El Consejo de Estado admitió la demanda que pide la nulidad del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, el cual ordena a los fondos privados de pensiones trasladar alrededor de 25 billones de pesos a Colpensiones. El Ministerio Público pidió que se remita el caso a la Procuraduría General de la Nación para su concepto, y la investigación quedó a cargo del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
El dinero que sería trasladado, según el decreto, es producto del ahorro de los afiliados que se han pasado a la entidad pública en los últimos meses. El Gobierno Nacional indica en el documento que los fondos privados tendrán 20 días para trasladar la mitad de los recursos, y 10 días más para el resto. El dinero se podrá mover en efectivo o inversiones admisibles para Colpensiones. "El traslado de los recursos incluye el capital acumulado más la totalidad de los rendimientos financieros generados hasta la fecha de la transferencia efectiva", asegura el decreto.
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Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado a través de su cuenta de X: "Los fondos privados quieren mantener su control y usufructo de los ahorros de los 120 mil trabajadores que se trasladaron a Colpensiones, incluyendo a los 25 mil que ya reciben sus mesadas pensionales del Fondo Público. Se liberan de los ahorradores, pero se quedan con su dinero".
Las críticas de Asofondos a traslado de $25 billones a Colpensiones
El decreto fue criticado por el director de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, quien señaló que la cantidad de personas que cotizan actualmente en Colpensiones "superan y sobran" para pagar las mensualidades que reciben aquellos que ya están pensionados. "Nos parece inválido en la medida en que Colpensiones está recibiendo incluso más recursos de los que necesita para pagar esas pensiones", dijo durante una rueda de prensa.
La cabeza de la Asofondos también citó el decreto para señalar que este mismo extiende un artículo de la reforma pensional. "Ese decreto dice muy claramente que, cuando no se hubiere creado el fondo de ahorro del penal contributivo, los recursos deberán seguir siendo administrados por las administradoras de fondo de pensiones". También recordó que, a ojos de la Asociación, "la reforma está suspendida".
En esa línea, Velasco señala que no hay bases jurídicas que respalden la solicitud del Gobierno para que se haga el traslado de recursos de las personas que cotizan ni las pensionadas. "Para nosotros la reglamentación y la ley son claras de que esos recursos son para ahorrarse".
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LAURA VALENTINA MERCADO
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