Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó a través de un preacuerdo su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en el caso de Juliana Guerrero, que iba a ser designada como viceministra de Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro sin cumplir con los requisitos mínimos para el cargo.
El juez de conocimiento avaló el preacuerdo, que contempla una pena de 36 meses de prisión (3 años) en contra del exsecretario general e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 44 meses, por el delito de falsedad ideológica en documento público. (Lea también: Juliana Guerrero no se presentó a audiencia: exsecretario de Fundación San José aceptó falsificación)
¿Cómo aprobó los diplomas falsos de Juliana Guerrero?
Según la Fiscalía General de la Nación, Gutiérrez Martínez, “quien fungió del primero de septiembre de 2020 al 12 de septiembre de 2025 como secretario general de la Fundación de Educación Superior, en ejercicio de las funciones propias de dicho cargo, autorizó la expedición de dos diplomas académicos falsos, de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, más las dos actas de grado correspondientes, todos los documentos con fecha 1 de julio de 2025, mediante los cuales se hizo constar, había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”.
La fiscal del caso explicó que el exfuncionario “tenía un usuario en el sistema, o perfil de administrador, que le permitía realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones, que fue lo que hizo, dado que, pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus dos títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos. Los cuatro documentos en mención, los cuales ya he mencionado, diplomas y actas de grado falsos, fueron expedidos en ejercicio de la autorización conferida por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 412 de 2007. Por tanto, ostentaban forma y firma institucional, tenían la capacidad de crear una situación jurídica concreta, la cual era la acreditación de un nivel profesional y tecnológico con actitud para producir efectos frente a terceros y frente a la administración pública”.
Precisó que el indiciado, “por medio del perfil, quien contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones como aprobación de manera posterior a la anulación, autorizando la expedición con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados pese a que no había presentado las pruebas Saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional y TyT requeridas de manera previa al grado de tecnóloga, tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológicos”.
Por otro lado, la fiscal recordó que “los títulos se expiden por expresa autorización del Ministerio de Educación Nacional, razón por la cual los funcionarios que intervienen en su expedición actúan para efectos penales en condición de servidores públicos por asimilación, por ejercer función pública de manera permanente o transitoria”, razón por la que Gutiérrez Martínez fue condenado.
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POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL