Continúa el proceso en contra de la reconocida marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando. La parte de los procesados reveló hallazgos que cuestionarían la investigación que pone en duda los cargos que les imputó la Fiscalía en pasadas audiencias. Lo más reciente del caso es que el ente judicial había pedido cárcel para Max Abadi, cofundador de la empresa conocido por comercializar ropa interior. Demandas previas y supuesta comercialización ilegal de mercancía decomisada en puntos no autorizados hacen parte de este nuevo capítulo del caso.
Abadi y otras siete personas son señaladas de integrar la supuesta red que habría usado empresas fachada para ingresar mercancías y legalizar millonarios recursos por debajo de cuerda y saltándose los controles. A los procesados se le imputaron los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
Los argumentos de la defensa del caso Lili Pink
Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Camilo Toro Peña, de la firma Riveros Bazzani, expusieron argumentos con motivo de las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, en los que exponen detalles de la investigación que llevaron desde el equipo. “Abusos de autoridad”, demandas y comercialización ilegal en tiendas no autorizadas hacen parte de las revelaciones.
La defensa ha sostenido que no hay muestra de contrabando y es una de las cosas que ratificaron en este comunicado. “Tras analizar más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”. Los litigantes además señalan que las respuestas de la DIAN y la Fiscalía “confirman” que la mercancía entró al país por puertos autorizados, mediante intermediarios vigilados y cumpliendo la normativa aduanera.
Entre las revelaciones también resalta: “Entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la información objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaladas en $54.000 millones. La compañía ratifica que la mercancía contaba con la documentación exigida por la regulación vigente”. Para los abogados, estas acciones se enmarcan en un “abuso de autoridad” que fue demandado por la compañía ante la Fiscalía. También demandó los actos administrativos de decomiso, expedidos por la DIAN, ante el Consejo de Estado.
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A esto se le suma que en 2026, la compañía detectó que la mercancía que le fue decomisada en 2023 estaba siendo vendida ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo a la marca Lili Pink. Por estos hechos se interpusieron dos denuncias penales. La defensa señala que a la fecha la justicia no ha avanzado frente a las denuncias de 2023 y 2026. “Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, afirmó.
Los tres abogados reiteraron que como defensa seguirán actuando para mantener la presunción de inocencia hasta que se esclarezcan totalmente los hechos.
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Por su parte, la Fiscalía reveló una serie de llamadas telefónicas en las que supuestamente Max Abadi habla con Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos de Lili Pink, en las que hablan de supuestas pruebas de polígrafo realizadas a algunos empleados para averiguar quién podría estar filtrando información de la compañía a las autoridades.
María Paula Rodríguez Rozo
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