La justicia venezolana admitió una apelación contra la condena de casi 14 años de cárcel que cumple el dirigente opositor Leopoldo López, informó su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, quien anunció que la primera audiencia será el 20 de junio.
"El recurso presentado por la defensa ha sido admitido con los argumentos sólidos e irrebatibles para su legítima procedencia. Esa admisibilidad trae una convocatoria a una audiencia oral que debe ser pública y que va a ser celebrada el día 20 de junio", dijo el jurista a periodistas.
La Sala I de la Corte de Apelaciones de Caracas aceptó una impugnación a favor de López, en prisión desde el 18 de febrero de 2014, cuando se entregó tras ser acusado de instigar la violencia en las protestas ocurridas entre febrero y mayo de ese año, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos.
Gutiérrez pidió a la Corte que "haga una revisión jurídica del caso, ponga orden legal al mismo y dicte una sentencia de carácter absolutorio".
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Aseguró que el líder opositor, condenado en septiembre de 2015, podría estar presente en la audiencia inicial.
El abogado de López denunció que fueron incumplidos los lapsos procesales establecidos en la ley venezolana, pues el recurso de apelación fue presentado el 16 de octubre de 2015 y, desde entonces, "se encontraba paralizado".
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Gutiérrez considera que en la decisión judicial puede haber influido la resolución aprobada el miércoles por la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar "un diálogo abierto" entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
"La celebración de un juicio oral" y "la necesidad de que se dicte una sentencia justa" son, a su juicio, "elementos fundamentales que tendrán incidencia directa" en los debates de la OEA sobre Venezuela.
La condena contra López ha sido criticada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien considera al encarcelado dirigente "un preso político".
El Parlamento, controlado por la oposición, aprobó en marzo una ley de amnistía para políticos presos, entre ellos López, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que los opositores acusan de servir al gobierno chavista, la declaró ilegal.
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