Con nuevas movilizaciones en Guatemala los ciudadanos reclamaron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, luego de las protestas del sábado donde quemaron la sede del Congreso.
El descontento creció tras aprobarse un presupuesto que no contempla aumentos en las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público.
"Guatemala llora sangre, el pueblo ya está harto hemos vivido pisoteados por más de 200 años", dijo un manifestante.
Sobre este presupuesto, Giammattei explicó el viernes: "nos planteamos la reducción de gastos de funcionamiento, enfocando esos recursos para la atención de las prioridades de país. Además, de reducir el déficit fiscal y como resultado, un menor endeudamiento".
En contexto:
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El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que anteriormente se desmarcó de su presidente y le reclamó la dimisión, pidió este domingo al Ministerio Público que investigue la quema de oficinas del Congreso, pero también la represión policial.
"Es urgente que el Ministerio Público abra investigación seria sobre lo ocurrido. Son claros los hechos vandálicos y también el uso excesivo de fuerza policial", indicó.
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El viernes, Castillo ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país".
Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller, Pedro Brolo.
El presidente, en el poder desde enero, hasta el momento ha guardado silencio, pero el ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, en un mensaje la noche del sábado criticó los hechos violentos en el Congreso y dijo que van a capturar a los responsables de la quema del Congreso.
"No más corrupción"
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Portando banderas azules y blanco del país y con pancartas en las que podía leerse "No más corrupción", "Fuera Giammattei" y "Se metieron con la generación equivocada", los manifestantes llenaron la plaza central frente al antiguo palacio de gobierno.
El país, donde se suceden casos y denuncias de corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del entonces presidente Otto Pérez en el marco de un caso de defraudación aduanera.
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La indignación responde también a la opacidad en el manejo de los recursos utilizados para enfrentar la pandemia de coronavirus así como al rechazo a la creación de un superministerio que encabezará un joven cercano al mandatario.
El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos.
El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido duramente criticada por su vicepresidente, la oposición y sectores sociales que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los grupos afectados por los confinamientos.
Según datos oficiales, el COVID-19 dejó casi 120.000 contagios y más de 4.000 muertos en este país de 17 millones de habitantes.
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"Hartazgo y repudio"
Las llamas del palacio Legislativo se veían desde la calle. La Cruz Roja atendió a varias personas por intoxicación, dijo a la prensa Andrés Lemus, vocero del organismo.
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La policía capturó a casi 40 personas, entre ellos dos menores de 18 años, y casi medio centenar fueron hospitalizadas por heridas, uno de ellos en estado grave.
Los uniformados lanzaron asimismo gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos de la plaza donde había decenas de niños, sembrando el pánico.
"Estamos cansados, no hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo, estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades", aseveró una manifestante que tampoco se identificó.
El presupuesto
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El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó esta semana un presupuesto para 2021 de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año.
La mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentos en las partidas de salud ni de educación, ni tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
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El 59,3% de la población vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años.
Además, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.
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