Noticias Caracol revela el escándalo militar sepultado en Procuraduría. Hace pocas semanas, esta entidad, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, emitió una decisión que podría enterrar uno de los más graves casos de corrupción en la cúpula de la inteligencia militar.
En un auto del 4 de mayo, la sala disciplinaria archivó un proceso que involucraba a un general y dos coroneles, y en el que también se mencionaba a un puñado más de militares, entre ellos el general retirado Juan Pablo Rodríguez, quien fue comandante de las Fuerzas Militares.
Aunque para la Procuraduría, las evidencias fueron insuficientes, lo cierto es que el expediente deja muchos cuestionamientos sobre el funcionamiento de las más altas esferas de la inteligencia colombiana, que las autoridades no han sido capaces de esclarecer.
El comando de contrainteligencia de las Fuerzas Militares recogió las declaraciones de decenas de funcionarios, oficiales y suboficiales, que fueron sometidos al polígrafo, y evidencias documentales que apuntan a que en la extinta Regional de Inteligencia Estratégica Militar (RIMEC) se desviaron los dineros de los gastos reservados entre 2016 y 2017.
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Es decir, la plata para pagar las fuentes humanas que entregan valiosa información para la defensa del Estado terminó usada en gastos personales de oficiales o en asuntos ajenos a su destinación de ley. En un episodio muy grave, también se investigaba si ese dinero fue usado para comprar herramientas de espionaje y si importantes defensores de derechos humanos, funcionarios del Gobierno y hasta generales de la República fueron víctimas de esos seguimientos ilegales. Esa investigación quedó en ceros en la Procuraduría.
Uno de los interrogados de más alto rango fue el coronel Francisco Rodríguez Piramanrique, jefe de la RIMEC entre 2015 y 2016. Entre otras cosas, el oficial aseguró que le entregó de forma irregular dinero de gastos reservados al general retirado Martín Nieto, quien hasta 2017 fue comandante de Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta de las Fuerzas Militares.
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El coronel Rodríguez aseguró: “mi general estaba viajando en esa época a La Habana. Eso era una aspiradora de plata… Una vez me llamó y me dijo: ‘necesito 2.000 dólares, nos toca irnos ya para Cuba como un mes y no nos han dado recursos’… y qué tocaba, pues dar los 2.000 dólares”.
El general Nieto, junto a los coroneles John Ortiz Soto y Alexánder Parga Rincón, fue imputado por la Procuraduría en agosto de 2018. Esa actuación luego fue anulada por la misma entidad, durante la administración de Fernando Carrillo, al considerar que en el proceso les afectaron sus derechos.
El coronel Rodríguez Piramanrique también explicó cómo funcionaban las presuntas operaciones para desviar los dineros de los gastos reservados. En esencia, dijo, inflaban pagos a fuentes de información y, de esos rubros, sacaban una tajada que él le entregaba a sus superiores. Es decir, falsificaban los reportes de pagos de información.
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“Me acuerdo una vez que me llamó mucho la atención y porque esa sí fue directamente la orden de mi general, dijo ‘hay que darle tanta plata, entrégueselo a mi coronel Parga, ocho millones’. Me tocó, aunque la producción que dio no daba para ello. Entonces qué me tocó hacer. De otras fuentes saqué para completar, ‘vea señor Parga, tome sus ocho millones’ (…) Entonces ya nos tocó fue con otros informes de otras fuentes empezar a cubrir el gasto”.
El mismo coronel reconoció que este tipo de actuaciones eran ilegales: “es algo que desde arriba ya está ordenado, protegido, avalado, a pesar de que se sabe que no es el deber ser de las cosas, que no hay un manual de gastos reservados que lo diga, que no hay una ley”.
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Pese a que hay decenas de declaraciones de implicados directos en los que detallan supuestos actos irregulares de manera concreta, la Procuraduría le restó contundencia al caso. El ente dijo: “(...) al someter los testimonios al tamiz de la sana crítica, encuentra esta Colegiatura que varios de ellos se configuran a partir de testigos de oídas, pues refieren que lo testimoniado obedece a lo que escucharon en algunas reuniones, pero que no están en condición de asegurar dichas situaciones porque algunos de los eventos no les constan”.
El sargento John Jairo Ramírez, exagente de control de la RIMEC, aseguró que parte de un supuesto pago de información en el que participó, terminó yéndose para financiar la escolta del general Nieto. “Siete millones dicen que eran para mi general Nieto, para la escolta, que 4 millones para no sé qué hijuemadre y seis que para no sé. Más o menos se devolvían como 10, 12 millones”, aseguró el militar. Y explicó que se reportó un pago inflado a una fuente de información para obtener el dinero que debían devolver.
Otra de las razones expuestas por la Procuraduría para cerrar el caso es que al parecer no había evidencia suficiente para cuantificar los montos de los dineros desviados. En el auto con el que archivó la investigación, el ente aseguró que “no se concretó a ciencia cierta cuál fue la cuantía de los dineros desviados y/o apropiados, de tal manera que fuera posible determinar un posible detrimento patrimonial”.
Sin embargo, varios agentes de inteligencia hicieron cuentas de los dineros que sacaron de los gastos reservados. Una de ellas fue la teniente Diana Rey Morales, entonces comandante de la compañía Huila de la RIMEC, quien contabilizó mes a mes los millones que le devolvió a sus superiores durante 2017.
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Por su parte, el coronel Rodríguez Piramanrique hizo cuentas del dinero que le entregó al J2, es decir, a la dirección de inteligencia a cargo del general Nieto, y que sumaban alrededor de 180 millones de pesos. También habló de dos entregas al general Juan Pablo Rodríguez, quien fue comandante de las Fuerzas Militares entre 2014 y 2017.
Una de las declaraciones más graves de los mismos militares es que para justificar el dinero de los gastos reservados se habrían inventado fuentes falsas que supuestamente recibían los pagos.
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El sargento Andruz Galindo Orjuela narró uno de esos episodios, protagonizado por un excapitán que decía tener contactos claves con militares venezolanos:
“Llegó con eso, con una historia asombrosa que no sé por qué se la creyeron si en estos niveles de la inteligencia tan bueno no dan tanto. Supuestamente venía de permiso en la ruta Cali – Bogotá, en un Expreso Bolivariano se le sentó al lado una mujer y, después de crear confianza con ella, le dijo que era la hija de un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y que quería vender información en Colombia porque él era supuestamente el webmaster del Comando Operacional a nivel de protección”.
En su declaración, el sargento Galindo continuó relatando el episodio: “después de eso, se hicieron unas entregas de información pues obviamente, y como es en general evaluar la información y vio que era oportuna y que servía para las actualizaciones de las hipótesis a Colombia, por eso se le generan unos pagos y etc. Bueno y supuestamente como dice ahí, iba a entregar o entregó un plan llamado Centauro negro, que es un plan de los venezolanos, plan militar y ahí comenzaron como las dudas”.
Finalmente, tras recibir pagos, el excapitán fue descubierto. “Entonces ordenó que le hiciera yo una ingeniería social para confirmar o desvirtuar que existiera la fuente. Después de menos de un mes se pudo confirmar que la fuente no existía”, dijo Galindo.
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El mismo sargento explicó que uno de los modos de desviar recursos era presentando información obtenida en internet como si la hubieran entregado fuentes humanas a las que había que pagarles: “entonces, hay unos señores que se inventan todas esas historias asombrosas que conocen el modus operandi, que conocen o contactan comunidades de hackers, sacan una información y maquillan un pasquín para que... para que firme o para que, mejor dicho, para que todo tenga la trazabilidad y el expediente exista. O sea en papeles existe la fuente, pero realmente no existe”.
Algo similar contó el sargento John Jairo Ramírez: “como no había fuentes casi humanas, sino por ahí 2, 3 huevones raspachines. Entonces, ¿qué hacían? Cogían la información, lo que sacaban del hackeo y decían: ‘tome Villavicencio, tome Neiva y tome Cris. Hermano, saquen lo que sirva de ahí y busquen la fuente y métanme las fuentes y legalicen los recursos’”.
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El supuesto espionaje político
Sobre el escándalo militar sepultado en Procuraduría, las investigaciones de los agentes de contrainteligencia, que también hicieron parte del expediente archivado, revelan cómo se habrían desviado recursos de los gastos reservados para comprar herramientas de espionaje.
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Lo grave es que, al parecer, desde la Regional de Inteligencia Militar habrían espiado a defensores de derechos humanos, miembros del Gobierno nacional y hasta generales de la República.
El viaje de tres agentes de inteligencia a Las Vegas, Estados Unidos, en julio de 2017, fue una de las piezas claves de la investigación de la contrainteligencia militar. Allá asistieron a la Defcon, una de las ferias de hackers y expertos informáticos más importantes del mundo y habrían comprado herramientas de espionaje.
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La Procuraduría, sin embargo, no encontró nada. El ente dijo en el auto: “en relación con el pago de un viaje a Las Vegas de integrantes de la Compañía Huila a DEFCON a fin de recibir capacitación en los Estados Unidos, no obran pruebas que acrediten dicho viaje, tales como las comisiones para salir del país, compra de tiquetes aéreos, fechas de viaje, lugares de destino y exactamente quiénes lo realizaron, el registro de emigración, las anotaciones en pasaportes, etc.”
Lo incomprensible es que la investigación de contrainteligencia, entregada a la Procuraduría, incluye las confesiones de al menos dos de los tres agentes de inteligencia que fueron a Las Vegas y contaron los detalles del viaje.
Entrevistador: “¿Mi teniente, cuándo viajan ustedes a, a dónde es, a Las Vegas?”
Teniente Diana Rey: “En julio, la última semana de julio”.
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Entrevistador: “¿Qué les tocó ir a hacer a Las Vegas, mi teniente?”
Teniente Diana Rey: “Fuimos a un congreso de informática”.
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En otra sesión de la entrevista, la teniente Tey -comandante de la compañía Huila- también reconoció que recibieron dinero de su unidad militar para comprar los aparatos de espionaje.
Entrevistador: “¿Cuánta plata les dieron a ustedes para irse para allá? Un aproximado, más o menos”.
Teniente Diana Rey: “Como unos $20 millones, creo”.
Entrevistador: “$20 millones, ¿Para todos o para cada uno?”
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Teniente Diana Rey: “Para todos. Para las herramientas, para el hospedaje, la comida, por si sobraba, gastos fortuitos es que llaman”.
Entrevistador: “$20 millones, de esos $20 millones, ¿Cuánto invirtieron en lo que compraron, los elementos electrónicos que compraron?”
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Teniente Diana Rey: “Como 10 millones de pesos”.
De la misma manera cómo no encontró evidencias del viaje, la Procuraduría dijo que tampoco hay pruebas suficientes de la adquisición de equipos de espionaje. “En tal sentido no fue posible determinar (...) en qué forma se pagó y cuáles fueron las capacitaciones recibidas por la Compañía Huila, menos aún existe prueba de la clase y existencia de los equipos o software presuntamente adquiridos para dicha Compañía”.
Pero los mismos agentes de la compañía Huila reconocieron haber comprado los equipos. Así lo dijo el sargento Daniel Henao Marín, uno de los viajeros, quien según varias versiones, era muy cercano al general Juan Pablo Rodríguez.
Entrevistador: “¿A qué fueron ustedes a Las Vegas?”
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Sargento Daniel Henao: “A un evento de hacking”.
Entrevistador: “¿Cómo se llama?”
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Sargento Daniel Henao: “Defcon 25. Es un evento de seguridad e información muy fuerte”.
Más adelante, el sargento Henao contó para qué viajaron.
Sargento Daniel Henao: “El segundo objetivo de pronto era adquirir herramientas, adquirir herramientas a bajo costo” (…)
Entrevistador: ¿Y para eso compraron la Piña apple?
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Sargento Daniel Henao: Las piñas.
Entrevistador: ¿Y ya las sabe manejar o todavía no?
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Sargento Daniel Henao: Yo las sé manejar hace mucho rato.
Por su parte, otro sargento también dijo que tuvo acceso los equipos de espionaje comprados en Las Vegas durante las capacitaciones de la compañía, y explicó su funcionamiento: “Esa piña tiene seis antenas. La que ellos trajeron tenía un cubrimiento creo que de cinco kilómetros, si no estoy mal. Ellos la sitúan, se pega de la red y, al pegarse de la red, ella desvía todo el tráfico y lo pasa por la memoria de ella. (…) Y todo lo que pase de su celular, y todo, queda en back up en la piña que se llama”.
Además de la compra de los aparatos, en el expediente hay declaraciones sobre presuntas actividades de seguimientos informáticos a objetivos ilegítimos. Según los militares, una de las víctimas podría haber sido José Miguel Vivanco, director para Las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, quien a mediados de 2017 publicó trinos sobre falsos positivos y la posible acción de la Corte Penal Internacional en esos casos.
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El mayor Eduardo Velandia, un alto mando de la RIMEC, se refirió a ese episodio: “cuando hubo una noticia de la CPI, de la Corte Penal Internacional, contra mi general Rodríguez, sé que Henao estuvo al frente de esa vaina mirando a ver de dónde provenía el ataque, cómo venía, si era de la CPI, si era de la Fiscalía. Sé que eso fue así porque ese muchacho me lo dijo. Cuando me lo dice, pues mal haría yo en no decírselo a usted y él me lo dijo, estamos con un problema de la CPI y tiene a mi general Rodríguez volando, mirando de dónde es el ataque, de Vivanco, del Twitter de Vivanco que se iba mi general Rodríguez o que si iba el informe del general Rodríguez”.
Según la investigación de contrainteligencia, cuyos hallazgos fueron reseñados en decenas de fichas, había serios indicios de que los militares de la RIMEC hicieron "espionaje informático" y "exploración informática al personal del Estado colombiano". En varias de esos casos, las reseñas dicen que ejecutaron esas misiones por orden del general Juan Pablo Rodríguez Barragán.
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El sargento Ramírez dijo que le preguntó a un compañero por las movidas dentro de la compañía y que le contestó que al parecer estaban espiando a generales del Ejército. “Yo le dije ‘¿cuál es la maricada?’ Dijo ‘no marica es que están haciendo trabajos especiales de acá’, dijo ‘la verdad no sé, pero creo que por ahí como que según tengo entendido que son unos generales’. ‘¿Pero de acá?’ Dijo ‘sí, claro, marica, eso ahí está el cartel de los soles, la pelea entre los soles’”.
Otro episodio en la lupa de los agentes de contrainteligencia fue la contratación de un hacker que habría sido pagado con los dineros de los gastos reservados para que capacitara a la compañía Huila: “pero el man es hacker y el man, pues este chino, el Pabón, le compró los pasajes y le pagaban $3 millones por cada venida acá, $3, $4 millones, para venir a darle instrucción a los chinos de manejar equipos, de manejar una cosa, sí, maricadas. ¿Qué nos decían a nosotros? ‘Hermano, yo todo lo sé, les tengo clonados los celulares, se los tengo chuzados’”.
Finalmente, el sargento dijo que tras las primeras denuncias de este caso, los equipos de espionaje habrían desaparecido.
Para las Fuerzas Militares, este era un caso muy grave, tan grave que la RIMEC fue clausurada cuando estalló el escándalo en 2018. Sin embargo, tres años después, la Procuraduría archivó este nutrido expediente.
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Pese a la abundancia de testimonios y documentos que tenía en su poder, el ente dijo que, en el periodo de seis meses de recolección de pruebas fijado por la ley, no habían obtenido todo el material necesario para demostrar las irregularidades. Y que ya no tenían potestad para buscar nuevas evidencias.
Este es el segundo gran escándalo militar que la Procuraduría cierra este año, desde que Margarita Cabello Blanco llegó a ocupar el despacho principal de la entidad. En marzo, un mes antes de esta decisión, la misma sala disciplinaria archivó la investigación contra el excomandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por emitir supuestas directrices que podían incentivar nuevos casos de falsos positivos.
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Frente a este escándalo militar sepultado en Procuraduría, Noticias Caracol buscó a la procuradora Margarita Cabello y a varios de los involucrados en este expediente, pero no obtuvo respuesta.
En la extensa investigación interna que hizo el comando de contrainteligencia militar, hay un balance final de los hallazgos.
En el documento secreto identificaron 32 posibles irregularidades cometidas, algunas tan preocupantes como “suplantación de la autoridad del presidente de la República para operaciones ilegales de inteligencia; espionaje cibernético a personalidades del alto gobierno y actores políticos internacionales; obtención de equipos para interceptación ilegal, y corrupción administrativa en las cuentas de gastos reservados”.
Y entre las acciones que debían tomar para enmendar la situación, el mismo comando de contrainteligencia concluía: “es imperativo adelantar las investigaciones correspondientes ante los entes necesarios como una muestra de transparencia ante la opinión pública”.
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