Seis personas murieron, dos de ellas, agentes de la Guardia Civil española, y otras tres resultaron heridas de gravedad este martes, 19 de marzo de 2024, al arrollar un camión un control contra el narcotráfico que había instalado el instituto armado en la autopista entre Cádiz y Sevilla, sur de España.
El siniestro, cuyas causas, según las primeras hipótesis de la Guardia Civil, son accidentales, ocurrió de madrugada, cuando un camión articulado colisionó contra varios vehículos en un control policial.
Al parecer, el conductor del camión, al recibir señales de los agentes, maniobró bruscamente desviándose hacia el arcén y arrollando a los tres primeros vehículos de la Policía y a otros turismos que estaban dentro del dispositivo.
El conductor, un español de 59 años sin antecedentes que resultó ileso al igual que su acompañante, de 36, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y fue detenido por seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia y tres de lesiones graves por imprudencia.
Pocas horas después, el juzgado de guardia ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor del camión que transportaba frutas y hortalizas.
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Los otros cuatro fallecidos tenían entre 53 y 20 años de edad y se encontraban dentro de tres turismos particulares parados en el control, según informó la Guardia Civil a los periodistas en el lugar de los hechos.
Además, hay cinco heridos, tres de ellos se encuentran graves, que son guardias civiles.
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Tanto fuentes de la Guardia Civil como de la Dirección General de Tráfico (DGT) descartan, por el momento, que el atropello fuera intencionado.
Más bien consideran como posible causa una distracción o somnolencia del conductor, pero será la investigación que lleva a cabo el Subsector de Tráfico con el Equipo de Reconstrucción de Accidentes la que aclare lo sucedido.
Los dos guardias civiles fallecidos son Eneko Lira Gómez, de 36 años, y Juan Jesús López Álvarez, de 34.
Las asociaciones de guardias civiles lamentaron el accidente y aprovecharon para señalar que la muerte de los dos agentes vuelve a constatar la necesidad de que su trabajo sea declarado como una profesión de riesgo.
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