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En diciembre de 1993, la noticia de la muerte de Pablo Escobar Gaviria y las imágenes de su cuerpo sobre un tejado le dieron la vuelta al mundo. Fue el final del narco que había instalado el sicariato y el terrorismo para intimidar al país. Su rastro sigue reapareciendo en los momentos más trágicos de la historia colombiana, especialmente cuando se conmemoran los 40 años de la toma del Palacio de Justicia.
El asalto, ejecutado por el grupo guerrillero M-19 en noviembre de 1985, no fue solo un ataque político; se convirtió en el punto de quiebre donde se sospecha que las agendas del narcotráfico y la insurgencia se unieron, impulsadas por un objetivo común: detener la extradición de criminales a Estados Unidos. La investigación de años apunta a que Pablo Escobar no solo deseaba el caos, sino que lo financió con una suma millonaria para garantizar que la justicia colombiana colapsara.
En aquellos años, el tema de la extradición era el gran terror de la élite criminal. El exmagistrado José Roberto Herrera, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad en 1992 para investigar lo sucedido en el Palacio de Justicia, ha sido clave en revelar detalles.
Los magistrados de la Corte Suprema, específicamente los de la sala penal y la sala constitucional, estaban constantemente amenazados por los extraditables. El pánico de los narcos a ser enviados a Estados Unidos era bastante. La intimidación no se quedaba en comunicados o notas periodísticas; era directa y personal. El exmagistrado recordó en Los Informantes cómo el capo ejercía una presión imposible sobre las cabezas de la justicia:
"Pablo Escobar llamaba directamente a los magistrados de la Corte diciéndole dónde estaban sus hijos", relató.
El 6 de noviembre de 1985, el día en que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, ocurrió una "coincidencia": la única sala que estaba reunida era la sala constitucional. ¿Y qué tema discutían? Estaban reunidos porque esa sala debía decidir la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos.
Este hecho no pasó desapercibido para los investigadores. Aunque existía una división dentro del M-19, pues algunas personas no eran partidarios ni del narcotráfico ni de la lucha contra la extradición, pero otros sí, el interés de Escobar en frenar el tratado y la presencia del M-19 en el Palacio se entrelazaron. La evidencia recopilada por la Comisión de la Verdad y los testimonios de exnarcos, guerrilleros y militares señalaron el contacto frecuente con el jefe mafioso de Medellín.
La investigación del exmagistrado Herrera, basada en el rigor de años de trabajo, apunta a que el dinero de Pablo Escobar sirvió para garantizar el ataque. La toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla M-19 tenía como uno de sus objetivos principales la inconstitucionalidad del tratado de extradición.
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Herrera afirmó que existen elementos suficientes para señalar a Escobar como el principal financiador del asalto.
"Está la versión directa de que ellos financiaron la toma para que tuvieran armas o tuvieran algún apoyo en ese sentido y se dice que la suma fueron 2 millones de dólares", señaló.
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Esta inyección de dinero, que según los reportes alcanzó los 2 millones de dólares, habría servido para comprar armas o apoyo logístico al grupo guerrillero.
Más allá de los testimonios, la presunta conexión entre el Cartel de Medellín y el M-19 quedó registrada en un objeto físico: una libreta.
El periodista Andrés Carmona en su libro ‘Palacio de Justicia desclasificado’ descubrió que una libreta hallada en un allanamiento contenía los nombres de varios de los magistrados que terminaron muertos en esa triste tarde de noviembre hace 40 años.
La toma del Palacio de Justicia fue uno de los puntos más oscuros de su guerra contra el Estado.
El capo fue el responsable de la matanza indiscriminada de jueces, magistrados, policías, periodistas, y pasajeros de aviones, además de ordenar el asesinato de candidatos presidenciales.
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Su influencia y su fortuna fueron inmensas. La revista Forbes estimó su riqueza en $3.000 millones de dólares en 1987, lo que le permitió comprar la Hacienda Nápoles y llenarla de animales exóticos, así como llegar a ser congresista. Imponía sus propias reglas, incluyendo un impuesto de guerra a sus socios.
El fin de su reinado de terror llegó el 2 de diciembre de 1993, hace 32 años. Aunque llegó a amasar una gran riqueza, se afirma que murió pobre después de haber gastado su fortuna en la guerra contra el Estado. Escobar pretendía tomarse la sociedad entera, pero terminó cooptado por el Estado y abatido con un tiro en la cabeza sobre un tejado en Medellín, dejando un amargo legado.