La Fiscalía General de la Nación dio nuevos detalles este martes del allanamiento a varias de las tiendas de la marca de ropa interior femenina Lili Pink, por un presunto relacionamiento con una red trasnacional ligada a los delitos de lavado de activos y contrabando. Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
"Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal", afirmó la Fiscalía. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, determinó que el lavado de activos tendría una cuantía de 730.000 millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito, más de 430.000 millones de pesos.
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Por otro lado, las aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), estarían avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones. La fiscal obtuvo, ante un juez de control de garantías de Bogotá, varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
Asimismo, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Las diligencias de ocupación de los bienes se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Por último, según la Fiscalía, las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad.
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LAURA VALENTINA MERCADO
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