El hacinamiento carcelario hace que en varios de estos sitios sea imposible realizar un control total de los reclusos, que en muchos casos terminan cometiendo nuevos delitos cuando están detenidos. Es más, hasta arman rumba como si estuvieran en un bar de Bogotá, como se develó con los presos de estación de Puente Aranda.
Al siguiente día y tras las rejas hacen un sancocho.
Mientras algunos presos de estación de Puente Aranda preparan la comida en lo que parecen ser pequeñas estufas, otros manipulan teléfonos celulares en las celdas de una de las instalaciones más custodiadas de Bogotá.
Allí hay “tres filtros como es seguridad privada que tiene la URI, aparte de los custodios de la Policía Nacional y son instalaciones de la Fiscalía. Entonces estos tres entes tienen que vigilar y proteger cada una de estas cosas”, explica el abogado penalista Miguel Ángel Camargo.
Los presos de estación de Puente Aranda también ingresan elementos prohibidos, que son:
- Elementos de comunicación y tecnología como buscapersonas, celulares, tablets, computadores, tarjetas simcard, memorias USB, reproductores de mp3 y mp4, teléfonos inalámbricos, radios de comunicaciones, relojes digitales o inteligentes y aquellos que a futuro s e cataloguen como tal.
- Todo tipo de arma cortopunzante, convencional, no convencional (artesanal), municiones, estopines o explosivos.
- Bebidas alcohólicas de cualquier tipo, sustancias narcóticas y psicotrópicas, alucinógenos y cualquier otra droga que produzca alteraciones físicas y emocionales.
- Electrodomésticos: resistencias, hornos corrientes, hornos microondas, equipos de sonido, estufas.
- Ante estas violaciones a la norma, piden castigos ejemplares a los presos de estación de Puente Aranda, como de otros centros de reclusión.
“Por ejemplo, si quisieran solicitar algún tipo de permiso especial para visitar a la familia o qué se yo, claramente no podrán tener derecho a esta serie de beneficios”, indicó Álvaro Garzón Alarcón, coordinador del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario.
Agregó que respecto a las rumbas como la de los presos de estación de Puente Aranda “toda la responsabilidad recae sobre el establecimiento por el cual obviamente ellos están en este tipo de custodia, y, en ese orden de ideas, la alimentación, en este caso, es responsabilidad del Estado, por tanto no es permitido que puedan estar ingresando estufas, alimentos para poderlos cocinar allí, vimos también el tema de celulares, esto exige una investigación profunda”.
El jurista afirmó que estas imágenes se repiten año tras año.
Estas organizaciones prácticamente pareciera que tuvieran un control más que la propia policía y en ese orden de ideas, tanto para la Policía como para el Inpec, es importante hacer investigaciones que requieran reformas de fondo
Y es que algunos reclusos son privilegiados desde que entran a las celdas de las estaciones de Policía y asumen el poder y mando. Se hacen llamar plumas o caciques.
Aunque algunos, según las mismas autoridades, se convierten en líderes positivos para evitar actos delincuenciales en las celdas, otros montan sus negocios criminales que les dejan millones de pesos en ganancias para financiar todo tipo de delitos.
Frente al caso de los presos en estación de Puente Aranda, la Policía dijo que desde que se conocen los videos se iniciaron las respectivas investigaciones y que muchos de los internos sorprendidos en estas actividades serían trasladados con las consecuencias judiciales que corresponden.
A los uniformados que se les compruebe participación en estos hechos asumirán sanciones disciplinarias.
Hacinamiento carcelario
Según la Procuraduría, en todo el país hay un hacinamiento de 240% en los sitios de detención. Entre estaciones de Policía y las URI hay capacidad para 9.583 detenidos, pero actualmente hay una población de 22.960 personas.
El otro problema está en la atención médica para esos detenidos. Solo en Bogotá la Personería dice que hay 88 detenidos que requieren atención urgente, de los cuales seis son de personas con fracturas, seis con discapacidad, seis con sida y 30 que requieren atención psiquiátrica.
Ministro de Justicia responde
El ministro Néstor Osuna señaló que actualmente “la ley dispone que las personas que están sindicadas pero no condenadas deben estar en un centro de reclusión, que son construidos por los municipios y departamentos, pero los municipios, distritos y departamentos no tienen los recursos para hacer esos centros de reclusión, entonces terminan en las estaciones de Policía. ¿Quiénes los cuidan? Pues los policías que son los que están ahí, pero los policías no tienen esa función. Entonces en las cárceles está el Inpec, en las estaciones de Policía está la policía, a veces está el Ejército, a veces está el Inpec, es un panorama confuso de la situación de ese estado de cosas inconstitucionales en las que nos encontramos, que esperamos resolver con una combinación de medidas prontamente”.
Agrega que “hay personas que no hemos encontrado un cupo en una cárcel para poder llevarlas. Construir un cupo carcelario en estos días, cifras de hace una semana, vale 160 millones de pesos”.
Por eso insiste en que “hay que reformar el sistema carcelario para que tenga cupos suficientes, pero a esos precios y con obras que tardan en hacerse, pues no es una solución inmediata, por eso estamos pensando en otras soluciones, en eso hay un proyecto de ley presentado con auspicio de Asocapitales, que creo que va por la línea correcta que es asignarles recursos a los municipios y departamentos y dividir la población de personas sindicadas para que los que presuntamente hayan cometido delitos con pena leve estén a cargo de los municipios, los que tienen pena mediana a cargo de los departamentos y los graves a cargo de la Nación, incluidos los sindicados no condenados”.
El ministro de Justicia dice entender “la gravedad y la urgencia de la situación. Lamentablemente esto se dejó agravar durante muchos años y en este momento yo no tengo una solución inmediata, eficaz, no existe esa solución”.
El funcionario también recalca que la construcción de centros carcelarios “no ha sido prioridad política para los alcaldes”.
“Para las entidades territoriales eso nunca fue prioritario y por eso se dejó crecer este problema”, subraya.
“Sabemos que la decencia de una sociedad también se mide por la decencia de sus cárceles y en eso tenemos una materia pendiente enormemente grande”, finalizó.
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