La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sentado un precedente jurisprudencial crucial sobre el futuro de la protesta social en Colombia. Con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, el alto tribunal emitió una trascendental decisión originada en los hechos ocurridos entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017 en la planta Chichimen de Ecopetrol, ubicada en el departamento del Meta. Allí, un grupo de trabajadores impidió el libre acceso para la producción, saltándose vallas y bloqueando el ingreso de maquinaria. Por este caso, el alto tribunal emitió una sentencia que no solo ordena una indemnización económica a favor de la petrolera estatal, sino que define los límites del derecho a la manifestación: si la protesta recurre a la violencia pierde de forma inmediata toda protección constitucional.Este pronunciamiento ha reabierto un debate de interés nacional sobre el alcance de las manifestaciones en el espacio público, como cuando un grupo de personas bloquea sistemas de transporte masivo como Transmilenio, impidiendo que miles de ciudadanos lleguen a sus trabajos o regresen a sus hogares. (Lea también: Protestas bloquearon troncal Américas y afectaron operación de TransMilenio)Al respecto, el analista Juan Falkonerth advirtió sobre el choque de derechos fundamentales en estos escenarios: "Cuando se genera daño a terceros pues ya hay una connotación que pone una confrontación entre mis derechos como protestante y otros derechos que puedo estar causándoles a unos terceros". Según el académico, no existen derechos absolutos en el país. Por ello, enfatizó que es urgente ajustar la interpretación de las normas constitucionales para evitar que el reclamo de unos ponga en riesgo la vida, la integridad y el orden público de toda la ciudadanía.Frente al contraargumento de algunos sectores que aseguran que la protesta debe ser disruptiva y bloquear vías para forzar la atención del Estado, el experto calificó esta postura como una "versión muy acomodada" y "muy triste" que confunde el derecho constitucional con la delincuencia. Para Falkonerth, justificar los destrozos bajo la premisa del cambio social es un grave error: "No es cierto que para hacer protestas tengamos que acudir a las vías de hecho. Esa es una manera de romantizar los actos vandálicos y delincuenciales". Asimismo, señaló que históricamente las manifestaciones de carácter simbólico han logrado grandes transformaciones sin necesidad de recurrir a la violencia, al vandalismo o al uso de capuchas para ocultar el rostro con fines ilícitos.¿Qué sanciones impone la decisión del Consejo de Estado?El abogado penalista y profesor Julián Quintana explicó las implicaciones directas del fallo, enfatizando que, bajo la legislación colombiana, el bloqueo de vías constituye un delito evidente. "Bloquear las vías es una conducta de así lo haga pacíficamente cuando se bloquea una vía ya no estamos hablando de que es pacífico, sino que es un hecho delictivo", explica. En estos casos de violencia, las autoridades pertinentes (como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación) deben intervenir para investigar y judicializar conductas graves como el terrorismo, el incendio, las amenazas y el daño en bien ajeno.Asimismo, detalló que el ordenamiento jurídico del país cuenta ahora con tres líneas de jurisprudencia unificadas que cierran el paso a los excesos en las movilizaciones. La primera es de la Corte Constitucional, que establece que la violencia despoja a la protesta de su amparo constitucional. La segunda corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha emitido condenas de prisión y multas a miembros de agrupaciones como la denominada 'primera línea' por incurrir en delitos. La tercera está consagrada en este fallo del Consejo de Estado, y determina que quienes realicen bloqueos o causen daños patrimoniales deberán pagar los perjuicios: "Si usted causa un daño por ese bloqueo o por una protesta distorsionada con violencia debe responder con su dinero, con su bolsillo, con su patrimonio".La aplicación de estas reglas recae ahora sobre las alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República. Quintana hizo un llamado a que los líderes sociales coordinen con las administraciones locales y la Fuerza Pública para garantizar el derecho a la protesta pacífica mediante el debido acompañamiento, diferenciando un retraso menor en la movilidad de un bloqueo intencional y dañino. Recordó, además, episodios críticos del pasado donde personas enfermas perdieron la vida en ambulancias atrapadas en bloqueos viales. "La ley ya lo dice claramente, la jurisprudencia lo dice claramente. Ahora corresponde a la autoridad acatar lo que dice la normatividad", concluyó el jurista, quien espera que esta unificación de criterios regrese las cosas a sus "justas proporciones" bajo la premisa de protesta sí, violencia no.Proyecto de ley ‘anticapuchos’A la par del fallo del Consejo de Estado, los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, radicaron este 1 de septiembre un proyecto de ley que busca tipificar como delito el ocultamiento de identidad o uso de capuchas, como medio para facilitar la comisión de delitos en las protestas. La iniciativa fue radicada como Ley Anticapuchos.Arizabaleta aseguró que con el proyecto “queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99 % de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar; pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta, sale a delinquir”. Triana agregó que “no podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia. Con este proyecto buscamos que las autoridades tengan herramientas reales no solo para judicializar, sino para agravar la pena a quienes se valen del anonimato y la capucha para delinquir y eludir a la justicia”.La iniciativa contempla que, además de la capucha, se sumen como agravantes el uso de artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas o cualquier otro medio idóneo para causar grave daño a las personas o a los bienes públicos y privados, y el hecho de que la conducta recaiga sobre establecimientos educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural, infraestructura de servicios públicos esenciales. También que se contemple una falta a quien constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.El proyecto propone que a quienes incurran en estas acciones se les imponga una pena de entre 54 a 96 meses (entre 4 y 8 años) de cárcel y multas de entre 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sentencia privativa de la libertad.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
El Consejo de Estado reconoció este lunes la personería jurídica de Defensores de la Patria, el movimiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, resaltando la votación que tuvo en las anteriores elecciones presidenciales. Así las cosas, como partido político podrá postular candidatos a cargos de elección popular y acceder a otros beneficios como "financiación estatal, acceso a espacios institucionales de divulgación política y el ejercicio institucionalizado del derecho a la oposición política, entre otras garantías de carácter exclusivo". Según la resolución del Consejo de Estado, con esta personería jurídica se inscribirá de manera provisional a Camilo Andrés Noguera para que sea director nacional del partido, mientras se celebra la primera Convención Nacional de esta agrupación política. Noguera tiene 10 días hábiles "para allegar ante esta Corporación los nombres de los ciudadanos designados en los cargos de dirección y manejo del partido". ¿Por qué se decidió otorgar la personería jurídica a Defensores de la Patria?El Consejo de Estado resaltó que Abelardo de la Espriella, como representante de Defensores de la Patria, obtuvo 12'960.166 votos válidos, alcanzando la mayoría absoluta de la votación el pasado 21 de junio. Aunque la Constitución indica que la personería jurídica es concedida a los movimientos que hayan obtenido al menos el 3% de los votos del Congreso, hay excepciones a esta regla. Lo anterior "en supuestos en los que, por circunstancias especialísimas, la organización solicitante no obtiene la votación exigida en elecciones de Congreso, pero acredita, por una vía distinta, un respaldo popular de entidad equivalente". En ese sentido, la resolución explicó que la votación obtenida por Defensores de la Patria "supera con amplitud manifiesta" el umbral establecido, "en una magnitud considerablemente mayor" a la que sirvió de fundamento para el reconocimiento de personería jurídica a Colombia Humana en 2021 y a La Liga de Gobernantes Anticorrupción en 2022. "Si esta Corporación reconoció personería jurídica a organizaciones políticas cuya fórmula presidencial resultó derrotada, por considerar que su votación, inferior, en ambos casos, a la obtenida por el Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria, constituía un respaldo popular significativo equiparable al exigido por el artículo 108 Superior, no encuentra la Sala razón jurídica válida para negar idéntico reconocimiento", indicó el Consejo de Estado. Y añadió: "Sostener una conclusión distinta implicaría un tratamiento discriminatorio, contrario al artículo 13 de la Constitución Política, entre organizaciones políticas que satisfacen, unas en mayor y otra en menor medida, el mismo presupuesto fáctico que activa la regla jurisprudencial: la acreditación de un respaldo popular significativo expresado en elecciones presidenciales".Tras este anuncio, el Pacto Histórico indicó que demandará esta decisión debido a que considera que los ejemplos de Colombia Humana y La Liga de Gobernantes Anticorrupción no serían aplicables en este caso. "El reconocimiento respondió a la protección del derecho de oposición, una circunstancia jurídica que no existe para Firmes por la Patria. Equiparar situaciones distintas desconoce los precedentes judiciales y vulnera la seguridad jurídica", escribió Gabriel Becerra, director del Pacto Histórico.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Este lunes, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno nacional que nombró al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe fueron las personas que demandaron el nombramiento ante el alto tribunal.Se conoció que Domínguez Prada pidió la nulidad de la resolución por el motivo de falsa motivación. Además, argumentó que la designación de Mancuso como gestor de paz es una revictimización por el “antagonismo (...) entre lo que dicen las leyes y las sentencias que las cristalizan, y el enaltecimiento que entraña la investidura como hombre de paz y de justicia del señor Mancuso".Domínguez añadió que Macuso hizo parte de "múltiples crímenes que dañaron y destruyeron la vida de miles de compatriotas" y argumentó que la no revictimización es un principio moral y jurídico. Por su parte, Ortiz Mancipe aseguró que con el acto se incurrió en varias causales de nulidad, como infracción de las normas en las que debía fundarse, expedición irregular y falsa motivación."Precisó que toda designación de un gestor de paz debe: i) fijar un lapso temporal, ii) indicar con claridad el aporte o intervención del postulado en la construcción de la paz y iii) definir el lugar del territorio nacional en el que se desempeñará la labor", se lee en el texto en el que se anunció la suspensión. Salvatore Mancuso no es miembro de un grupo armado, añadió Ortiz y dijo que "ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen de la Ley con los que el Gobierno Nacional busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría con esas organizaciones".El Consejo de Estado indica que si bien el presidente tiene la dirección de todo proceso de paz y ostenta una discrecionalidad para adoptar las medidas que consideren necesarias, "la designación de un gestor de paz constituye una potestad discrecional, pero dicho acto debe precisar los límites temporal, geográfico y funcional de la designación, para no lesionar los derechos de las víctimas".#LoÚltimo | El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno que nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Esto se sabe.Ampliación 👉 https://t.co/do4OJlz5Ko pic.twitter.com/UQ89SUfHNE— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 3, 2026 MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hablaron sobre las expectativas que tiene sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella y las tensiones que se han registrado con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
Por primera vez, los presidentes de las tres más importantes cortes de Colombia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se sentaron al tiempo para hablar, sin tapujos, sobre la transición de gobierno que se avecina en el país. Los magistrados dialogaron francamente con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el estado en el que quedaron las relaciones de la rama judicial con el poder ejecutivo, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y de las expectativas que tienen frente a la administración entrante con Abelardo de la Espriella. (Lea también: ¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia? Sería sede de De la Espriella en Bogotá)Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “esperaría con este nuevo Gobierno que haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma que se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y la justicia. (…) Esperamos que esa sea la dinámica durante estos cuatro años”.Por su parte, Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, reconoció que “siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ese no es un tema de estos momentos, esto ocurre cuando hay que ejercer competencias donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo”, refiriéndose a los momentos en que deben declarar la inconstitucionalidad de algún decreto, por lo que subrayó que “respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con que defendemos las propias”.Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, agregó frente a lo dicho por su par que “es legítimo que se hagan críticas; sin embargo, una cosa en no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplir”, explicando que las decisiones “tienen que ser cumplidas” aunque “a veces no les gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas”.¿El Gobierno Petro respetó los límites de los poderes públicos?El magistrado Lenis, “los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles” y “ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control”, por lo que instó a “los gobernantes a respetar las competencias de los otros poderes públicos”, asegurando que cuando se toma una “decisión frente a una acción de poder público, Ejecutivo o Legislativo, no se debe entender que es un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes”. Por otro lado, recordó el “hecho desafortunado” en que se bloqueó la salida de los magistrados cuando estaban eligiendo al fiscal que reemplazaría a Francisco Barbosa. Respecto al Gobierno actual, consideró que “no se facilitó ese diálogo institucional de manera armónica, eso fue tensionante”.La togada Meneses reiteró que siempre hay tensiones con los gobiernos, “pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y la ley. De manera que en estos cuatro años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad sólida y una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado Social y democrático de Derecho”.El presidente del Consejo de Estado manifestó que “sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo” porque “la rama judicial en general tuvo que hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y al respeto por las decisiones judiciales”. En el caso de su despacho, incluso “hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le pusimos de presente a la comisión esas reacciones del presidente”, ya que “decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial, como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, en materia de designación, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales ni deseables”.¿Qué debe tener una reforma a la justicia?El presidente de la Corte Suprema recordó la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, “como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y como funciona el procedimiento abreviado penal. Esa es una discusión que podemos dar. Pero no se trata de eliminar una audiencia sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y otras prerrogativas del proceso penal, eso implicará una reforma más integral”. Agregó que espera que “la justicia sea más cercana y más oportuna, y que los métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos”.En el concepto del magistrado Montaña “debemos ser muy prudentes porque son reformas que tienen que ver con nosotros”, pero “también debemos ser participativos en los problemas y en lo estructural” como “la congestión, donde hay que tomar medidas”, refiriéndose a “los jueces individuales, que este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando más”, señalando que hay jueces que tienen 5.000 procesos.La presidenta de la Corte Constitucional habló de las tutelas, indicando que reciben a diario, en promedio, 5.650. “Cada mes hay dos magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tenemos que revisar un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas” al mes para decidir cuáles se van a seleccionar, explicó. Por ello acuden al Consejo Superior de la Judicatura y actualmente hay “226.000 tutelas pendientes por radicar para hacer la selección”, agregó. También se refirió al tema del derecho a la salud, el segundo que más tutelas tiene, el primero es de petición.¿Qué ha significado la JEP?“Significó un consenso nacional en esa búsqueda por lograr la paz”, expresó el magistrado Lenis, quien señaló que “la JEP tiene unos plazos y es prudente esperar que se cumplan esos plazos para que cumpla su misión”, considerando que “la JEP viene actuando, hay unos logros que se pueden mirar, pueden ser intangibles: han identificado cuerpos, se los han entregado a sus familiares; ha facilitado construcción de verdad en medio de las circunstancias del conflicto armado, ha facilitado la reconciliación”, reconociendo que “viene un poco lento”. Agregó: “Cuando se cumplan esos plazos, vamos a mirar si es momento de hacer la prórroga como lo establece la Constitución”.El magistrado Montaña indicó que “para terminarla, para acabarla, para reformarla, se van a necesitar reformas constitucionales, no bastará una reforma legal”, y manifestó que “la justicia transicional no es una política de Gobierno, es una política de Estado”, por lo que “es un compromiso de todos los órganos del poder público y no solamente del Ejecutivo”. (Lea también: JEP le respondió a Abelardo de la Espriella y lo invitó a una reunión para presentar resultados)NOTICIAS CARACOL
El Consejo de Estado revocó el auto que suspendía el decreto por el cual se fijó el aumento del 23 % del salario mínimo en 2026. La decisión viene de la Sección Segunda de la corporación,que accedió a las pretensiones del Gobierno nacional, después que este interpusiera un recurso de súplica en el proceso. En contexto, el Consejo de Estado recibió una demanda de nulidad simple contra el decreto del mínimo. El despacho ponente emitió un auto el pasado 12 de febrero del presente año, por el Cual ordenaba la suspensión provisional del acto administrativo. Por eso, el gobierno de Gustavo Petro interpuso un recurso de súplica. Y es que este auto también ordenaba al Gobierno nacional expedir, dentro de los 8 días siguientes a la notificación, un decreto que fijara un porcentaje transitorio.Con la revocatoria del auto, quedan sin efecto la suspensión de la medida, las órdenes impartidas y las acciones que tomó el Gobierno en su momento para cumplir con lo que fijó el consejero ponente a inicios de este 2026. En pocas palabras, el aumento de salario mínimo, que lo fijaba en dos millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte) se queda quieto hasta que haya una decisión de fondo en la materia.La Sala señaló que en la medida cautelar se sustentó una “aparente falta de motivación relacionada con las exigencias técnicas del incremento salarial, y no en el análisis sobre un perjuicio concreto, derivado de su aplicación”. Pero en el estudio del caso no se evidenciaron los "efectos nocivos" del acto citados en el auto de febrero. En ese sentido, indicó que el examen sobre la legalidad del salario mínimo deberá producirse solo hasta cuando se tomé una decisión final en el proceso de nulidad.Cabe recordar que, en cumplimiento de la orden cautelar inicial, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 159 de 2026 fijando provisionalmente el mismo incremento del 23% (equivalente a $1.750.905), cifra idéntica a la del Decreto 1469 de 2025. Esto demostró que la intervención judicial no produjo una alteración sustancial en la realidad material ni neutralizó el supuesto efecto nocivo, limitándose únicamente a incidir en la motivación del acto sin modificar sus efectos prácticos. El Consejo de Estado aclaró que la decisión no modifica el monto de salario mínimo que actualmente reciben los trabajadores en Colombia.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que derogó la prima especial de $16 millones para los congresistas. Allí se estableció que quienes se vincularan al servicio a partir del 20 de julio del 2026 ya no recibirían esa prestación.Dicha prima especial había sido aprobada en el decreto 2170 de 2013, que en ese entonces era “equivalente a la suma de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445) moneda corriente, la cual se reajusta anualmente en el mismo porcentaje en que se reajusta la asignación básica y la cual constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de Navidad”, señaló en su momento el Gobierno de Gustavo Petro.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en ese entonces que la prima especial inicialmente tenía la intención de atender los costos de los congresistas que estaban fuera de Bogotá. “Al poco tiempo ese mismo beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas” y que se pagaba de forma mensual, expresó, precisando que para el Ejecutivo “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”. (Lea también: Secretarías del Congreso responden a solicitud de De la Espriella sobre cambiar lugar de posesión)Las razones del Consejo de Estado para no eliminar la prima especial por ahoraDe acuerdo con el alto tribunal, se formuló una solicitud de suspensión provisional ante la probable afectación de derechos adquiridos por servidores de la justicia, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros que comparten este mismo régimen salarial y prestacional, instituido por la Ley 4 de 1992.La sala estableció que la norma demandada impone una dualidad en el tratamiento jurídico que reciben dos tipos de funcionarios, pese a ocupar los mismos cargos y ejercer las mismas funciones: uno para quienes se vincularon al servicio antes del 20 de julio del 2026, que pueden seguir gozando del pago de la prima, y otro para los vinculados a partir de esa fecha, que ya no recibirán esa misma prestación económica. Esta diferencia desconoce las garantías que la Ley 270 de 1996 reconoce a todos los servidores de la Rama Judicial. Es decir, que se podría impactar la situación salarial de otros empleados, explica el Consejo de Estado.Los demandantes, además, sostienen que tampoco hubo un sustento de por qué se tomó esta determinación y así las cosas, los congresistas que se posesionen el 20 de julio de 2026 podrán seguir recibiendo la prima especial de 16 millones de pesos.NOTICIAS CARACOL
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución por la cual el Gobierno autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.El alto tribunal entrará en un periodo de deliberación para emitir un fallo de fondo sobre si tumba esta resolución o decide que esta negociación continúe.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Por qué suspendió provisionalmente las conversaciones con la Segunda Marquetalia? En el auto se señala que la Ley 2272 de 2022 (ley de la paz total) distinguió entre los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOMIL) con quienes se adelantarían negociaciones de carácter político con miras a la paz, y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) con quienes se adelantarían acercamientos para su sometimiento a la justicia y definitivo desmantelamiento. Según la sala, aunque el acto demandado le atribuye a esta organización el carácter de grupo armado organizado al margen de la ley, con el fin de adelantar las negociaciones autorizadas por el legislador, su naturaleza se acoge a la de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto. Esto significa que la ley autorizaba al Gobierno a realizar acercamientos para lograr el sometimiento y desmantelamiento de la Segunda Marquetalia y no a adelantar negociaciones políticas con sus integrantes.Lo anterior, porque “admitir la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz dirigida a lograr pactos de acuerdos de paz con ex miembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos suscritos con el Estado Colombiano, supondría un claro desconocimiento de las garantías y, en especial, del derecho de las víctimas del conflicto armado a la no repetición, consagrado en el inciso 3 del parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política el que dispone: ‘Como aporte a las garantías de no repetición, el Estado colombiano garantizará que los hechos que ocurrieron en el pasado no se repitan, y para ello implementará las medidas referidas en el Acuerdo General de Paz en esta materia. Quienes sean sancionados por graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho Internacional Humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control’”.NOTICIAS CARACOL
A pocos minutos de que abran las urnas en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales, organismos electorales y de control enviaron un mensaje a los colombianos. La primera de ellos fue María del Pilar Bahamón, vicepresidenta del Consejo de Estado, quien pidió que "que esta jornada sea pacífica, que sea una jornada de respeto en la que todos los colombianos podamos ejercer el voto en libertad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El mensaje del Consejo de EstadoBahamón empezó diciendo que "hoy los colombianos decidimos en las urnas el destino de nuestro país para los próximos cuatro años. En ese sentido, el Consejo de Estado reitera a todos los colombianos su compromiso férreo con la defensa y el respeto de la Constitución y la ley, con la defensa de la democracia, con la defensa del estado social de derecho de las instituciones, con la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas, y fundamentalmente con el compromiso de ejercer el control del abuso del poder por parte de todas las autoridades del estado"."El país tiene que estar tranquilo, que tiene jueces y magistrados que están comprometidos con la defensa de la Constitución y de la ley y que, sin pausa como hasta ahora, el Consejo de Estado seguirá defendiendo la institucionalidad y evitando que las autoridades abusen del poder, y ejerciendo día a día y sin pausa, sea cual sea el resultado de estas elecciones, vigilando el cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de las autoridades del Estado sin excepción", agregó.Mensaje del Consejo Nacional ElectoralCristian Ricardo Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral se dirigió a los colombianos resaltando que "tienen que salir a votar con la plena garantía de que estas elecciones son las más vigiladas en la historia de nuestro país. Más de 800 mil jurados, más de 300 mil testigos en las 124 mil mesas le dan garantía a todos los colombianos de que tenemos una democracia, la más fuerte de América Latina, sin lugar duda. Añadió: "Una diferencia política no nos puede costar un amigo, la familia y mucho menos la vida. Hoy la invitación a todos los colombianos es salir a votar en paz. Las instituciones estamos aquí para garantizarles a todos los colombianos que cada voto que depositen en esas urnas va a ser contado con la mayor transparencia y legitimidad. De eso se trata la democracia. Que viva la democracia".Esto dijo la Defensoría del PuebloLa defensora del Pueblo, Iris Marín, comentó lo siguiente: "La Defensoría del Pueblo va a estar hoy desplegando a todas sus personas en las 42 regionales en el país para acompañar este proceso democrático. Tendremos 2.342 personas, funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas, acompañando 2.126 puestos de votación en 408 municipios. Cualquier inquietud que se pueda presentar podrán acudir a la Defensoría del Pueblo para presentarla y la tramitaremos adecuadamente"."Estamos llamando a un mensaje de confianza en las instituciones. Hemos venido trabajando articuladamente durante muchos meses para que este proceso electoral, que hoy culmina con la elección del nuevo presidente de la República, sea un proceso que le dé confianza a toda la ciudadanía. Que todas las personas que salgan a votar tengan tranquilidad de que su voto va a contar y va a ser cuidado por las autoridades", señaló.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, distintos organismos del Estado, autoridades electorales y presidentes de las altas cortes coincidieron en un mensaje común: respetar los resultados que arrojen las urnas y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El llamado se produjo durante una cumbre internacional sobre instituciones y controles, convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que participaron representantes de las altas cortes, organismos de control y autoridades electorales. Durante el encuentro, los voceros insistieron en la necesidad de preservar la institucionalidad y acatar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en materia electoral.Altas cortes se sumaron al llamadoUno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien subrayó que el respeto por los resultados electorales constituye una garantía para la democracia y para la ciudadanía.“Es fundamental el respeto de los resultados porque eso es un respeto a la ciudadanía, es un respeto a las reglas democráticas y eso fortalece la convivencia democrática”, afirmó.El magistrado agregó que la expectativa es que tanto los candidatos como los diferentes actores sociales acaten los resultados una vez sean informados oficialmente por la Registraduría Nacional y luego del escrutinio correspondiente.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, también se refirió a la relación entre el poder judicial y quien resulte elegido presidente de la República.“Lo primero, sin duda, es respetar, acatar las decisiones judiciales y segundo la garantía de los principios y valores constitucionales, en especial lo que tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos fundamentales”, manifestó.Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, recordó que el Gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales, pero está obligado a cumplirlas.“Constitucionalmente el presidente de la República y el gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarlas”, señaló.Además, advirtió sobre la diferencia entre expresar desacuerdos y desafiar la institucionalidad. Según indicó, la legitimidad de las decisiones judiciales se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley.La desinformación fue otros de los temas discutidosEl registrador nacional, Hernán Penagos, enfocó su intervención en los riesgos que representa la circulación de información falsa o sesgada sobre el proceso electoral.“Difundir información sesgada, falsa o difamar no golpea la autoridad electoral, golpea la democracia en su conjunto, golpea la nación que somos todos y todas”, afirmó.Penagos recordó que las autoridades competentes ya adoptaron decisiones y certificaron los resultados de la primera vuelta presidencial mediante los procedimientos establecidos.“Ya las autoridades, jueces y Consejo Nacional Electoral, porque son las competentes, decidieron, entregaron los resultados y los acreditaron en una resolución”, expresó.En ese contexto, sostuvo que corresponde a ciudadanos y servidores públicos aceptar los resultados emitidos por las instituciones electorales, al considerar que forman parte de las reglas propias del sistema democrático.Organismos de control insisten en reducir la polarizaciónEl contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a disminuir el nivel de confrontación política y pidió dar ejemplo desde las instituciones.Durante su intervención dirigió una invitación al presidente de la República para que contribuya a reducir la tensión alrededor del debate electoral.“Yo sí le haría una invitación muy cordial y respetuosa al señor presidente de la República para que lo hiciera y me parece que ese sería un gesto importante más allá de la polarización tan grave que hoy en día tenemos”, señaló.Rodríguez manifestó además su preocupación por posibles descalificaciones hacia los organismos de control y pidió moderar el tono de las discusiones públicas.A su turno, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que las autoridades electorales son las únicas competentes para pronunciarse sobre los resultados y enfatizó que el presidente de la República no tiene facultades para modificarlos o desconocerlos.“Yo no le tengo que pedir nada al presidente, él conoce sus obligaciones”, afirmó.El procurador agregó que el jefe de Estado no tiene atribuciones para proclamar, negar o alterar un resultado electoral ya definido por las autoridades competentes. En ese sentido, sostuvo que el proceso electoral ha seguido su curso institucional y que los resultados corresponden a decisiones adoptadas por los organismos facultados para ello.Además, varios de los participantes respaldaron los llamados realizados por la Iglesia Católica para reducir la confrontación política y promover un ambiente de respeto durante la recta final de la campaña presidencial.Con el país a pocos días de acudir nuevamente a las urnas, las instituciones reiteraron que la confianza en el sistema democrático depende del reconocimiento de las reglas electorales y del respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en la victoria 3-2 sobre Inter de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El volante, que en esta ocasión lleva la número 23, dio la asistencia del tercer tanto verdolaga en la última acción del partido. Como era de esperarse, el estreno del cucuteño generó múltiples reacciones, entre ellas las de sus propio director técnico, Lucas Gonzáles.Al estrate del 'verde paisa' le preguntaron en rueda de prensa sobre el estreno de jugador con pasado en Real Madrid y se regó en elogios. Creo que el legado que ha construido James Rodríguez en el fútbol colombiano, sobre todo a nivel de selección y representándolo afuera, ya es inmenso. Difícilmente se va a igualar en los próximos 50 años. Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, sobre todo yo, de tenerlo desde el rol de entrenador de todos. Fui el más contento al saber que él podía venir acá y de que yo podría ser su entrenador antes de que se retirara. Verlo en directo es diferente a verlo por televisión. Al balón le gusta que él lo consienta; se siente diferente. Decía usted que los compañeros tenían otras opciones de pase y lo buscaban a él. Yo los entiendo: si yo estuviera jugando, haría lo mismo. Ahora solamente lleva cuatro entrenamientos con nosotros. Su último partido había sido con la Selección Colombia, en el Mundial. Hoy vemos, lógicamente, que esa calidad está intacta. Va a aportarle mucho a Atlético Nacional y al fútbol colombiano. Vamos a disfrutar de una bonita aventura el tiempo que él esté con nosotros", dijo con una sonrisa en el rostro. González también se mostró satisfecho, pero busca seguir puliendo la idea que quiere implementar. "La identidad la estamos construyendo desde el juego. Hay muchos aspectos por corregir, pero, si hay algo en lo que hemos hecho énfasis desde que llegamos nosotros, es en lo que significa ser valientes y en lo que te exige una camiseta como esta. Esta camiseta pesa mucho, no es para todo el mundo, y el que se la pone tiene que salir a ganar en cualquier estadio donde estemos. Cada partido tiene sus errores, como hoy, que no me gustó que perdiéramos el control del juego. Después de que remontamos, pudimos controlar mejor el balón y no prestárselo al rival. Armamos un partido abierto innecesariamente", concluyó.
Una convocatoria dirigida a jóvenes de tres ciudades del país busca facilitar el acceso a formación para el trabajo y abrir una posibilidad de acercamiento al mercado laboral. Se trata de 400 becas destinadas a estudiar el programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas, sin costo para los beneficiarios. La convocatoria está dirigida específicamente a personas entre los 18 y los 28 años que ya hayan terminado el bachillerato y que actualmente residan en Bogotá, Medellín o Cartagena.Uno de los requisitos establecidos es no haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje. Esto hace parte de las condiciones definidas para quienes quieran acceder a la formación y posteriormente participar en la etapa práctica. El programa hace parte de Ecolombia, una iniciativa desarrollada por Kuepa con el respaldo de GitLab Foundation. La propuesta contempla una etapa de formación y, posteriormente, la posibilidad de que los estudiantes accedan a prácticas en empresas aliadas.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)¿Qué incluyen las 400 becas para jóvenes?Las personas seleccionadas recibirán una beca que cubre el 100% del valor de la formación como Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas. La capacitación está orientada al área comercial, un campo en el que el programa "busca facilitar el acceso al primer empleo formal de jóvenes en un sector con alta demanda como el comercial y de ventas". Después de completar la formación lectiva, los beneficiarios podrán tener la posibilidad de realizar prácticas remuneradas mediante un contrato de prácticas con empresas aliadas al programa.De acuerdo con la información de la convocatoria, esta etapa busca que los jóvenes puedan sumar experiencia laboral certificada antes de continuar con su trayectoria profesional. "Al finalizar la etapa lectiva, los beneficiarios podrán vincularse a empresas aliadas a través de un contrato de prácticas pago, adquiriendo experiencia laboral certificada. Según cifras del DANE, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo uno de los principales retos del país. Programas como este apuntan a cerrar esa brecha entre la formación y la empleabilidad", se lee en la convocatoria. Requisitos para postularse a las becasLos interesados deben cumplir con cuatro condiciones para poder participar en la convocatoria:Tener entre 18 y 28 años.Ser bachiller graduado.Residir actualmente en Bogotá, Medellín o Cartagena.No haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje.La convocatoria ya se encuentra abierta y los cupos son limitados, por lo que las personas que cumplan con el perfil pueden adelantar el proceso de inscripción.¿Cómo aplicar a la convocatoria?Los jóvenes interesados pueden realizar la inscripción a través de la página dispuesta para la convocatoria o solicitar información directamente por correo electrónico. El formulario y las instrucciones para postularse están disponibles en kuepa.com/ecolombia. También es posible escribir a ecolombia@kuepa.edu.co para conocer información relacionada con el proceso. VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha, juegos de azar que entregan premios a los participantes que acierten las combinaciones sorteadas.Resultado de BalotoNúmeros ganadores: 04 - 17 - 18 - 20 - 26Superbalota: 05El acumulado de Baloto para este miércoles alcanza los $58.800 millones, luego de que el premio mayor no tuviera ganador en el sorteo anterior.La modalidad consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Para conocer si un tiquete resulta ganador, es necesario comparar la combinación registrada con los números oficiales del sorteo.Resultado de Baloto Revancha Números ganadores: 36 -09 - 42 - 02 -30Superbalota: 11En el caso de Baloto Revancha, el acumulado disponible para este miércoles es de $2.200 millones. Esta modalidad utiliza los mismos números seleccionados para Baloto y ofrece una oportunidad adicional de obtener un premio con un sorteo independiente.Para jugar Revancha es necesario participar primero en Baloto. El valor adicional para incluir esta modalidad es de $3.000 IVA incluido, por lo que una apuesta conjunta de Baloto y Revancha cuesta $9.000.Es decir, el jugador realiza su selección para Baloto y, si paga el valor adicional correspondiente, participa también en el sorteo de Revancha con esa misma combinación.Los valores incluyen IVA en los departamentos de Colombia, con la excepción de San Andrés, de acuerdo con la información publicada por el operador.¿Cuándo juega Baloto?Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados.La transmisión del sorteo se realiza entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. por Canal 1. Por esta razón, los jugadores deben esperar a la realización de la jornada para conocer las combinaciones oficiales.¿Qué debe revisar en el resultado?Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar los números registrados en su tiquete con la combinación oficial correspondiente al sorteo.En el caso de Baloto y Revancha, es importante revisar tanto los números seleccionados como la Superbalota, ya que hacen parte de la combinación del juego.Además, se recomienda conservar el tiquete en buenas condiciones y verificar el resultado a través de los canales oficiales del operador.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, imputado junto a otras seis personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, fue detenido este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami (Estados Unidos), donde residía desde hace algunos años, confirmó su abogado Juan Carlos Salazar.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"Hablé con los abogados de él en Estados Unidos, quienes me informaron que efectivamente se trataba de una detención por autoridades migratorias norteamericanas. Todavía no sabemos a qué centro de detención está siendo llevado o fue llevado", dijo Salazar, quien lo defiende en Ecuador. Los rumores de la detención de Jordán surgieron por la tarde, cuando empezaron a circular en redes sociales videos en los que se ve que un hombre muy parecido a él y una mujer, quien sería su esposa, están siendo detenidos por agentes estadounidenses.Sin embargo, su nombre no aparece todavía en la página del Sistema de Localización de Detenidos del ICE. Salazar aseguró que Jordán había solicitado asilo en Estados Unidos y tiene una cita para resolver ese pedido en mayo del próximo año. "Así que su permanencia era legal durante este tiempo", agregó. El abogado también descartó que la detención pudiera estar relacionada con la orden de captura que tiene vigente en Ecuador, ya que, dijo, la alerta roja de Interpol "no estaba activa"."Si bien existe un requerimiento de extradición, eso debe generar un trámite allá y eso no ha ocurrido", aseguró. En octubre del año pasado, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) allanaron la casa de Jordán en Miami por una investigación que en ese momento se señaló como "reservada", pero finalmente no lo arrestaron.Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.En ese caso también están procesados el exministro de Rafael Correa (2007-2017) José Serrano, recientemente deportado de EE.UU.; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Daniel Salcedo, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.Según el Ministerio Público, Jordán fue supuestamente el impulsor del asesinato, que además financió y planificó con el apoyo de los demás implicados. También está imputado en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la covid-19.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La noche de este miércoles 16 de septiembre de 2026 concentra varios de los principales sorteos de lotería y juegos de azar del país. La jornada incluye las loterías de Manizales, Valle y Meta, además de Baloto y Baloto Revancha.Los resultados deben verificarse después de cada sorteo, especialmente porque las loterías tradicionales utilizan número y serie para identificar los billetes premiados.Lotería de Manizales hoyLa Lotería de Manizales realiza este miércoles el sorteo 4973, programado para las 10:30 de la noche. La entidad señala que los resultados válidos son los registrados en el acta oficial del sorteo.Premio mayor: $3.000 millonesNúmero ganador: 0018Serie: 300Además del premio mayor, el sorteo contempla diferentes premios secos. Para comprobar si un billete obtuvo alguno de ellos, es necesario comparar tanto las cuatro cifras como la serie.Lotería del ValleLa Lotería del Valle tiene este miércoles su sorteo 4866, con un premio mayor de $9.000 millones. La jornada también incluye diferentes premios secos y aproximaciones.Premio mayor: $9.000 millonesNúmero ganador: 0188Serie: 142La Lotería del Valle realiza sus sorteos los miércoles en horario nocturno, por lo que los jugadores deben esperar la publicación oficial para confirmar las cifras ganadoras.Lotería del MetaEste miércoles también se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Meta. La jornada corresponde al sorteo 3316.Premio mayor: $1.800 millonesNúmero ganador: 1268Serie: 112Baloto y Revancha hoyLa jornada de juegos de azar se completa con Baloto y Baloto Revancha, que este miércoles realizan el sorteo 2710. Para esta fecha, el acumulado de Baloto es de $58.800 millones, mientras que Revancha llega a $2.200 millones. Resultado BalotoNúmeros ganadores: 04 - 17 - 18 - 20 - 26Superbalota: 05Resultado Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 36 -09 - 42 - 02 -30Superbalota: 11A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto se juega seleccionando cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. ¿A qué hora se conocen los resultados?Las loterías de Manizales, Valle y Meta tienen sus sorteos programados en horario nocturno, alrededor de las 10:30 p.m.. Baloto y Revancha se realizan posteriormente, cerca de las 11:00 p.m. ¿Cómo verificar si ganó?Si tiene un billete de cualquiera de las tres loterías, revise cuidadosamente las cuatro cifras y la serie y compárelas con el resultado oficial.En el caso de Baloto y Revancha, compruebe los cinco números y la Superbalota. Si obtiene un premio, conserve el billete o tiquete original en buen estado y consulte los canales oficiales del respectivo operador para conocer el procedimiento de cobro.Importante: no pondría todavía números ganadores en la nota, porque a la hora de esta actualización las fuentes consultadas aún muestran los resultados del 16 de septiembre como pendientes o incompletos. Esto evita publicar una combinación equivocada. Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co