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En lo que va corrido del año son más de 86.000 reclamos contras las empresas de servicios públicos, entre otras, por la facturación y la prestación del servicio, llamados que han aumentado en medio de la situación por el COVID-19.
Según la superintendente Natasha Avendaño, entre enero y abril se han impuesto 57 multas en el servicio de energía y gas por unos $30 mil millones. En acueducto, alcantarillado y aseo van 27 sanciones por $3 mil millones
De las 86.000 quejas, según la funcionaria, se han resulto la mitad. Recalca que en algunos casos hay que respetar los tiempos de ley.
Sobre los reclamos dejó en claro que “la empresa tiene un tiempo establecido para responder, que son 15 días. Si no responde, automáticamente se configura un silencio administrativo positivo, que es que, por ley, una empresa debe concederle al ciudadano lo que pidió. Pasado ese tiempo, o si la respuesta no es satisfactoria, entra la Superintendencia de Servicios Públicos”.
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Respecto al cobro por promedio, señaló que las empresas solo pueden acudir a este mecanismo únicamente si tienen una prueba de que la lectura de los contadores no se pudo realizar por el funcionario.
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