Una corte penal de El Salvador absolvió a cinco militares vinculados con el abuso de una niña en 2023, mientras que un sexto acusado enfrentará un juicio, según informaron medios locales.
Los periódicos salvadoreños, como La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, citando fuentes judiciales y fiscales, indicaron que el Juzgado Primero de Instrucción de la localidad de Santa Tecla emitió el fallo tras finalizar la etapa de instrucción, por lo que únicamente el principal señalado iría a juicio.
EFE preguntó a dos enlaces de prensa de la Fiscalía para confirmar o desmentir la información, pero no se recibió respuesta.
Los militares absueltos podrían seguir en detención y vinculados al proceso si la Fiscalía apela la decisión y una cámara revierte la decisión.
La Fiscalía salvadoreña acusó a los seis militares de privación de libertad agravada, violación y agresión sexual en menor agravada, lesiones y amenazas.
De acuerdo con el relato oficial, los militares intervinieron a un grupo de víctimas en la localidad costera de Mizata, departamento de La Libertad, y el jefe de la patrulla "separó a la víctima hacia otro lugar en el cual perpetró delitos de naturaleza sexual".
El papel del resto de militares habría sido el de "obstaculizar que las demás personas intervinieran para evitar el cometido".
En 2023, la Fiscalía acusó al sargento Héctor Ovidio Alvarado como autor principal al "llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusa sexualmente, mientras los demás agentes de la Fuerza Armada se quedan amenazando y golpeando a las demás víctimas".
Años después del final de la guerra civil (1980-1992), los gobiernos destinaron al Ejército en labores de seguridad y en la actualidad son miles los que patrullan las calles, junto a elementos de la Policía Nacional Civil.
Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno y entre los hechos generadores se encuentran el acoso y el abuso sexual.
Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido entre 2022 y 2023 han denunciado amenazas (18,4%), vigilancia (17%), detención arbitraria (16,6%) y malos tratos y tortura (14,8%) por parte de policías y soldados.
Además, entre las vulneraciones que estas personas han denunciado ante las organizaciones se encuentra el acoso sexual (2,2%) y abuso sexual (0,9%).
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