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Antivacunas dicen ser víctimas de persecución por nueva normativa del Ministerio de Trabajo

Afirman que violan sus derechos constitucionales, pero expertos ven válido que se emitan normas para evitar aumento de contagios.

Antivacunas dicen ser víctimas de persecución por normativa que obliga a empleados a inmunizarse

La normativa del Ministerio de Trabajo que vuelve obligatorio que los empleados que tengan contacto con el público se inmunicen contra el COVID-19, y que además pide a compañías priorizar la contratación de quienes ya tengan el esquema completo, ha desatado un debate a favor y en contra. Los antivacunas dicen ser víctimas de persecución.

Actualmente, la Carta Magna señala que la vacunación es un acto voluntario, pero para juristas como el expresidente de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto es válido que el Estado emita normas para evitar el aumento de los contagios.

“Para tratar de evitar precisamente esa difuminación de esa enfermedad en la sociedad se le puede exigir un carné de vacunación, es absolutamente normal que en un Estado de Derecho, como se ha hecho en otras partes del mundo donde las personas que están en situaciones en que pueden ser contagiadas fácilmente o contagiar a otras personas, se mantenga esta exigencia de la vacunación”, expresó el experto.

Pero antivacunas como Stefan Bravo consideran que “el Gobierno nacional sigue en la persecución para quitarnos nuestras libertades civiles y laborales obligando a que las empresas tengan la opción de contratar primero a los vacunados; es una persecución y viola nuestros derechos civiles constitucionales”.

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La normativa del Ministerio de Trabajo tampoco es clara sobre qué hacer con los empleados que se niegan a inmunizarse contra el COVID-19.

“¿Qué puede hacer un empresario frente al trabajador que alega su derecho al trabajo, pero al mismo tiempo también tiene ese derecho a decidir el no vacunarse? ¿Debe el empleador pagarle su salario sin que trabaje?”, se pregunta Camilo Ospina, presidente de Asobares.

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El abogado laboralista Jorge León también señala que “en ninguna parte se indica que no tener el esquema de vacunación sería una justa causa para terminar el contrato de trabajo”.

Sobre este punto, algunos señalan que los empleados que no se quieren inmunizar deben ser reubicados a áreas en las que no tengan contacto con el público.

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