenidas más de un centenar de captadoras ilegales, cuyos representantes están hoy también incursos en procesos penales.
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