Nueva York busca prohibir colaboración de policías con ICE: "Han llevado a cabo actos de violencia"

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó este viernes 30 de enero un proyecto de ley que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías del estado. Hochul propuso la iniciativa 'Policías Locales, Delitos Locales' para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente, Donald Trump.

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Esta norma, de ser aprobada, también prohibirá al ICE utilizar centros de detención locales para llevar a cabo operativos masivos contra la población del estado. Según la gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en "mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo del ICE".

"Durante el último año, los agentes federales de inmigración han llevado a cabo actos de violencia indescriptibles contra los estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos, y el uso de los agentes de policía locales como arma para hacer cumplir las leyes de inmigración civil, no se tolerarán en Nueva York", afirmó la gobernadora demócrata.

Además, esta normativa busca recuperar la prohibición, revertida por el Gobierno federal, de aplicar la política de inmigración civil en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios de culto. La propuesta de la gobernadora lo recupera y añade que tampoco puedan entrar en los hogares sin una orden judicial. La legislación también brindará a los neoyorquinos "una vía clara" para demandar a los funcionarios federales cuando se violen sus derechos.

La ONG Legal Aid Society, la organización más antigua y más grande de EE. UU., celebró la propuesta por ser "un paso positivo para proteger a los inmigrantes neoyorquinos de la injusta extralimitación federal". "Estas medidas refuerzan las protecciones constitucionales existentes que exigen una orden judicial para que el ICE pueda entrar en estos espacios", apuntó la organización.

El despliegue ordenado por Trump de los agentes federales en ciudades y estados, mayoritariamente demócratas, es uno de los mayores objetos de conflicto entre el Gobierno federal y las autoridades locales y estatales. Especialmente desde que dos personas perdieron la vida en Mineápolis, en el estado de Minnesota, este mes de enero tras recibir disparos por parte de agentes federales cuando protestaban contra el operativo.

Vea: Revelan video registrado por agente del ICE momentos antes de asesinar a mujer en Mineápolis

El plan del Gobierno de EE. UU. de usar bodegas para detener migrantes

El Gobierno Trump inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg. Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de "centros de procesamiento y megacentros de detención". A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades. De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes. El DHS también tiene planes para convertir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

Para cumplir su promesa de llevar a cabo la "mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos", Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como "Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos". Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE. UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes. Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por "homicidio" en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones "inhumanas", agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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