La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una inspección administrativa a Ecopetrol en Bogotá. La actuación hace parte de una indagación sobre posibles prácticas que atentarían contra la libre competencia.
Este jueves, 30 de marzo de 2023, justamente se adelanta la asamblea de accionistas de Ecopetrol a la que asisten tanto el Gobierno en calidad de accionista mayoritario como también miles de colombianos que tienen acciones en esta petrolera colombiana.
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Felipe Bayón, presidente saliente de Ecopetrol, se pronunció sobre la inspección.
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“Estuve más de dos horas sentado en la noche con ellos y el mensaje es que Ecopetrol actúa de cara al país, en Ecopetrol ustedes tienen una compañía en la que pueden confiar, si hay errores, si hay cosas que corregir, siempre se van a corregir, todo es perfectible, todos en ese sentido podemos siempre mejorar, aprender, avanzar, pero sí les quería decir, antes de cerrar, que tienen ustedes en Ecopetrol una compañía que da la cara, que responde y que actúa de frente al país”, aseguró Bayón.
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¿Cuáles son esas posibles irregularidades en Ecopetrol?
La SIC está buscando y recolectando información que permita aclarar presuntas irregularidades en diferentes procesos de contratación que se habrían presentado en los últimos años.
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La superintendencia quiere aclarar indicios de prácticas restrictivas a la libre competencia, por ejemplo, en contratos para el alquiler de helicópteros de pasajeros y de carga. Esto significaría procesos de contratación dirigidos a favorecer una empresa en particular y no a la que ofreciera mejores condiciones económicas y operativas.
También indagan por posibles contratos amañados en la compra de vehículos blindados y supuestas prácticas de abuso de posición dominante de Ecopetrol en unos contratos de producción de petróleo y de una posible integración empresarial con otra compañía pequeña del sector, integración que Ecopetrol no había informado a las autoridades.
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En un comunicado, la petrolera señaló: “Dicha visita, que continúa el día de hoy, ha sido atendida con toda disposición y colaboración por parte de la empresa y de los funcionarios que fueron entrevistados. La empresa manifiesta su colaboración con la superintendencia en las gestiones que realiza para proteger la libre competencia”.
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De comprobarse las irregularidades contra la libre competencia, habría millonarias multas que podrían ascender hasta 100.000 millones de pesos para las empresas del grupo y hasta 2.000 millones para los directivos que encuentren culpables.
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