Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
En Colombia y el mundo, desafortunadamente, cada día aparecen en las calles y en redes sociales nuevos carteles que alertan sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes, los cuales son buscados con desespero y angustia por parte de sus familiares. La situación empeora cuando estos menores son hallados sin vida y con signos de violencia porque para sus madres, incluso cuando se logra condenar a un culpable, el dolor y vacío que queda es indescriptible. Según Naciones Unidas, en el mundo cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada de manera violenta. En Colombia, según datos de Medicina Legal, en la última década cerca de 1.500 niñas murieron de forma violenta y más de 190 mil menores fueron valorados por violencia sexual, unos datos preocupantes sobre la sociedad en la que están creciendo los niños en el país. Tres madres le abrieron la puerta de sus casas a Los Informantes en diferentes lugares del país para contar la historia de sus hijas de 9, 12 y 15 años que un día salieron de casa y no volvieron. Aunque por el asesinato de sus pequeñas obtuvieron justicia legal, todas aseguran que no logran encontrar consuelo en la condena de un desconocido y que lo que les da verdadera paz es que sus hijas no sean olvidadas.Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años / 12 de octubre de 2024En Villagorgona, Valle del Cauca, el nombre de Sofía Delgado representa para los habitantes uno de los episodios más oscuros de su historia y para el país uno de los feminicidios de niñas más indignantes de los últimos años. Leidy Zúñiga, su mamá, reconoció que "lo que más extraño es levantarme, saber que llega la hora del almuerzo, saber que llegaba la hora de llevarla a su colegio, su hora de salida. Dios nos la prestó por 12 años, siempre le digo eso a Dios, no le reprocho nada".Sofía acababa de cumplir 12 años, le gustaban los animales, patinar y soñaba con ser veterinaria. El 29 de septiembre de 2024, Sofía salió de su casa rumbo a comprar comida para su mascota y no regresó. Leidy pegó carteles con su foto, habló con los vecinos y denunció ante medios y autoridades, pero durante 18 días no supo nada de su hija; hasta que el 17 de octubre, la encontraron sin vida en un cañaduzal en zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de su casa. "Nosotros cuando buscábamos a Sofía sentíamos que la íbamos a encontrar, pensábamos que íbamos a estar con ella, pero no fue así".El responsable fue un vecino del sector, el cual fue capturado, confesó y fue condenado a 58 años de prisión. Aunque para Leidy Zúñiga la condena contra el responsable de la muerte de su "ángel" es justicia, señaló también que "ella está en el cielo, pero su recuerdo va a seguir para toda la vida, así pasen los años y los días, porque perder un hijo es una de las pruebas más difíciles que como madre podemos pasar”.Laura Valentina Páez Velandia, de 9 años / 21 de enero de 2025En Chiquinquirá, Boyacá, Miryam Lucero Velandia también sabe en carne propia el dolor que implica perder a una hija de esta manera. “El sueño de ella era crecer y poder tener un trabajo para que yo no sufriera tanto, para ayudarme”, expresó la mujer al recordar a la pequeña Laura Valentina de 9 años, quien el 16 de enero de 2025 salió de su casa para pasear a su perro y desapareció. Cinco días después de denunciar su desaparición, el cuerpo de la menor de edad fue hallado sin vida en el río Minero, en el límite de Boyacá y Santander. En este caso las autoridades también dieron con el responsable y fue condenado, algo que para Miryam es una medida importante para la protección de otros niños, pero difícilmente compensa el dolor que causó en su familia. “La única ventaja es que el man está en la cárcel y se han salvado más niños, pero justicia no. [Ella] era la mayor parte de mi vida”.Entrar a la casa de la mamá de Laura Valentina es como ver dos mundos distintos. Por un lado está el cuarto de la menor que parece congelado en el tiempo porque sigue intacto, con sus peluches, zapatos y uniforme del colegio, hasta la alcancía que la niña estaba llenando con la esperanza de comprarle un regalo de cumpleaños a su mamá. Pero fuera del cuarto de la menor lo que se ve en cada rincón de la casa son plantas y flores que Miryam cuida con amor. El motivo es uno solo, según explicó. “Así fuera a salir al potrero, ella siempre me regalaba una flor, ella misma me las daba, las echaba en agua y volvía y me las daba. Fue lo más lindo y hermoso que tuve en mi vida”.Emily Dayana Villalba Vergara, de 15 años / 12 de marzo de 2025Finalmente, en el municipio de Chocontá, en Cundinamarca, todos recuerdan con cariño a Emily Villalba, una joven de 15 años que soñaba con ser una música profesional y destacaba tocando en la banda sinfónica del municipio y de su colegio. Además de sus destacadas calificaciones, la adolescente se había convertido en el gran apoyo de su mamá Nury Yuliana Vergara, ayudándola incluso en sus clases universitarias para convertirse en enfermera.“Ella fue fundamental porque cuando yo iba a empezar [a estudiar] yo pensaba que la parte de sistemas me costaba, entonces Emily me daba moral, me echaba la mano”, recordó la mujer que ahora trabaja en un asilo como enfermera de adultos mayores y que logró cumplirle a su hija el sueño de verla graduada de enfermera, aunque la menor no pudo estar ahí para acompañarla. El 12 de marso de 2025, Emily regresaba a su su casa luego de un ensayo con la banda, pero nunca llegó a su hogar, generando preocupación en su entorno. Horas más tarde su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la vereda Pueblo Viejo. Nury dice que, aunque el responsable de acabar con la vida de Emily está en la cárcel, su vida no volverá a ser la misma. "En términos legales pues de alguna manera sí [hubo justicia] porque el tipo fue capturado y condenado, pero ¿la vida de las víctimas qué? ¿Qué hay de la vida de las personas, que nos destruyeron la vida? Una criatura no es un número más, era una vida, era una vida con la que uno contaba, eran sueños, eran planes, eran proyectos”, reclamó. Agregó que, a pesar de lo ocurrido sigue trabajando para cumplirle la promesa a su hija de tener una casa propia y, en sus días más difíciles, aseguró que siente la presencia de Emily en una pequeña mariposa que siempre se posa en su ventana.La nueva ventana de la justicia Colombia acaba de lanzar la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata para niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidos, ya no hay que esperar 72 horas para denunciar. Si alguien desaparece puede comunicarse a estos números: Línea 123Líneas nacionales 122, 155 y 141También puede ir a la Fiscalía, a la Policía, al ICBF, las oficinas de la Defensoría del Pueblo o a una comisaría de familia
El crimen de Luis Alfonso Valencia, fundador de Arepas El Carriel, estremeció a los habitantes de Guaduas por la brutalidad con la que fue perpetrado. Lo que comenzó como la desesperada búsqueda de un empresario desaparecido terminó destapando una investigación que reveló un homicidio planeado y una traición que, según las autoridades, se habría gestado desde el círculo de confianza de la víctima.El Rastro reconstruyó este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2024, donde la aparente tranquilidad de una finca escondía una escena que cambiaría para siempre la vida de dos familias.El reconocido empresario, de 67 años, había dejado Bogotá ocho años antes para radicarse en el campo, con la esperanza de aliviar las afecciones pulmonares que padecía. Sin embargo, el retiro nunca estuvo en sus planes. Siguió dedicado a las labores de la finca y al cuidado de los animales.Su hijo, Leandro Valencia, lo recuerda como "un paisa de esos muy montañeros, de esos que se ganaban la vida pulso... fue una persona que todos los días se levantaba como si se quisiera comer el mundo".Un rastro de violenciaLa alerta se encendió cuando Valencia dejó de responder a las llamadas. Jairo Castellanos, amigo cercano del empresario, acudió a la finca y se encontró con una escena aterradora. Según su testimonio, "la casa estaba desordenada, la casa estaba saqueada totalmente, estaba patas arriba, todo". Los asaltantes no solo hurtaron objetos de valor; también rompieron techos y cortaron los muebles por debajo.Al ingresar las autoridades, el intendente Andrés Montoya, investigador de la Sijín, observó que "había varias cosas que estaban revolcadas como si hubiesen estado buscando algún elemento y en las mesas había unos vasos".La búsqueda en los alrededores de la propiedad llevó al hallazgo de dos cuerpos sin vida en una zona boscosa. Junto a Luis Alfonso Valencia se encontraba Rubén López, uno de sus trabajadores. El intendente Montoya detalló la crueldad del ataque: "Se ve que por lo menos a don Luis Alfonso le golpearon antes de causarle la muerte, ellos estaban amarrados de pies y manos".Las víctimas presentaban signos de tortura y heridas por proyectil de arma de fuego. En el sitio también fue hallada una trabajadora herida de gravedad, quien se convirtió en la única testigo presencial del hecho.El capataz bajo sospechaDesde el inicio, los investigadores sospecharon que el crimen no fue un simple hurto. La atención se centró rápidamente en Johan Daniel Pinzón, el capataz de la finca y hombre de confianza de Valencia. Pinzón vivía en la propiedad con su familia, pero tras el crimen desapareció misteriosamente. Aunque inicialmente se consideró que podía ser otra víctima, las pruebas técnicas comenzaron a desmentir esta versión.Un elemento fundamental fue el hallazgo de rastros físicos. Los peritos de la Sijín realizaron una inspección al interior de la casa, donde encontraron huellas dactilares de Pinzón en áreas donde él habitualmente no tenía permitido el ingreso.Según los investigadores, "era sospechoso porque él no tenía mucho acceso a la vivienda". Este indicio sugirió que el capataz participó activamente en el robo de la residencia.Pistas clave: huellas y cruce de llamadasLas autoridades comenzaron a rastrear los movimientos de Johan Daniel Pinzón. Tras los homicidios, el capataz cambió la tarjeta SIM de su teléfono celular, aunque continuó utilizando el mismo dispositivo, un detalle que llamó la atención de los investigadores.Al analizar los registros de llamadas, la Policía estableció que Pinzón se había comunicado con personas que estuvieron en el perímetro de la finca durante las horas previas y posteriores al crimen.Una interceptación telefónica fue la pieza que terminó de revelar el paradero del principal sospechoso. En la conversación, la pareja de Johan Daniel Pinzón le decía que había "cometido un error", mientras él aseguraba que debía abandonar la zona para evitar ser capturado por las autoridades.En ese momento, la única sobreviviente del ataque participó en un reconocimiento fotográfico. Según los investigadores, "nos confirma que Johan es la persona que está involucrada con el hurto y el homicidio".Última prueba y la captura de los señaladosLa investigación se extendió hasta el departamento del Tolima, siguiendo el rastro de una camioneta azul y una motocicleta hurtadas de la finca. Durante un operativo en Honda, la policía interceptó a varios hombres, entre ellos Sergio Andrés Gómez, quien intentó huir lanzándose por un caño. Al ser capturado, Gómez portaba un arma de fuego y un reloj Fossil de color café que intentó descartar al momento de la aprehensión.Al contactar a la familia Valencia para verificar la procedencia del objeto, el hijo de la víctima confirmó la pertenencia del accesorio: "Yo inmediatamente le digo que sí, que es el reloj de mi papá".Las autoridades identificaron a Gómez como el autor material de los disparos. Semanas después, Pinzón fue localizado en una vivienda en Ibagué, donde intentó escapar por los techos de una casa.Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, que incluían testimonios, huellas, interceptaciones y objetos recuperados, tanto Johan Daniel Pinzón como Sergio Andrés Gómez decidieron allanarse a los cargos. El 16 de septiembre de 2025, fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y porte ilegal de armas.Aunque la fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 56 años, la aceptación de cargos les permitió recibir una rebaja, quedando la sentencia final en 35 años de prisión. Para la familia del fundador de Arepas El Carriel, hay un cierre en el proceso, pero no la de una herida profunda por la traición de quien consideraban de su entorno.“Johan cumplió un papel de ganarse la confianza de ser una persona cercana de su empleador, del señor Luis Alfonso”, concluyó el coronel Mauricio Arley Herrera sobre los hechos del crimen.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de El Rastro.
Lo que comenzó como la desaparición de una joven administradora de un bar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de Bogotá. El 7 de enero de 2011, Sandra Viviana Ravelo, de 26 años, desapareció. Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en una zona desolada de Ciudad Bolívar.La Fiscalía centró rápidamente la investigación en John Alexander Quintero, novio de la víctima y patrullero de la Policía. Todo apuntaba a una condena de hasta 60 años de prisión, hasta que una nueva revisión de las evidencias forenses cambió el rumbo del caso. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reconstruyó la investigación.El peso de la acusación: las pruebas de ADNDesde el inicio del proceso, la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre dos pruebas biológicas que parecían irrefutables. En el cuerpo de la víctima se hallaron tres perfiles genéticos, uno de los cuales coincidía con el de su pareja. Además, debajo de las uñas de Sandra se encontró material biológico del uniformado, un hallazgo que los investigadores interpretaron como la prueba de que la víctima lo había arañado mientras intentaba defenderse del ataque.La presión social y mediática fue inmediata. En el ámbito carcelario, Quintero fue apodado con nombres como "Pikachu" o "el descuartizador". Al respecto, el patrullero relató el impacto de pasar de ser un servidor público a un reo señalado por la justicia: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser el bandido más grande de todo Bogotá".Por su parte, la madre de la víctima, Claritza Murillo, expresó en su momento el dolor y el rechazo hacia el Policía: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo alguien que yo tuve en mi casa".¿Qué demostró el análisis forense?El caso comenzó a desmoronarse en 2015, cuando el médico forense Aníbal Navarro y un equipo revisaron los folios y la necropsia. Una de las primeras conclusiones que permitió desvirtuar la sevicia fue la causa de las lesiones en el cadáver. Contrario a lo que se informó inicialmente sobre un desmembramiento y quemaduras intencionales, la ciencia determinó que el daño fue causado por agentes externos del entorno rural.El doctor Navarro explicó que los hallazgos en el cuerpo no correspondían a una acción criminal tras la muerte: "No está desmembrado. Son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo. Y en este caso lo más probable son perros”.Asimismo, se descubrió que las supuestas quemaduras eran en realidad procesos naturales de descomposición mal interpretados debido a que la fotografía forense fue realizada por personal no experto. Según la investigación, quien tomó las imágenes era en realidad una auxiliar de enfermería sin la formación técnica necesaria.La prueba del ADN bajo las uñas, que la Fiscalía presentó como señal de una lucha desesperada, fue analizada bajo una nueva óptica por la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda. Al observar detalladamente el estado de las manos de la víctima, la experta notó que la evidencia física no respaldaba la teoría del forcejeo: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha".La defensa argumentó que el material genético hallado era mínimo y compatible con la convivencia normal de una pareja, un fenómeno conocido en la ciencia forense como transferencia por contacto cotidiano.El propio Quintero explicó este punto en su defensa: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo". Esta interpretación cambió el sentido de la evidencia: la presencia de material genético de Quintero no demostraba su participación en el crimen, ya que los análisis concluyeron que dicho rastro provenía de una relación consentida anterior a la desaparición de Sandra.Testimonios que rectificaron la inocencia del policíaOtro factor determinante para la libertad del policía fue la desarticulación del móvil del crimen. La Fiscalía sostenía que Quintero era un hombre posesivo y extremadamente celoso, una percepción que la familia de la víctima compartía. No obstante, los testimonios de amigos cercanos y clientes habituales del bar que Sandra administraba en el barrio Bosa Piamonte desmintieron esa conducta violenta.Adicionalmente, se logró identificar a los hombres con los que Sandra fue vista por última vez. Testigos confirmaron que la joven abandonó el establecimiento comercial en un taxi acompañada por dos sujetos. Uno de ellos era Néstor Yesit Sánchez, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia tras confirmarse que su ADN también estaba presente en la escena. Sánchez fue condenado, mientras que la identidad del tercer implicado nunca pudo ser establecida por las autoridades.La sentencia absolutoria y las secuelas del procesoTras pasar casi seis años privado de la libertad, entre cárceles como La Picota y detención domiciliaria, un magistrado dictó el fallo que declaró la inocencia de John Alexander Quintero. “Yo siempre tenía una Biblia. Ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios”, aseguró Luz Nidia Giraldo, madre del patrullero. “Esa fue esa primer Navidad otra vez en casa. Fue ver otra vez a mi familia reunida, volver a estar con todos, ver que tenía el apoyo de mi familia”, recordó John Alexander Quintero, conmovido.A pesar de la decisión judicial, el estigma social persiste para Quintero, quien ha manifestado dificultades para reinsertarse en la vida laboral debido a sus antecedentes judiciales, llegando a ser rechazado en decenas de empresas. Por otro lado, la familia de Sandra Viviana Ravelo mantiene su postura de desconfianza frente al veredicto. Claritza Murillo reafirmó su convicción tras conocerse la libertad del expolicía: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".El caso de Sandra Viviana Ravelo terminó convirtiéndose en mucho más que una investigación por feminicidio. También abrió un debate sobre el alcance de la evidencia forense, la interpretación de las pruebas científicas y las consecuencias que puede tener una investigación cuando los hallazgos son cuestionados años después. Mientras la familia de la víctima sigue reclamando justicia, John Alexander Quintero intenta reconstruir una vida marcada por un estigma que, asegura, aún no desaparece.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
La Corte Constitucional tumbó uno de los decretos reglamentarios de la emergencia económica. Se trata del 1474 del 29 de diciembre de 2025, que contemplaba impuestos a juegos de azar impuesto y a licores y “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.Para el alto tribunal, la norma, que hacía parte del decreto madre que también se cayó, es inexequible dado que no responde a hechos sobrevinientes o imprevisibles. (Lea también: Petro responde a decisión de Corte de tumbar definitivamente el decreto de emergencia económica)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Efectos de la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económicaCon la sentencia, la sala ordenó que “los impuestos directos que fueron modificados o se hayan causado mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos no sean objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la DIAN, y que se devuelvan los que se hayan pagado anticipadamente”.Asimismo, indicó que “los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario”.Por último, pidió mantener “incólumes las situaciones jurídicas consolidadas respecto de los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios previstos en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 mientras este produjo efectos”.Estos aplicaban a quienes tuvieran mora al 31 de diciembre de 2025 y a las obligaciones tributarias del sector aduanero y cambiario, y con la decisión del alto tribunal deben mantenerse.El Ministerio de Hacienda le había informado a la Corte Constitucional que el recaudo por concepto de beneficios es de 1,63 billones de pesos.Existe otro decreto, el 0044 de 2026, que contempla medidas "para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica" en el marco del estado de emergencia, con mayor influencia en la región Caribe, por lo que plantea la creación de una contribución parafiscal transitoria y una contraprestación tributaria en energía. La Corte también deberá analizarlo y se prevé que tome la misma decisión. (Lea también: Corte suspende decreto de impuesto a generadoras de energía al amparo de la emergencia económica)Al tumbar a comienzos de abril el decreto madre de la emergencia económica, la Corte Constitucional concluyó que este “no cumplió con los requisitos de la Constitución, la Ley Estatutaria de Justicia y la jurisprudencia constitucional” y encontró que las causales mencionadas no fueron bien sustentadas.NOTICIAS CARACOL
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 de la emergencia económica, que gravaba con impuestos a las generadoras de energía. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto. (Lea también: Corte Constitucional suspende de manera provisional decreto de emergencia económica, ¿qué implica?)El alto tribunal ya había suspendido el decreto madre y el relacionado con impuestos para el alcohol y el cigarrillo.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué buscaba este decreto?Se enmarca dentro de la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional y buscaba establecer nuevas cargas impositivas para las generadoras de energía eléctrica con el fin de solventar la crisis financiera que atraviesa el sector, especialmente en regiones críticas como la costa Caribe.El decreto establecía la creación de una contribución parafiscal del 2,5%, la cual recaía directamente sobre las empresas generadoras de energía. Con este mecanismo, el Gobierno Nacional proyectaba recaudar una suma cercana a los 300.000 millones de pesos, recursos que estarían destinados a financiar las medidas de la emergencia económica.Según el cronograma que se había estipulado, las empresas del sector debían realizar un primer pago durante el mes de febrero del 1,25%, seguido de un segundo desembolso en el mes de mayo por el mismo valor.Sin embargo, la reciente decisión del alto tribunal detiene de manera inmediata estos cobros hasta que se realice un estudio de fondo sobre la legalidad de la norma.Además de la carga impositiva, el decreto suspendido incluía una disposición técnica de gran impacto para el mercado energético: las hidroeléctricas estaban obligadas a entregar el 12% de su energía a las empresas que han sido objeto de intervención por parte del gobierno. Esta medida buscaba aliviar la presión sobre las comercializadoras y distribuidores que enfrentan dificultades operativas, pero ahora queda sin efecto de forma temporal.Esta suspensión provisional no es un hecho aislado. La Corte Constitucional ya ha tomado medidas similares frente a otras medidas del Ejecutivo para crear gravámenes bajo el amparo de la emergencia económica. Entre los antecedentes mencionados se encuentra la suspensión de impuestos previamente propuestos, como el IVA a los licores y una contribución parafiscal dirigida específicamente al sector bancario.La noticia ha sido recibida con especial atención por las generadoras de energía, quienes se encontraban a la expectativa de este pronunciamiento oficial, dado que los plazos para el primer pago de la contribución del 2,5% se cumplían en los primeros días de febrero. Para estas empresas, la decisión representa un alivio financiero inmediato, aunque la incertidumbre persiste mientras la Corte estudia la constitucionalidad integral de la emergencia.Uno de los puntos más sensibles que rodea esta batalla jurídica es la situación en la región Caribe. Actualmente, la empresa Air-e, una de las entidades intervenidas por el Estado, atraviesa uno de los mayores déficits financieros del sector, lo que ha puesto en riesgo el suministro de energía para millones de ciudadanos en esta zona del país. El Gobierno argumentaba que el recaudo de los 300.000 millones de pesos y la entrega del 12% de energía por parte de las hidroeléctricas eran herramientas necesarias para mitigar esta crisis. No obstante, ante la falta de una fecha estimada para una decisión de fondo por parte de la Corte, el futuro de la financiación para la crisis energética en la costa permanece en el aire.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Mientras la Corte Constitucional estudia si suspende provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno nacional, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se estaría contemplando prorrogar la medida.En una entrevista dada a conocer por La FM, el alto funcionario manifestó que “ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla atender. Estamos trabajando en la prórroga de la emergencia económica”. (Lea también: ¿Cuáles son las medidas e impuestos impuestos con la emergencia económica)(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Por qué quieren prorrogar la emergencia económica?Según la declaración de Ávila, "la primera declaratoria de emergencia económica se emitió para atender las dificultades que surgieron luego de la caída de la ley de financiamiento. Posteriormente, adoptamos un decreto con medidas tributarias para incrementar los ingresos y un segundo decreto para garantizar la estabilidad de las distribuidoras de energía en la costa y atender derechos fundamentales, como la protección de personas frente a amenazas excepcionales".El Gobierno busca recaudar 16 billones de pesos, que era lo que pretendía con la reforma tributaria o ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. Sin embargo, con la emergencia económica no se conseguiría la totalidad de esa suma, por lo que el ministro de Hacienda dijo que "estamos estudiando la posibilidad de algunas otras medidas que nos aseguren completar ese faltante de recursos porque, además, lo que no se logre garantizar a través de nuevos recursos tributarios, nos implicaría necesariamente una reducción presupuestaria".A la Corte Constitucional han llegado más de 300 peticiones para suspender la emergencia económica y el presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, solicitó a la sala plena que así lo haga.La razón es para que se valore si los efectos de la medida pueden resultar irreversibles y atentar contra la Constitución.Varios gobernadores han rechazado el decreto de emergencia económica, en particular por el aumento en el impuesto al consumo y al IVA del 5 al 19% para el tabaco y los licores, exceptuando la cerveza.“Nosotros, los mandatarios regionales y todos los colombianos, quedamos en manos de la Corte Constitucional”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien insistió en que va a solicitar “excepción de inconstitucionalidad” para no acatar la medida del Gobierno. (Lea también: Sin acuerdo acabó reunión entre gobernadores y Gobierno nacional para hablar de emergencia económica)En caso de que la Corte Constitucional fallara en contra de la emergencia económica, el ministro Ávila expresó que "contaremos con opciones alternativas".NOTICIAS CARACOL
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió a la sala plena del alto tribunal suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro.La petición se hace para que se valore si los efectos de la medida pueden resultar irreversibles y atentar contra la Constitución.El magistrado ponente, Carlos Camargo, ha recibido más de 300 solicitudes para que se suspenda la emergencia económica. Estudiará el caso y expondrá su decisión una vez finalice el recaudo de pruebas, lo cual se da este miércoles 21 de enero en la tarde.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Varios gobernadores han rechazado el decreto de emergencia económicaLos mandatarios departamentales han cuestionado el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 % para el tabaco y los licores, exceptuando la cerveza. (Lea también: Gobierno defiende el aumento de impuestos al alcohol y tabaco en decreto de emergencia económica)Aunque se reunieron hace unos días con los ministros de Hacienda y del Interior para expresar sus reparos frente al decreto de emergencia económica, el encuentro terminó sin acuerdos.“No hubo humo blanco, solo humo como nos tiene acostumbrados este gobierno. Nosotros, los mandatarios regionales y todos los colombianos, quedamos en manos de la Corte Constitucional”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien insistió en que va a solicitar “excepción de inconstitucionalidad” para no acatar las medidas del Gobierno.En medio de la reunión, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó que lo que estaban haciendo era reclamar “los derechos que tenemos constitucionales en nuestras regiones, porque somos las que estamos viviendo la problemática en seguridad, en salud”.Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que a los gobernadores “les toca aplicar el decreto, tienen que aplicarlo”.Entretanto, el Senado citó a debate de control político a todos los ministros del presidente Gustavo Petro para que “rindan informe ante la Plenaria del Senado sobre el Estado de Emergencia Económica y Social”, así como “por la venta de bonos (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero”. (Lea también: ¿Cuáles son las medidas e impuestos que se impondrán con la emergencia económica)“Es necesario que el país conozca las motivaciones detrás de estas inéditas medidas que no solo pondrán en riesgo la estabilidad económica, sino que no resolverán los problemas de caja de una Nación necesitada de un ambicioso paquete de recortes (especialmente en materia de gastos de funcionamiento), no de nuevos incrementos de impuestos, ampliación de la base gravable, recaudo o venta de (TES)”, añadió en su comunicado.Sobre este último punto, el Congreso indicó que “debe evaluar si dicha operación respondió a criterios de necesidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, o si, por el contrario, evidencia fallas de planeación, manejo inadecuado de la liquidez pública o decisiones discrecionales que pudieron incidir en la necesidad de acudir a un mecanismo excepcional como el estado de emergencia”.El debate de control político se realizará el próximo martes 27 de enero, a las 10:00 a.m.NOTICIAS CARACOL
Sin acuerdo sobre el decreto de emergencia económica terminó la reunión entre gobernadores y el Ejecutivo que se adelantó en el Ministerio de Hacienda. Aunque el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti, afirmó que “se acaba la discordia o enfrentamiento que había”, mandatarios regionales como Dilian Francisca Toro y Andrés Julián Rendón dijeron lo contrario. (Lea también: Gobierno defiende el aumento de impuestos al alcohol y tabaco en decreto de emergencia económica)Los gobernadores cuestionan particularmente el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 % para el tabaco y los licores, exceptuando la cerveza. (Lea también: Gobierno revela cuáles son las medidas e impuestos que se impondrán con la emergencia económica)"Esto es un retroceso a lo que habíamos trabajado el año pasado en el Congreso, que era aumentar, dejar la descentralización y que los recursos lleguen a los departamentos", expresó en su momento Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué dijo el Gobierno nacional sobre el encuentro con gobernadores?Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, “se acaba la discordia o enfrentamiento que había”.Aseguró que “hay acuerdo en los problemas que hay” y el primero es en que “si estos impuestos afectan la recaudación para el presupuesto. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, la nación asume lo que haga falta”.“Ellos dicen que pierden autonomía, eso no es así, primero porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 de 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos”, agregó.Y señaló que el gobierno “tiene que actuar más contra el contrabando”.Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda se señaló que “los gobernadores reconocieron la buena voluntad del gobierno” y “la disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo”.Dijo que habrá una nueva reunión y en la actual se propuso “control al contrabando, salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitacion, UPC, al régimen subsidiado”.Entretanto, Benedetti dijo que a los gobernadores “les toca aplicar el decreto, tienen que aplicarlo”.“No hubo humo blanco”, según gobernador de AntioquiaAndrés Julián Rendón, que llegó retrasado al encuentro, afirmó que “esta fue una reunión para una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”.“No hubo humo blanco, solo humo como nos tiene acostumbrados este gobierno. Nosotros, los mandatarios regionales y todos los colombianos, quedamos en manos de la Corte Constitucional. Antioquia particularmente va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad”, dijo.Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, consideró “que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto; decir que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada y con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas. Que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darles la posibilidad a nuestros ciudadanos de nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”.Durante la reunión, les dejó claro a los ministros que “no vinimos a pelear”, sino que estaban “reclamando los derechos que tenemos constitucionales en nuestras regiones, porque somos las que estamos viviendo la problemática en seguridad, en salud”.NOTICIAS CARACOL
Tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FDN), 20 gobernadores anunciaron que no acatarán el decreto de emergencia económica y para ello evalúan invocar la excepción de inconstitucionalidad. (Lea también: Estas son las medidas e impuestos que se impondrán con la emergencia económica)En Noticias Caracol en vivo, el exmagistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto explicó que esta figura en Colombia puede ser usada por “cualquier funcionario público, cualquier juez, cuando encuentre que debe tomar una decisión basado en una ley que es manifiestamente contraria a la Constitución, puede dejar de hacerlo, para evitar alcaldadas, arbitrariedades, decisiones del legislador que son contrarias a la Constitución”.Sin embargo, para el exsenador Humberto de la Calle, invocar la excepción de inconstitucionalidad “significa el caos, ‘no respeto decisiones de un gobierno y me abstengo de cumplirlas porque yo, por mí y ante mí resuelvo decir que son inconstitucionales’”.“Ese camino de los gobernadores es absolutamente nocivo y reprochable, pero advierto que el culpable inicial de este desorden es el Gobierno del doctor (Gustavo) Petro”, agregó.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Según De la Calle, en Colombia hay dos sistemas de control constitucional: “Por un lado, va la corte resolviendo”, y por el otro está la excepción de inconstitucionalidad en la que “un gobernador, un ciudadano o un juez” está decidiendo, “esa es la combinación mala y eso es demasiado, no es normal”.Insistió en que “lo paradójico es que esa fórmula de la excepción de inconstitucionalidad” surgió del “propio gobierno a raíz del llamado decretazo”.“Algo que venía en Colombia hace un siglo, que estaba tranquilito y dormido, el Gobierno de Gustavo Petro pateó el avispero, generó esto que recogen los gobernadores y que tiene un riesgo de caos, de anarquía”, dijo.Pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó a los gobernadores y afirmó que “si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley”.Frente a esta declaración, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón recordó “que este instrumento fue utilizado, fue invocado también por el Gobierno nacional cuando quiso sacar adelante su decreto de consulta popular. No entendemos por eso por qué ahora les molesta tanto que nosotros, para defender nuestros intereses y el ordenamiento jurídico de Colombia, lo invoquemos”.Por eso insistió en invocar la excepción de inconstitucionalidad para abstenerse “de darle trámite a normas que son claramente contrarias a la Constitución, que son desproporcionadas y que afectan, como en este caso, gravosamente las finanzas de los departamentos”.El Ministerio de Hacienda convocó a los gobernadores a una mesa de trabajo para aclarar las inquietudes sobre el decreto de emergencia económica.Fallas de la emergencia económicaSobre el decreto emitido por el Gobierno nacional, De la Calle reiteró lo expresado en semanas anteriores, cuando salió el documento: “Si uno mira la motivación del decreto de emergencia ahí no hay nada imprevisto, súbito, que nos coja por sorpresa. Esto no es como que se nos desborda un río o explota el volcán del Ruiz. Solo hay dos cositas allí que sí pueden ser súbitas”.Pero consideró que es aún “más grave” el que se utilice “la emergencia para anular decisiones del Congreso en su competencia”, cuando este decidió tumbar la ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria. “Eso viola en su esencia el Estado de Derecho y la separación de poderes”.El exvicepresidente subrayó que “lo que han ideado los gobernadores es un muy mal ejemplo para los colombianos porque entonces vamos a terminar en que aquí, todo el que se le dé la gana va a decir ‘esa norma es inconstitucional a mi juicio y no la cumplo’, y eso suena a anarquía”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
En una rueda de prensa, en la que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló sobre el incremento del 23% del salario mínimo para 2026, también habló el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien informó qué impuestos y medidas se impondrán con el decreto de emergencia económica. (Lea también: Corte Constitucional revisará decreto de emergencia económica cuando termine su vacancia)Según él, la medida del Gobierno se tomó luego de que en el Legislativo se aprobara “el presupuesto y posteriormente un núcleo muy pequeño de senadores en la comisión IV del Senado deciden hundir algo que el mismo Congreso en sus plenarias había aprobado”, refiriéndose a la Ley de Financiamiento o reforma tributaria”.“Esta decisión irresponsable coloca al Gobierno en una situación de desfinanciación, que se repite por segundo año, y que crea una situación de desequilibrio y riesgo macroeconómico el cual debe ser resuelto y superado”, agregó.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Para qué usarán los recursos de la emergencia económica?El ministro Ávila dijo que se necesitan 3,3 billones de pesos para la UPC para cumplir con el auto de la Corte Constitucional.También se requiere dinero para reforzar la seguridad en Colombia, como la “dotación de sistemas antidrones que requiere la fuerza pública”.“Existe, producto de la coyuntura electoral, riesgos sobre un conjunto de sectores políticos”, agregó, recordando el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, por lo que se debe ampliar la protección durante las elecciones y a líderes sociales y de derechos humanos, lo que representa 3,7 billones de pesos.Otros factores para decretar la emergencia económica tienen que ver con desastres naturales y la ola invernal, “como el terremoto en Paratebueno”, dijo el ministro de Hacienda.¿Qué impuestos se impondrán con la emergencia económica?Renta y patrimonioIncremento a la tarifa del impuesto al patrimonio, que se aplicaba a quienes tenían un patrimonio superior a los 3.600 millones de pesos, pero ahora se aplicará a quienes tengan un patrimonio de 2.000 millones de pesos, con un incremento porcentual hasta del 5%, lo que impactaría a 102.000 contribuyentes en Colombia para recaudar 1,7 billones de pesos.Incremento al impuesto al sector financiero, cuya tarifa efectiva subiría “a cerca del 24%”, dijo el ministro.Incremento al impuesto de normalización de patrimonios que no han sido legalizados, que tienen una tarifa del 19%. Se espera recaudar 3,6 billones de pesos.IVAJuegos de suerte y azar, 19%.Licores, 19%, que incluye todas las bebidas con alto contenido alcohólico, excluyendo la cerveza “por el alto consumo social que tiene”, señaló Ávila.Impuesto para el consumo de licores y tabaco, 19%.Impuesto al sector de extracción de petróleo, crudo y carbón en la primera venta o exportación. No se deducirán las regalías. Esto garantizaría 3,2 billones de pesos adicionales.“No se toca ningún producto de la canasta familiar, no se toca a los sectores económicos de estratos medios o bajos, solamente estamos tocando a un pequeño núcleo de contribuyentes que tienen altos ingresos y altos patrimonios”, recalcó el ministro de Hacienda.Otras medidas que contempla el Gobierno, además de la emergencia económica“Que los fondos de pensiones devuelvan al país las inversiones que han hecho en el extranjero. Tenemos cerca de 250 billones de pesos. (…) Creemos que esto hay que revertirlo”, informó Ávila.Añadió que “aún hay una necesidad potencial de recorte del presupuesto, puesto que no se están cubriendo la totalidad de los recursos que son necesarios para lograr el presupuesto nacional”.Por eso se contempla “un aplazamiento en algunos de los proyectos viales que están hoy en marcha y que infortunadamente nos han congelado un volumen importante de recursos”.El ministro de Hacienda dijo que el Ejecutivo está preocupado por el “proyecto Mulaló-Loboguerrero, proyecto que está estancado hace cerca de 12 años, un proyecto que mantiene cerca de 2,4 billones de pesos depositados en una fiduciaria” y que “perfectamente nos podrían resolver casi la mitad de las necesidades de recursos adicionales que tiene el Gobierno”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
Los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron este martes 23 de diciembre para analizar si realizarían sesiones extraordinarias para revisar el decreto de emergencia económica firmado por el Gobierno Nacional. Tras el encuentro, informaron que iniciarán el proceso cuando culmine su periodo de vacancia, que finaliza el 13 de enero de 2026. (Lea también: ¿Qué implica la declaración de emergencia económica? Puntos claves del decreto)La Administración de Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica por 30 días. El ministro de Hacienda manifestó que una de las razones para la medida tenía que ver con el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento en el Congreso, que buscaba aliviar el hueco fiscal de 16 billones de pesos para el presupuesto de 2026.También argumentó estos otros puntos:Obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud.Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público y protección por agravamiento del riesgo por atentados a lideres sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones.Desastres naturales causados por la actual ola invernal.Desastre Nacional por cambio climático y sus efectos.Sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago.Obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios le servicios públicos eléctricos y combustibles) y contractual (vigencias futuras) adquiridas antes del presente gobierno que se encontraban pendientes de pago y que deben pagarse en su totalidad.Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los EE. UU.Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué impuestos habría con la emergencia económica?Incluiría un IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea, un impuesto del 1% para la extracción del carbón, un impuesto al patrimonio, un incremento en la contribución por ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina. Además, el 4x1.000 pasaría a 5x1.000.José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, dijo que la emergencia económica decretada “no cumple el requisito fundamental”, ya que debe darse por “un hecho inesperado y de gran importancia”, pero factores como la no aprobación de la ley de financiamiento eran hechos esperados.El expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla se pronunció de forma similar, señalando que no puede hacerse esta declaratoria porque “no estamos ante una emergencia. La emergencia es algo que sucede intempestivamente, que no se espera, y esto está previsto desde hace mucho tiempo”. (Lea también: ¿Por qué expertos dicen que emergencia económica no es constitucional?)Corte Constitucional explicó por qué no harán sesiones extraordinariasAl alto tribunal recordó que “los artículos 212 a 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994 regulan los estados de excepción con motivo de la perturbación o amenaza de alteración del orden público (político, económico, social o ecológico o la ocurrencia de una grave calamidad pública) y las facultades del gobierno para declararlos y adoptar las medidas legislativas encaminadas a restablecerlo. Las citadas normas prevén el control automático de constitucionalidad a cargo de la Corte el cual debe ser ejercido en los estrictos y precisos términos previstos en los artículos 241 a 243 de la Constitución, en el Decreto 2067 de 1991 y en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia”.No obstante, señaló que “el control judicial de constitucionalidad debe cumplirse igualmente teniendo en cuenta las reglas que definen la organización y el funcionamiento de los despachos judiciales en garantía de los derechos de audiencia, acceso a la administración de justicia y el debido proceso, entre otros, y la aplicación estricta de todos los principios que orientan el ejercicio de la función judicial”. Esto incluye “la determinación legal estatutaria vigente sobre la vacancia judicial”.Por lo anterior, señala que “la Corte avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”.NOTICIAS CARACOL
Tal como lo había anunciado, el gobierno de Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica en Colombia por 30 días, y ahora se espera que se expidan los decretos de los impuestos que se aplicarán durante la medida. Este estado de excepción, según explicó el Ministerio de Hacienda, se aplicó debido a que, entre otras cosas, no se aprobó la reforma tributaria o Ley de financiamiento en el Congreso, que buscaba aliviar el hueco fiscal de 16 billones de pesos para el presupuesto del próximo año. El decreto para declarar la emergencia económica, desde la semana pasada, fue firmado por todos los ministros de Petro y por el Jefe de Estado. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, se trata de una medida que se aplica cuando se presentan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social, o que constituyan una calamidad pública. Además, le otorga facultades excepcionales al Presidente para legislar por decretos y adoptar medidas urgentes. La emergencia económica se aplica por periodos de 30 días, que pueden ser prorrogados con aprobación del Congreso. Esta figura excepcional, según la página web del Ministerio de Hacienda, también permite al Estado "ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar de manera más flexible el presupuesto, redirigir recursos hacia áreas que requieren atención inmediata y garantizar los programas sociales".¿Por qué se decidió declarar emergencia económica?El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha explicado que la negativa del Congreso con respecto a la Ley de financiamiento generó un hueco fiscal significativo, lo que obligó a "buscar mecanismos alternativos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de programas sociales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026".Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en Noticias Caracol en vivo que "una ley de financiamiento es para pagar la deuda externa. Al no haberse aprobado esa ley, automáticamente el riesgo del país aumenta ante las entidades financieras internacionales. Eso hace que los bonos se suban y por lo tanto los intereses se vayan a subir. Con ese resultado entonces habría que recortar algunos gastos como son, por ejemplo, las 4G o las megaobras públicas". Esto, según él, se suma a "las situaciones de orden público", que requieren inversiones de alrededor de 1,6 billones de pesos para "cubrir el cielo de los antidrones, de los ataques que están haciendo, y que se prevé que pueden ser peores". El decreto enlistó las siguientes razones para declarar emergencia económica: Obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud.Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público y protección por agravamiento del riesgo por atentados a lideres sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones. No aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16.3 billones).Desastres naturales causados por la actual ola invernal.Desastre Nacional por cambio climático y sus efectos.Sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago.Obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios le servicios públicos eléctricos y combustibles) y contractual (vigencias futuras) adquiridas antes del presente gobierno que se encontraban pendientes de pago y que deben pagarse en su totalidad.Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los EE. UU.Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación. ¿Qué nuevos impuestos se aplicarían?El Gobierno ha anunciado que la emergencia económica incluiría un IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea. También, un impuesto del 1% para la extracción del carbón. Asimismo, contemplaría un impuesto al patrimonio, un incremento en la contribución por ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina.Se ha hablado, de igual manera, del 5x1000, que es el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF). Por lo tanto, las personas que posean una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera pasarían a pagar 5 pesos por cada movimiento de 1.000 pesos, en vez de 4, como funciona actualmente. ¿Qué opinan los expertos de la emergencia económica?El decreto está siendo evaluado por la Corte Constitucional y convoca al Congreso para que se realice control político diez días después de que termine la medida. Sin embargo, varios expertos, entre ellos exministros de Hacienda, han mencionado que el estado de excepción planteado por el Gobierno sería inconstitucional. Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla señaló que no puede hacerse esta declaratoria porque “no estamos ante una emergencia. La emergencia es algo que sucede intempestivamente, que no se espera, y esto está previsto desde hace mucho tiempo”.Asimismo, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, indicó que la emergencia “no cumple el requisito fundamental”, ya que debe decretarse por “un hecho inesperado y de gran importancia”. Añadió que “sobreviniente es un hecho inesperado", pero factores como la no aprobación de la Ley de financiamiento eran hechos esperados. Entretanto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “es una situación por fuera de toda la ley, por fuera de la Constitución, que nos termina generando una preocupación de la arbitrariedad que implica, del autoritarismo que trae detrás de la forma como se está excediendo el Ejecutivo en sus funciones y cómo se está excediendo el Ejecutivo por encima de lo que el Congreso ya decidió”.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El Gobierno anunció la declaratoria de la emergencia económica luego de que se hundiera en el Congreso la reforma tributaria o ley de financiamiento, con la que buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos a través de la imposición de varios impuestos.Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el decreto ya habría sido firmado por todos los miembros del gabinete y el que hizo el anuncio de la emergencia económica, Germán Ávila Plazas, dijo en su momento que se buscarán establecer “las medidas tributarias, (para que) podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República”.¿Qué es la emergencia económica?De acuerdo con el Gobierno nacional, esta “se declara mediante un Decreto Legislativo firmado por el Presidente y todos sus ministros, cuando hay hechos graves e inminentes que perturban el orden económico, social y ecológico, otorgándole facultades excepcionales para legislar por decretos y adoptar medidas urgentes. La medida se aplica por periodos de 30 días, que pueden ser prorrogados con aprobación del Congreso”.Varios expertos consultados por Noticias Caracol, como el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, señalan que no puede hacerse esta declaratoria porque “no estamos ante una emergencia. La emergencia es algo que sucede intempestivamente, que no se espera, y esto está previsto desde hace mucho tiempo”.Para el exmagistrado, “convocar a una situación excepcional como es la emergencia económica cuando está suspendida temporalmente la acción de la Corte Constitucional es verdaderamente tramposo. Es una cuestión que evidentemente muestra una vez más la tendencia que hay en este Gobierno a desconocer la separación de poderes y a pasar por alto de las funciones que son del Congreso. Ya el Congreso se pronunció, ese pronunciamiento tiene que ser respetado”.Insistió en que “tenía que haberse previsto con mucha anterioridad para que no se hable mentirosamente de una emergencia, de algo que se veía venir. No es algo que sobreviene intempestivamente, sino algo que era esperado y ha debido precaverse por los órganos del Gobierno oportunamente”.Por eso sugirió que “lo que debe hacer el Gobierno, evidentemente, es disminuir los gastos, es tratar de evitar que se erogue tanto dinero en forma irresponsable, en forma ligera y verdaderamente reconocerse como simplemente un poder dentro de las ramas de la Nación y no como un todopoderoso”.José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, coincidió en que la emergencia “no cumple el requisito fundamental”, ya que debe decretarse por “un hecho inesperado y de gran importancia”. Añadió que “sobreviniente es un hecho inesperado, pero este es un hecho esperado”.Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “es una situación por fuera de toda la ley, por fuera de la Constitución, que nos termina generando una preocupación de la arbitrariedad que implica, del autoritarismo que trae detrás de la forma como se está excediendo el Ejecutivo en sus funciones y cómo se está excediendo el Ejecutivo por encima de lo que el Congreso ya decidió”.Añadió que la decisión de declarar emergencia económica cuando el Consejo de Estado y la Corte Constitucional están en vacancia “resulta siendo sospechoso y quizá, yo me atrevería a decir, incluso tramposo”.Impuesto del 5x1.000El ministro del Interior dio en Noticias Caracol algunas puntadas de qué podría contener la emergencia y cuáles serían los nuevos impuestos: “Yo le puedo decir por ahora, por encima, que es a las entidades financieras que prestan, también a los juegos de suerte de azar, a los licores con alto grado de alcohol, al 4x1.000 pasarlo al 5x1.000”.Mac Master recordó las declaraciones de Petro cuando fue senador, “que criticaba el 4x1.000, y lo criticaba muy fuertemente porque decía que les pegaba a los hogares colombianos, que afectaba a los hogares colombianos, que iba en contra de la canasta familiar, que iba en contra de las personas y los hogares más vulnerables. Y resulta que ahora no solamente mantiene el 4x1.000, sino que además intenta subirlo en un punto más. Esto significa que le va a terminar cobrando a los hogares colombianos más de 2 billones de pesos adicionales solo por las transacciones que hagan con sus tarjetas, con que hagan a través del sistema financiero, las transacciones que hagan a través de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro; afecta también todas las compras y todos los créditos que se puedan dar. La verdad es que termina siendo muy inconsistente, muy incoherente, tremendamente regresivo en términos de afectar a una gran cantidad de colombianos. Sorprende muchísimo esa actitud de este Gobierno”.NOTICIAS CARACOL
La mañana del 2 de mayo de 2002 quedó grabada en la memoria de los habitantes de Bojayá. En medio de los combates entre las antiguas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia de Bellavista, donde cientos de personas buscaban refugio ante los enfrentamientos. El ataque dejó decenas de personas fallecidas y provocó el desplazamiento de miles de habitantes del municipio. La iglesia, que había sido considerada un lugar seguro para quienes intentaban protegerse de la violencia, terminó convertida en el escenario de una de las mayores tragedias humanitarias del conflicto armado colombiano.Ahora, a 24 años de uno de los episodios más graves del conflicto armado en Colombia, el Gobierno pidió perdón a las víctimas durante un acto realizado en el antiguo centro poblado de Bellavista. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que las instituciones del Estado tenían información previa sobre el riesgo que enfrentaba la población, pero la respuesta no fue suficiente para evitar lo ocurrido. "Este crimen debe nombrarse con absoluta claridad: fue un acto atroz, injustificable y contrario al derecho internacional humanitario, a la dignidad humana y a los principios más elementales de la convivencia". (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El testimonio del sacerdote que vivió la masacre dentro de la iglesiaUno de los testimonios que volvió a poner rostro a lo ocurrido fue el del sacerdote Antún Ramos, quien se encontraba dentro de la iglesia cuando ocurrió la explosión. El religioso recordó que durante esos días cientos de personas llegaron al templo buscando protección. Según explicó, el lugar estaba diseñado para recibir aproximadamente a un centenar de personas, pero terminó albergando entre 600 y 700 habitantes que huían de los combates."Era una iglesia donde habitualmente cabían unas 100 personas y de un momento a otro llegan 600 o 700. Había que organizar la comida, la atención a los niños, a los ancianos y buscar la manera de mantener la calma", relató Ramos. El sacerdote explicó que, ante la falta de espacio, ubicaron a algunos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en una zona del templo que consideraban más protegida. Fue precisamente allí donde cayó el artefacto lanzado durante el enfrentamiento entre los grupos armados."Por la cantidad de personas que había, ubicamos a los niños y a algunas mujeres en embarazo en la parte más alta del templo. Fue ahí donde cayó la pipeta", recordó. Tras la explosión, Ramos resultó herido en un pie y en la cabeza. Durante varios segundos perdió el conocimiento, pero posteriormente comenzó a ayudar a trasladar a los heridos hacia la casa de las hermanas agustinas, donde había personas con conocimientos médicos. El sacerdote también recordó que los combates continuaron incluso después de la explosión y que las personas que intentaban auxiliar a las víctimas quedaron nuevamente expuestas al fuego cruzado."Esperábamos que el Ejército protegiera a toda una población"Para Antún Ramos, el reconocimiento realizado por el Estado representa un paso importante para las comunidades, aunque considera que debe estar acompañado de mayores acciones tras una tragedia que, según él, se pudo evitar. "Nosotros hicimos alertas tempranas y esperábamos que el Ejército protegiera a una población que estaba en peligro. No ocurrió y ahí están las consecuencias”, señaló.Según Ramos, la responsabilidad no solo debe analizarse desde quienes participaron directamente en el ataque, sino también desde las instituciones que tenían la obligación de proteger a los civiles. "Ellos hicieron un acto de perdón, pero tiene que acompañarse de compromiso y de acciones. Ese tema no nos corresponde, pero seguimos esperando también que los actores de lado y lado reconozcan lo que hicieron. Quienes lanzaron la pipeta tienen responsabilidad, así como también el Estado la tiene por no haber actuado; por permitir ciertas cosas como permitir el paso de este grupo por nuestro territorio. Te hace cómplice". Bojayá sigue enfrentando las consecuencias del conflicto armadoAunque han pasado más de dos décadas desde la masacre, las comunidades del Chocó aseguran que la violencia no ha desaparecido. El sacerdote explicó que actualmente varios territorios continúan afectados por la presencia de grupos armados, con situaciones de confinamiento, restricciones para movilizarse y dificultades para realizar actividades cotidianas."Las consecuencias de la guerra las reciben las recibimos nosotros, los campesinos que vivimos en esta zona. Quienes recibimos las atrocidades de la guerra somos los campesinos en el día a día, los que vivimos en territorio". Ante este panorama, Ramos insistió en que espera que el nuevo gobierno "tenga la noción de dialogar con la contraparte, con el enemigo para construir paz, hermandad y fraternidad".La masacre dejó más de 102 personas fallecidas, entre ellas 48 niñas, niños y adolescentes. Las autoridades indicaron que 86 víctimas pudieron ser identificadas y entregadas posteriormente a sus familiares para recibir una sepultura digna. No obstante, seis personas continúan desaparecidas y aún existe un menor de edad que no ha podido ser plenamente identificado. Además de las víctimas mortales, al menos 159 personas sufrieron lesiones físicas y afectaciones psicológicas que continúan impactando sus vidas más de dos décadas después de los hechos.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
Hoy, domingo 12 de julio de 2026, la atención de una gran parte de la población en Colombia, y de manera muy especial en el departamento del Valle del Cauca, se concentra en el desarrollo de los sorteos de azar que marcan el ritmo de la jornada. El Chontico Noche se posiciona como uno de los eventos más esperados del día, generando una atmósfera de alta expectativa entre los apostadores que buscan una oportunidad para cambiar su suerte a través de los números.Este juego, que goza de una profunda tradición en la región, se transmite habitualmente por el canal Telepacífico, permitiendo que miles de ciudadanos sigan en directo el destino de sus apuestas. EMientras la incertidumbre reina en la versión nocturna, el ciclo diario del juego ya cuenta con la información del Chontico Día, lo que mantiene el flujo de actividad constante entre los seguidores de esta modalidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Resultados Chontico Noche 12 de julio de 2026El sorteo de esta noche se encuentra bajo la supervisión de los delegados de la Lotería del Valle para garantizar su transparencia. Los datos oficiales para hoy son:Números ganadores: Quinta cifra: ¿Cómo jugar Chontico Noche?Para participar en este sorteo, el apostador tiene la tarea fundamental de seleccionar un número compuesto por cuatro cifras. El proceso de elección es totalmente flexible, ya que el jugador puede dictar sus números de preferencia basándose en fechas especiales o cábalas personales, o bien, puede solicitar que el sistema del punto de venta autorizado genere una combinación de manera aleatoria.Durante el evento oficial, se extraen cuatro dígitos individuales, cada uno comprendido en el rango del 0 al 9. La clave para alcanzar el éxito y obtener el premio mayor reside en el orden exacto de estos números. El participante gana la recompensa principal si logra acertar las cuatro cifras en la posición precisa en que son sorteadas. No obstante, el juego ofrece múltiples niveles de satisfacción, ya que también existen premios menores para aquellos que coinciden con tres, dos o incluso una sola cifra, dependiendo siempre de la modalidad específica de la apuesta realizada¿Cuánto cuesta Chontico Noche?Una de las razones primordiales de la popularidad de este juego es su accesibilidad económica. El costo de jugar Chontico Noche no es una tarifa fija, sino que varía según el monto que el propio usuario desea apostar. En términos generales, el chance permite realizar apuestas desde valores bajos, lo que lo convierte en una opción frecuente para la mayoría de la población colombiana.La rentabilidad potencial es uno de sus mayores incentivos para el público. Por ejemplo, si una persona decide apostar una suma de $1.000 pesos, tiene la posibilidad de aspirar a ganar hasta 4.500 veces ese valor si acierta las cuatro cifras en el orden correcto. De este modo, el premio final es una cifra variable que se ajusta directamente a la cantidad apostada y al tipo de jugada que el participante elige ejecutar en su punto de venta.¿Qué días juega Chontico Noche?La constancia es un pilar fundamental de este sorteo, pues el Chontico Noche se juega todos los días del año, incluyendo sin excepción los domingos y los días festivos. Esta frecuencia diaria asegura que los apostadores tengan oportunidades constantes de probar su suerte, lo que aumenta significativamente la dinámica del juego en las distintas regiones del país.Los horarios de los sorteos presentan variaciones estratégicas según el día de la semana para adaptarse a las rutinas de la audiencia. De lunes a viernes, como ocurre hoy, el sorteo se realiza aproximadamente a las 7:00 de la noche. Los sábados, el evento suele efectuarse más tarde, hacia las 10:00 p. m., mientras que los días festivos la cita con la suerte se programa generalmente en un horario cercano a las 8:00 p. m..¿Qué hacer si se gana Chontico Noche?En el momento en que un jugador confirma que su número es el ganador, debe proceder con cautela y organización. El paso primordial es conservar el tiquete original, ya que este documento físico representa la única prueba válida y legal para reclamar cualquier tipo de premio. Sin el tiquete, no es posible iniciar el trámite de cobro ante las autoridades competentes.El ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado o a la entidad correspondiente para validar formalmente el resultado y gestionar el pago. El proceso suele ser ágil y eficiente, aunque los premios de mayor cuantía pueden requerir una verificación adicional por parte de los organizadores para garantizar la transparencia y legalidad. Los expertos recomiendan revisar siempre los resultados a través de los canales oficiales para evitar confusiones y asegurar la total autenticidad del premio obtenido.NOTICIAS CARACOL
Una conversación familiar, una experiencia en el colegio, un recuerdo del barrio, una historia inspirada en la imaginación o una reflexión sobre la realidad colombiana pueden convertirse en el punto de partida de un relato. Esa es la propuesta del Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz 2026, una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que busca promover la escritura como una herramienta para expresar ideas, compartir experiencias y fortalecer la cultura de paz.La convocatoria, abierta desde el pasado 21 de mayo, permanecerá habilitada hasta el próximo 17 de julio, luego de que la cartera de Educación decidiera ampliar el plazo inicialmente establecido. La medida permitirá que quienes aún trabajan en sus escritos dispongan de algunos días adicionales para finalizar sus textos y completar el proceso de inscripción.Según explicó el Ministerio, la extensión responde, entre otras razones, al periodo de vacaciones de muchas instituciones educativas del país, lo que dificultó que algunos estudiantes, docentes y familias alcanzaran a presentar sus propuestas dentro del cronograma inicial, por lo que la ampliación tiene el propósito de "ofrecer más oportunidades de participación a la comunidad educativa de todo el país". (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Quiénes pueden participar en el Concurso Nacional de Escritura?La convocatoria está dirigida a personas vinculadas con instituciones educativas y universidades del país, tanto públicas como privadas. Las categorías se organizan de acuerdo con la edad de los participantes. Las modalidades disponibles son las siguientes:Modalidad cuentoCategoría infantil: niñas y niños entre los 6 y los 13 años.Categoría juvenil: jóvenes entre los 14 y los 23 años.Categoría adultos: personas desde los 24 años.Modalidad ensayoCategoría juvenil: participantes entre los 14 y los 23 años.Categoría adultos: personas mayores de 24 años.En todos los casos, los textos deben ser originales, inéditos y ajustarse al límite establecido de 1.000 palabras.La paz como punto de partida para escribirEl Concurso Nacional de Escritura es una "estrategia pedagógica del Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas que promueve la escritura como una herramienta para la expresión, la reflexión crítica, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de memoria, identidad, convivencia y conocimiento". Los relatos pueden inspirarse en:Experiencias personales.Historias familiares.Relatos de comunidades o territorios.Narraciones de ficción.Actos de reconciliación.Procesos de convivencia.Acciones que transforman positivamente el entorno.Reflexiones sobre ciudadanía, respeto y diversidad.El propósito es que cada autor encuentre su propia voz para contar aquello que considera significativo dentro de su realidad o desde la imaginación.Los mejores escritos harán parte de una publicación nacionalUno de los principales incentivos del concurso será la selección de 40 obras, las cuales integrarán el libro digital Historias de Paz 2026. Además de la publicación, los autores de los textos seleccionados serán invitados al evento nacional de premiación que se realizará en Bogotá, donde recibirán un reconocimiento por su participación. Y como parte del proceso de acompañamiento, el Ministerio puso a disposición de los participantes una Caja de Herramientas, que reúne materiales como:Videos sobre escritura creativa.Pódcast.Guías pedagógicas.Material de consulta para desarrollar personajes, organizar argumentos y revisar los textos antes de enviarlos.Además, con motivo de la ampliación del plazo de inscripción, el concurso habilitó un ciclo adicional de las denominadas escribatones, encuentros virtuales en los que los participantes reciben orientación para fortalecer sus textos y completar correctamente el proceso de inscripción. Durante estas sesiones, el equipo pedagógico acompaña a los asistentes en aspectos relacionados con la organización de ideas, la revisión del contenido y el diligenciamiento del formulario de registro.Las escribatones se desarrollarán entre el 10 y el 17 de julio, en jornadas de 8:00 de la mañana a 9:30 de la mañana. Los interesados en participar en el concurso pueden hacerlo desde la página oficial del Ministerio de Educación. VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
El Mundial 2026 está que cierra el telón, y con ello, se aproxima una nueva temporada en el balompié internacional. Los focos volverán a centrarse en las principales ligas del ‘viejo continente’ y también en Sudamérica, y allí, algunos jugadores de la Selección Colombia son protagonistas en la ventana de transferencias que está en marcha.Si bien la ‘tricolor’ quedó eliminada en los octavos de final en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá a manos de Suiza en la tanda de los penaltis, varios futbolistas de la ‘tricolor’ tuvieron buen rendimiento en lo individual, lo que los llevó a ponerlos en la mira de clubes importantes.Incluso, algunos ya cambiaron de equipo para la campaña que se avecina, mientras que otros se encuentran como agentes libres, y unos, aún tienen tiempo para decidir si escuchan las ofertas correspondientes. Todo esto se gestó en medio de la disputa de la Copa del Mundo en Norteamérica.Por eso, en Gol Caracol le hacemos un recuento de los jugadores de la Selección Colombia que podrían cambiar de camiseta, de club, en este mercado de pases.Álvaro MonteroEl arquero guajiro, de 31 años, dejará Vélez Sarsfield para sumarse a Boca Juniors. Montero Perales presentará los exámenes médicos el martes 14 de julio, y de no presentar ningún inconveniente, será presentado como nuevo refuerzo del ‘xeneize’. En la prensa del sur del continente precisaron que el traspaso rondó los 4 millones de dólares por el total de su ficha.David OspinaEl arquero antioqueño quedó como agente libre tras culminar su vínculo con Atlético Nacional. De otro lado, aunque no ha confirmado un retiro inmediato del fútbol, Ospina Ramírez estaría evaluando esta posibilidad por la molestia que lo ha aquejado en el codo derecho, del cual fue operado cuando jugaba en el Al Nassr.Jhon Jáner LucumíEl defensor central fue uno de los destacados de la Selección Colombia en el Mundial 2026; despliegue físico y marcación, una de las cualidades evidenciadas. Aún le queda un año de contrato a Jhon Lucumí con Bolonia (junio 2027), pero ha estado en la carpeta de otros clubes en Italia como Inter de Milán y Juventus.De otro lado, el Nottingham Forest es el otro equipo que se ha mostrado interesado en el vallecaucano.Eso sí, Bolonia ha dejado su postura clara: no venderlo por menos de 25 millones de euros, se remiten a su cláusula de 28 millones de la moneda única.James RodríguezEl capitán de la Selección Colombia es otro de los agentes libres, esto tras concluir su contrato con el Minnesota United de la MLS.En los últimos rumores del mercado de pases, desde el ‘viejo continente’ precisaron que un equipo histórico de Europa está “monitoreando” a Rodríguez Rubio, lo está evaluando para fortalecer sus opciones en la ofensiva. El club en cuestión es la Lazio.Gustavo PuertaEl talentoso de La Victoria, Valle del Cauca, fue una de las gratas sorpresas del Mundial 2026, se ganó su lugar en el mediocampo de la Selección Colombia y fue la pareja perfecta para Jefferson Lerma.Actualmente, Gustavo Puerta milita en Racing de Santander, club que en la temporada que se avecina, jugará en la Primera División de España. No obstante, su excelente participación con la ‘tricolor’ en la cita orbital, lo puso en el foco de varios clubes."Gustavo Puerta cuesta 20 millones de euros, Racing no lo quiere vender pero si un club deposita esa cantidad, puede firmar por el conjunto que quiera. Es una cláusula de rescisión que tenemos aquí en España. Aunque después del Mundial que ha hecho, vale más que 20 millones de euros, pero es el máximo, y por contrato, Racing no puede sacar más dinero por él. Ya hay equipos interesados, es verdad que no hay ofertas formales, pero sí muchísimo interés de equipos de primer nivel y que disputan la Champions. Se ha hablado del Porto, pero también otros equipos en Italia y en España”, dijo Fran Díez, periodista de ‘Onda Cero’ en entrevista con Gol Caracol.
El brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez asumió el mando del Centro Nacional de Entrenamiento durante una ceremonia militar presidida por el Inspector del Ejército Nacional, en el Fuerte Militar de Tolemaida. Además, el alto mando institucional destacó la gestión del brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien durante cerca de un año fortaleció el entrenamiento operacional, el bienestar del personal, el deporte y la seguridad de esta guarnición militar, mediante la implementación de la plataforma SIGAP.El Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) es una de las unidades estratégicas más importantes para la preparación operacional de las Fuerzas Militares. En el marco de la ceremonia, el Inspector del Ejército destacó el liderazgo, compromiso y resultados alcanzados por el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien "impulsó importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del entrenamiento operacional, el bienestar del personal militar y sus familias, así como la promoción del deporte como eje fundamental para la preparación física de los hombres y mujeres de la institución".De igual manera, habló sobre el impacto de la implementación de la plataforma SIGAP, herramienta tecnológica que fortaleció los procesos de seguridad, identificación, control y trazabilidad de las personas y vehículos que ingresan y salen del Fuerte Militar de Tolemaida, consolidando a esta guarnición como una ciudad militar modelo.En ese sentido, el Inspector del Ejército anunció que el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres seguirá liderando el fortalecimiento de la formación, capacitación, entrenamiento y doctrina de los hombres y mujeres del Ejército Nacional. El nuevo comandante nació el 3 de mayo de 1974 en Yolombó, Antioquia. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova el 16 de febrero de 1993, y se graduó como subteniente el 1 de diciembre de 1994. Es oficial del Arma de Infantería y cuenta con una amplia trayectoria operacional, respaldada por cursos de combate como Lancero, Paracaidismo, Jefe de Salto y Procedimientos de Policía Militar.Su sólida formación académica incluye el título de Profesional en Ciencias Militares, Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales, Administración de Empresas, un Master of Science y tiene también una Maestría en Estrategia y Geopolítica, complementando una carrera caracterizada por el liderazgo y la preparación estratégica. A lo largo de su vida militar ha recibido importantes condecoraciones, entre ellas la Medalla Batalla de Ayacucho, la Orden del Mérito Militar José María Córdova, la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y la Orden de Boyacá, una de las máximas distinciones otorgadas por el Estado colombiano. Antes de asumir este nuevo reto, se desempeñó como comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, desde el 22 de diciembre de 2023.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
