

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un francotirador, oculto entre los árboles de los cerros del norte de Bogotá, ejecutó a dos de los esmeralderos más poderosos de Colombia que figuraban en una lista negra, en la cual hay 12 nombres de personas vinculadas al negocio. Estos asesinatos selectivos y atípicos han sembrado la duda y la incertidumbre en el sector. Hay quienes dicen que estos eventos podrían ser el inicio de una nueva guerra en Colombia.
La violencia ha golpeado a la nueva generación de líderes del sector y a los herederos de las familias más importantes. Edwin Molina, uno de los líderes de la industria y presidente de Precol (Asociación de Productores de Esmeraldas de Colombia), ha vivido en carne propia la violencia que rodea el negocio desde hace años.
En Los Informantes, Molina relató que los crímenes recientes han revivido el trauma de su pasado familiar. En la entrevista recordó una mañana en la que se disponía a ir al colegio cuando su padre, al recibir la noticia, regresó quebrantado y les gritó: "Nadie sale de la casa hoy".
El más reciente de los crímenes ocurrió el 6 de abril de 2025. La víctima fue Jesús Hernando Sánchez, considerado uno de los hombres más poderosos del gremio y heredero del poder de Víctor Carranza, el llamado ‘zar de las Esmeraldas’. Su nombre aparecía en la lista de los ‘sentenciados a muerte’, salió por unos segundos de su residencia, la cual contaba con puertas y vidrios blindados, cuando un francotirador escondido en un bosque cercano disparó una única bala y acabó con su vida.
Jonathan Sánchez, administrador de empresas, exdiputado de la Asamblea de Boyacá y ahijado de Jesús Hernando Sánchez, estaba con él poco antes del crimen. Compartieron un desayuno largo, por cerca de hora y media, y se retiró sin saber que sería la última vez que lo vería.
Publicidad
Jonathan Sánchez, quien teme por su vida y la de sus tres hijos menores, inicialmente no dio valor a la lista negra, pero tras el asesinato de su padrino, manifestó: "hoy después del asesinato de él yo le doy valor a la lista".
Ocho meses antes, un asesinato idéntico se había presentado en una casa cercana, en el mismo conjunto residencial ubicado en los cerros del norte de Bogotá, un modus operandi nunca visto hasta ese momento en el país. El 7 de agosto de 2024, Juan Sebastián Aguilar, conocido en el gremio como ‘Pedro Pechuga’, fue asesinado por un francotirador, que presuntamente había estudiado sus movimientos durante varios días, mientras compartía con familiares frente a su residencia después de una misa para bendecir su casa.
Aguilar era socio de Hernando Sánchez y había sido jefe de seguridad de Víctor Carranza. También era dueño de Seguridad Oriental, una empresa con contratos de vigilancia privada en varias compañías del sector esmeraldero. Su asesinato fue un golpe duro para el gremio, especialmente para Hernando Sánchez, pues era su compadre y amigo. Este asesinato preocupó a muchos y la estela de violencia no se detuvo.
Publicidad
Además de Sánchez y Aguilar, otra persona mencionada en la lista fue asesinada previamente. Se trata de Jorge Enrique Gómez, ligado al comercio de esmeraldas, quien fue asesinado en 2021 en un parqueadero del centro de Bogotá. Aparecía en la lista como un informante de la DEA.
La temida lista negra fue revelada por el periódico El Tiempo en 2022 y tiene su origen en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Un testigo de la Fiscalía señaló los 12 nombres de personas sentenciadas a muerte, apuntando a una presunta alianza entre el Clan del Golfo y un grupo de esmeralderos condenados por narcotráfico que se encontraban presos.
El presunto cerebro detrás de la lista, según el testigo de la Fiscalía, es Horacio Triana, un poderoso esmeraldero y narcotraficante. Fue condenado a 10 años en Colombia por el intento de homicidio de Jesús Hernando Sánchez en 2012, un ataque donde Sánchez recibió 11 disparos, estuvo dos meses en coma y perdió un ojo y un riñón. Actualmente, Triana se encuentra extraditado y preso en los Estados Unidos por el envío de cocaína a ese país.
La teoría que rodea a Triana, según fuentes, es que este ofrecería una mina de esmeraldas a cambio de que se perpetraran los crímenes. La presunta motivación del grupo detrás de la lista es la venganza por las extradiciones. "Ellos nos culpan por su extradición a los Estados Unidos", asegura Jonathan Sánchez, explicando que el grupo cree que la inversión extranjera que llegó al occidente de Boyacá facilitó la llegada de investigadores americanos, quienes los vincularon al narcotráfico y propiciaron su extradición.
No obstante, esta narrativa es disputada. Eduard Triana, hijo de Horacio Triana y actual Representante a la Cámara por Boyacá, desmintió la validez de la lista negra, argumentando que "eso es más un tema de tergiversar la información, coger investigaciones y tal vez como tratar de vincular personas que no tienen nada y absolutamente nada que ver con las situaciones que están pasando".
Publicidad
Refiriéndose a la condena de su padre por el atentado contra Hernando Sánchez, sostuvo que el suceso estaba "más vinculado a unas situaciones que venían ya como de atrás, que venían ligadas a don Víctor Carranza". Afirmó que su padre ya había cumplido con la justicia en Colombia y estaba subsanando sus pendientes en Estados Unidos.
El panorama se complica con la intervención de las altas esferas del Estado. El presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros, declaró públicamente que Julio Lozano Pirateque está asesinando a los esmeralderos porque quiere apoderarse de las esmeraldas, y que, por alguna razón, cree que el presidente es su enemigo. Sin embargo, esta información genera dudas en el gremio, ya que "no hay un tema claro por parte de la Fiscalía o por parte de algún organismo internacional dedicado al tema del crimen, no sé el FBI o la DEA, que diga 'mire efectivamente hay estos temas'", dice Edwin Molina.
Ante la falta de avances oficiales en la investigación, Jonathan Sánchez se pregunta "¿quién tiene la logística administrativa para hacer una operación de utilizar de contratar, de mover un francotirador y de efectuar un asesinato en plena ciudad de Bogotá, cerca del Cantón Norte del Ejército colombiano?" y considera que el Clan del Golfo estaría detrás de esto.
Publicidad
Aunque el occidente de Boyacá históricamente no ha sido objetivo del Clan del Golfo, esta organización criminal se financia a través de tres rentas ilícitas: narcotráfico, extorsión y minería. La preocupación es alta, pues Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar eran socios de la familia Molina y Carranza en una de las minas más importantes del país, Esmeraldas de Santa Rosa.
Pese a que las autoridades no tienen una posición oficial sobre si las balas provienen de la 'lista negra' o de otras líneas de investigación, el clima es tenso. La industria esmeraldera, que mueve 150 millones de dólares anuales en Colombia, depende de cientos de familias que buscan limpiar el nombre de su actividad.
Historiadores y analistas coinciden en que el conflicto actual es diferente al que azotó la región décadas atrás. Petrit Baquero , historiador y politólogo, sostiene que "en la actualidad no es una guerra verde, o sea yo digo la tercera guerra verde ya se acabó, ahora hay una guerra blanca, por cuenta del negocio de la cocaína".
El negocio de las esmeraldas, mundialmente reconocido por la calidad de la piedra colombiana, ha sido históricamente vulnerable al ingreso de dineros ilícitos. Aunque Edwin Molina asegura que, durante las épocas difíciles de minería, su sector pidió préstamos y consiguió inversionistas, "había otros sectores que sí le abrieron las puertas al narcotráfico y durante esa época empezaron los cultivos en el occidente, se empezaron a encontrar laboratorios".
El narcotráfico ha vinculado a figuras poderosas de la región. Molina explica que la etapa que hoy tiene privados de la libertad a líderes importantes como Horacio Triana, Pedro Rincón, conocido como ‘Pedro Orejas’, Omar Rincón y Gilberto Rincón, es un capítulo que él considera superado en torno a la presencia del narcotráfico en la región.
Publicidad
Sin embargo, la presencia del crimen organizado está impactando la operación legal. La multinacional Fura Gems, que extrajo 240.000 quilates de esmeraldas en bruto solo en 2023, solicitó a la Agencia Nacional de Minería suspender temporalmente sus operaciones debido a los bloqueos, agresiones a trabajadores y el robo de esmeraldas.
Para entender la gravedad del contexto actual, es fundamental recordar el conflicto que asoló la región entre 1980 y 1990, conocido como la ‘guerra verde’.
El epicentro de esa violencia fue el asesinato de Gilberto Molina, abuelo de Edwin Molina y en ese momento el esmeraldero más poderoso de Colombia. El crimen ocurrió el 27 de febrero de 1989, cuando Molina celebraba su cumpleaños número 52 en su finca de Sasaima, Cundinamarca. Un grupo de 25 hombres disfrazados de miembros del Ejército lo asesinó a él, a su socio y a 16 de sus escoltas.
Publicidad
Gilberto Molina se había abierto camino en el convulsionado mundo del llamado 'oro verde' y, a pesar de sus orígenes campesinos, pasó a liderar el negocio junto a su socio, Víctor Carranza. Juntos se afianzaron como las familias más importantes, siendo dueños de la mina más importante del país en aquel momento.
El asesinato de Gilberto Molina fue ordenado por Gonzalo Rodríguez Gacha, capo del Cartel de Medellín, en el momento más álgido de la guerra verde. La violencia de esa época impactó directamente a su familia; Edwin Molina, que tenía 9 años en ese momento, no volvió a clases. Sus padres y tíos lo llevaron fuera del país durante casi un año. "En ese momento yo no volví a ver a mis papás casi durante un año", relató en Los Informantes.
Tras el asesinato de Gilberto Molina y la posterior muerte de Rodríguez Gacha, se logró firmar un pacto de paz en la región en 1990. Este acuerdo, liderado por la iglesia y Víctor Carranza, logró cesar la violencia que había dominado la región por una década.
Hoy, a pesar de que la región busca la paz, la incertidumbre persiste.