“Estamos cansados de las fumigaciones con glifosato que tanto daño le han hecho a nuestro departamento”, dicen comunidades campesinas del Putumayo que rechazan de forma unánime el anuncio del Gobierno de reiniciar las fumigaciones con glifosato.
“Primero, por el impacto que va a causar en la salud humana y la salud de la naturaleza. Segundo, porque va a crear un problema fronterizo, porque cada vez que hay fumigaciones se emigra o se va al Ecuador. Tercero, genera un desplazamiento masivo a otras ciudades”, explica Eder Sánchez, director de ANUC Putumayo.
Las protestas ya han registrado enfrentamientos con la fuerza pública, pero hay temor porque se puede repetir la historia que se vivió en el año 1996, cuando se registró un gigantesco paro cocalero en varias regiones del país.
“Creo que la vamos a repetir y, como dice el cuento, la vamos a repetir duplicada y con una disposición de las organizaciones campesinas, las organizaciones de cocaleros, mucho más propensa a enfrentar las medidas que retoma el gobierno para reiniciar las fumigaciones”, afirma el profesor Gabriel Tobón, de la facultad del Hábitat de la Universidad Javeriana.
La firma de los acuerdos de paz trajo una esperanza para miles de familias campesinas que vieron allí una oportunidad para dejar atrás los cultivos coca, pero luego de cuatro años el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) parece que no arranca, advierte Krystina Lyon, antropóloga estadounidense radicada en el Putumayo y quien sigue de cerca esta problemática desde hace ya varios años.
“El diseño del PNIS no es un diseño integral, no hay un entendimiento de esa problemática de forma integral, entender que esa problemática de la coca no es un asunto económico sino también un asunto de reformas en todos los sentidos, de intervenciones en los territorios con participación ciudadana y políticas diferenciales”, detalla.
La lenta implementación de los acuerdos o de una reforma rural integral ha dejado a centenares de familias que le habían apostado a la estrategia oficial, entre la espada y la pared, cuenta Lyons.
“El PNIS replicó lamentablemente los mismos modelos del Plan Colombia, que también fracasaron en su momento, porque el asunto no es solo dar un subsidio a una persona para reemplazar un cultivo con otro, sino que hay una necesidad de mirar el asunto de forma integral”, insiste la antropóloga.
La llegada de los grupos armados ha generado un ambiente más hostil contra los líderes sociales. Panfletos amenazantes los pusieron en la mira de los violentos.
“Hoy, varios líderes han tenido que salir, como la compañera Yuri Quintero que ha tenido que salir del departamento. El compañero Wilmer acaba de ser amenazado y varios compañeros están siendo judicializados. Es un llamado a que garanticen los derechos humanos y la vida de los líderes sociales”, dice Sánchez.
Por eso, las tensiones se hacen cada vez más fuertes y las comunidades campesinas enfrentan la posición del gobierno de erradicar con glifosato, en vez de sustituir los cultivos ilícitos.
“Le decimos al señor presidente que, antes empezar a pensar en fumigaciones, venga al territorio directamente para que nos sentemos y revisemos los acuerdos que hace tres años pactamos y hoy son un tema de incumplimiento”, es la solicitud de Edwin Narváez, vocero del movimiento campesino cocalero y agrario.
Pero el gobierno insiste en que la fumigación es la herramienta más eficaz para acabar con la expansión de los cultivos ilícitos.
“La posición del presidente de la República y del gobierno colombianos ha sido que la erradicación es una herramienta fundamental porque hoy el problema más grande que tenemos de seguridad en Colombia es producto del narcotráfico. El narcotráfico es la gasolina que lleva a estos grupos criminales a asesinar a líderes sociales”, afirma Daniel Palacios, ministro del Interior.
Académicos rechazan fumigaciones
Mientras la tensión en los territorios crece, muy lejos de allí - en los laboratorios de toxicología acuática de la Universidad Nacional - el profesor José Fernando González continúa con las investigaciones que inició hace 16 años para determinar cómo el herbicida afecta a los peces y a los cuerpos de agua.
“De los diferentes tipos de análisis que hicimos encontramos que había efectos en diferentes sistemas corporales, el nervioso, el sanguíneo, el respiratorio, el hepático. Todos fueron afectados en mayor o menor grado por la exposición al glifosato”, explica el director del laboratorio de Toxicología Acuática de la Nacional.
Para él, lo que ocurre en los peces perfectamente se puede ver replicado en los seres humanos.
“Uno busca que lo que encuentra en los peces, en este caso en el modelo de nosotros usamos, pueda ser extrapolado, por lo menos prever qué puede suceder. Muchas de las cosas que nos pueden mostrar son de cambios en la bioquímica de sus tejidos, en la arquitectura de los tejidos que podemos sufrir nosotros”, dice el experto.
También desde la academia un nutrido grupo de investigadores de varias universidades de Colombia y Estados Unidos le hicieron un llamado al gobierno de ese país para que revise las numerosas evidencias científicas sobre el uso adverso del herbicida y reconsidere su apoyo a la aspersión.
“Biden ha sido muy enfático en que apoya el acuerdo de paz y allí se dejó estipulado que la fumigación sería un último recurso, después de haber intentado otras estrategias y después de haberlo concertado con las comunidades”, señala María Alejandra Vélez, directora de Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
El gobierno ha buscado acercamientos con los campesinos cocaleros del Putumayo. Por eso, recientemente se instaló la mesa departamental para escucharlos. El gobernador piensa que se puede construir un desarrollo acorde a las comunidades.
“Hay inversión social, están las universidades, hay una serie de instituciones que quieren desarrollar proyectos dentro de la cadena productiva y, a la vez, llegar a la comercialización. Hay organismos internacionales, está la ONU, que quiere hacer trabajos con la comunidad”, puntualiza el gobernador Álvaro Granja.
El problema es que mientras el estado va a un ritmo muy lento, los grupos armados ya están de nuevo en la zona.
En un video conocido recientemente se observa a los llamados comandos de la frontera, un grupo disidente de las desmovilizadas FARC, alistándose y diciendo que “con las armas nos opondremos a la erradicación forzada y a la aspersión del glifosato por su impacto adverso a los humanos y a la naturaleza”.
Observadores e investigadores coinciden en que, como están las cosas, se vive un retroceso hacia la situación de tensión de los años 90 y que podría estallar un nuevo conflicto social de imprevisibles consecuencias.
Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.