Canal en Nicaragua podría dejar a Centroamérica sin agua potable

Una asociación internacional de conservación y biología tropical llamó al gobierno nicaragüense a suspender la creación del Canal Interoceánico en Nicaragua por el riesgo que corre Centroamérica de quedarse sin agua potable si se construye esta obra que pretende competir con el Canal de Panamá.

"El Lago Cocibolca es vital para la seguridad alimentaria de la región y es fundamental para cumplir con las necesidades futuras del desarrollo y de la agricultura de la zona semiárida y densamente poblada del Pacífico de Centroamérica", indicó en un comunicado una resolución la Asociación para la Biología Tropical y la Conservación (ATBC), la mayor organización científica mundial dedicada al estudio, protección y uso sostenible de los ecosistemas tropicales.

"Los impactos combinados del proceso de construcción del canal y de los derrames accidentales de petróleo de buques oceánicos que utilizarían la ruta del Canal podrían tomar décadas para remediar y obstaculizarían el uso del agua del lago para beber, la pesca, el riego y el turismo", añadió el documento.

Por ello el grupo recomienda al gobierno del presidente Daniel Ortega "suspender toda actividad relacionada con la construcción del Canal y sus sub-proyectos" hasta que se concluyan "estudios independientes" sobre su impacto.

El gobierno de Nicaragua otorgó en junio de 2013 el proyecto de construcción del Gran Canal Interoceánico, que conectaría el Pacífico con el mar Caribe por el lago Cocibolca, a la empresa de capital chino HKND Group que prevé iniciar la obra en diciembre de este año con un coste estimado de 50.000 millones de dólares.

La resolución de ATBC detalla el peligro que representa para el ecosistema la excavación de 278 kilómetros (172,8 millas) de tierra, lago, humedales y ríos, incluidas siete áreas protegidas y la mayor reserva de agua potable de Centroamérica.

"El Canal causaría impactos sustanciales en la calidad del agua y su distribución", afirmó el documento, y agregó que el Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale y el Índice de Desempeño Ambiental han identificado a Nicaragua como un país con "estrés hídrico", lo que significa que el volumen de agua disponible para la población es inadecuado, al ubicarlo en la posición 136 de los 163 países estudiados sobre la escasez de agua.

De igual forma, ATBC pidió al gobierno nicaragüense que vele por el cumplimiento de los tratados internacionales para proteger a los pueblos indígenas y que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la UNESCO a realizar "una revisión científica, exhaustiva, transparente e independiente", sobre las consecuencias ambientales y sociales del Canal así como sobre la legalidad de la concesión otorgada a la HKND.

El científico Jaime Incer Barquero, quien es asesor del presidente Daniel Ortega para Asuntos Ambientales, coincidió con la organización internacional en la necesidad de hacer estudios que determinen en profundidad cómo se verá afectado el ecosistema.

"Se perdería la potabilidad del agua, es una pérdida no solamente para el país si no para Centroamérica, porque se cancela toda posibilidad de abastecer a las poblaciones de este líquido vital que cada día es más escaso", afirmó. 

HKND Group y la Comisión del Gran Canal de Nicaragua indicaron que los estudios de impacto ambiental estarían listos en octubre. Telemaco Talavera, vocero de la Comisión, no quiso pronunciarse de momento sobre las recomendaciones dirigidas al gobierno por parte ATBC.

Por otra parte, en las últimas semanas se han registrado nueve marchas contra la construcción del Canal en diferentes municipios ubicados en su ruta, cuyos habitantes temen ser expropiados.

"Ojala los inversionistas piensen en lo que representa construir esta mega obra en un país donde hay tanto descontento social, tanta inseguridad jurídica y donde obviamente no hay un respaldo que justifique social, económicamente y financieramente el éxito de esta obra", añadió Incer.

Un censo elaborado de septiembre a octubre de este año por HKND Group en la ruta trazada para el Canal indicó que unas 7.000 familias que suman más de 29.000 personas serían afectadas por el proyecto. Los datos fueron descalificados por los organismos que apoyan a los detractores que consideran que las cifras son "superficiales".