Tras ser condenado en primera instancia, el ICBF y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado argumentaron ante Corte Constitucional que un juez no solo había acreditado indebidamente a las supuestas víctimas, sino que ordenó un pago superior a lo previsto como regla general.
El hecho se remonta al 30 de junio de 2016, cuando un joven de 15 años fue detenido en el Centro Transitorio para Adolescentes del ICBF en Quibdó y el mismo día fue encontrado muerto.
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