Saab fue detenido el pasado día 12 en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en África, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene ahora un plazo de 65 días, que cuenta a partir del 12 de junio, para responder a la petición estadounidense.
"La respuesta de la PGR consistirá en una opinión judicial legalmente justificada que se dirigirá al Gobierno de Cabo Verde, que tomará su decisión", explicó la misma fuente, próxima al proceso.
Sin embargo, agregó, "la decisión final recaerá en sede judicial, en el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, que opera en la isla de San Vicente, y la defensa también puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ)".
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INDEPENDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE CABO VERDE
La fuente se mostró "un poco preocupada por la politización del caso por los abogados de Álex Saab en la prensa caboverdiana", por temor a que pueda "condicionar la opinión de los tribunales de Cabo Verde, que no aprecian ninguna interferencia política en su acción".
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El Ejecutivo caboverdiano -subrayó- ha mantenido una posición de "distanciamiento total en relación con este caso", permitiendo que el Poder Judicial haga su trabajo con independencia.
Aunque se mostró confiada en que la decisión final debería ser favorable a la extradición, la fuente dejó abierta la posibilidad de una sentencia judicial en contra y, en ese caso, Estados Unidos "sabrá comprender" ese fallo porque conoce que en Cabo Verde "los tribunales actúan de manera independiente (...), sin interferencia del poder político u otros intereses".
Sobre los aspectos diplomáticos del caso, matizó, "Estados Unidos no ha intentado influir en la decisión a su favor", mientras que "la presión de Venezuela ha sido intensa".
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.
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Este lunes, la defensa de Saab presentó ante el STJ un nuevo habeas corpus (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando el "encarcelamiento ilegal" de su cliente.
El STJ desestimó la semana pasada pronunciarse sobre otro habeas corpus interpuesto por Saab para lograr su liberación, arguyendo la "inutilidad" de ese procedimiento legal para adoptar su decisión.
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La defensa buscaba que se anulara un fallo de un tribunal de la norteña isla de Sal, que dictó prisión preventiva para el presunto testaferro este 14 de junio.
La prisión preventiva fue confirmada después por una instancia superior, el Tribunal de Apelación de Barlavento en la isla septentrional de San Vicente, de ahí que el STJ rechazara decidir acerca del habeas corpus.
El abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, declaró recientemente que el empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde".
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
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SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE. UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Su detención acaeció después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que "harían parte del patrimonio ilícito" de Saab.
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Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
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