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La ley de insolvencia económica es un mecanismo legal para aquellos que enfrentan dificultades financieras abrumadoras. Esta normativa ofrece un respiro a las personas naturales no comerciantes que se encuentran incapaces de cumplir con sus obligaciones monetarias, permitiéndoles reestructurar sus deudas y, en última instancia, buscar un nuevo comienzo.
En Colombia, la Ley 1380 de 2010 establece las condiciones y pasos a seguir para ciudadanos que pueden enfrentar situaciones complejas con respecto al pago de sus deudas.
La ley especifica que pueden aplicar personas naturales no comerciantes que tengan su domicilio en Colombia. Las motivaciones para acogerse a esta incluyen el incumplimiento del pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, o si la persona tiene una o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva en su contra.
Para iniciar el trámite de negociación de deudas, el deudor debe presentar una solicitud que incluya varios documentos, ya sea directamente o a través de un apoderado. Los pasos y requisitos específicos son los siguientes:
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Al acogerse a la ley de insolvencia se busca un nuevo acuerdo con los acreedores, que debe ser validado por un juez y aceptado por los acreedores. Mientras esté en curso el trámite de insolvencia, cualquier proceso judicial relacionado con el cobro de estos créditos se congelará.
Además, se suspenden los procesos ejecutivos, de restitución por mora en el pago de cánones o de jurisdicción voluntaria contra el deudor.
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