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El Gobierno anunció la declaratoria de la emergencia económica luego de que se hundiera en el Congreso la reforma tributaria o ley de financiamiento, con la que buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos a través de la imposición de varios impuestos.
Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el decreto ya habría sido firmado por todos los miembros del gabinete y el que hizo el anuncio de la emergencia económica, Germán Ávila Plazas, dijo en su momento que se buscarán establecer “las medidas tributarias, (para que) podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República”.
De acuerdo con el Gobierno nacional, esta “se declara mediante un Decreto Legislativo firmado por el Presidente y todos sus ministros, cuando hay hechos graves e inminentes que perturban el orden económico, social y ecológico, otorgándole facultades excepcionales para legislar por decretos y adoptar medidas urgentes. La medida se aplica por periodos de 30 días, que pueden ser prorrogados con aprobación del Congreso”.
Varios expertos consultados por Noticias Caracol, como el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, señalan que no puede hacerse esta declaratoria porque “no estamos ante una emergencia. La emergencia es algo que sucede intempestivamente, que no se espera, y esto está previsto desde hace mucho tiempo”.
Para el exmagistrado, “convocar a una situación excepcional como es la emergencia económica cuando está suspendida temporalmente la acción de la Corte Constitucional es verdaderamente tramposo. Es una cuestión que evidentemente muestra una vez más la tendencia que hay en este Gobierno a desconocer la separación de poderes y a pasar por alto de las funciones que son del Congreso. Ya el Congreso se pronunció, ese pronunciamiento tiene que ser respetado”.
Insistió en que “tenía que haberse previsto con mucha anterioridad para que no se hable mentirosamente de una emergencia, de algo que se veía venir. No es algo que sobreviene intempestivamente, sino algo que era esperado y ha debido precaverse por los órganos del Gobierno oportunamente”.
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Por eso sugirió que “lo que debe hacer el Gobierno, evidentemente, es disminuir los gastos, es tratar de evitar que se erogue tanto dinero en forma irresponsable, en forma ligera y verdaderamente reconocerse como simplemente un poder dentro de las ramas de la Nación y no como un todopoderoso”.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, coincidió en que la emergencia “no cumple el requisito fundamental”, ya que debe decretarse por “un hecho inesperado y de gran importancia”. Añadió que “sobreviniente es un hecho inesperado, pero este es un hecho esperado”.
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Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “es una situación por fuera de toda la ley, por fuera de la Constitución, que nos termina generando una preocupación de la arbitrariedad que implica, del autoritarismo que trae detrás de la forma como se está excediendo el Ejecutivo en sus funciones y cómo se está excediendo el Ejecutivo por encima de lo que el Congreso ya decidió”.
Añadió que la decisión de declarar emergencia económica cuando el Consejo de Estado y la Corte Constitucional están en vacancia “resulta siendo sospechoso y quizá, yo me atrevería a decir, incluso tramposo”.
El ministro del Interior dio en Noticias Caracol algunas puntadas de qué podría contener la emergencia y cuáles serían los nuevos impuestos: “Yo le puedo decir por ahora, por encima, que es a las entidades financieras que prestan, también a los juegos de suerte de azar, a los licores con alto grado de alcohol, al 4x1.000 pasarlo al 5x1.000”.
Mac Master recordó las declaraciones de Petro cuando fue senador, “que criticaba el 4x1.000, y lo criticaba muy fuertemente porque decía que les pegaba a los hogares colombianos, que afectaba a los hogares colombianos, que iba en contra de la canasta familiar, que iba en contra de las personas y los hogares más vulnerables. Y resulta que ahora no solamente mantiene el 4x1.000, sino que además intenta subirlo en un punto más. Esto significa que le va a terminar cobrando a los hogares colombianos más de 2 billones de pesos adicionales solo por las transacciones que hagan con sus tarjetas, con que hagan a través del sistema financiero, las transacciones que hagan a través de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro; afecta también todas las compras y todos los créditos que se puedan dar. La verdad es que termina siendo muy inconsistente, muy incoherente, tremendamente regresivo en términos de afectar a una gran cantidad de colombianos. Sorprende muchísimo esa actitud de este Gobierno”.
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