
La familia de Michelle Cobo, una joven de 20 años que falleció en 2016 tras someterse a una cirugía estética en Quito, denunció que la reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia de declarar prescrita la acción penal por homicidio culposo en su caso deja el crimen en la impunidad y borra la posibilidad de que los responsables cumplan sus condenas.
Michelle murió después de contraer una grave infección por vibrio vulnificus, una bacteria conocida popularmente como “come carne”, que desencadenó septicemia y posteriormente un paro cardíaco. De acuerdo con las investigaciones, la causa de la contaminación habría sido una deficiente asepsia en la sala quirúrgica de la clínica donde se realizó la intervención.
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En 2019, los médicos Hugo T.C. y Carlos H.B. fueron condenados a cuatro años de prisión, pena que más tarde se amplió a seis años y ocho meses. La entonces gerente del centro médico, María M.J., recibió una sentencia de tres años. Sin embargo, con la declaración de prescripción, ninguna de estas penas podrá ejecutarse.
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Para la familia, la resolución es una muestra de cómo los vacíos legales y las tácticas dilatorias pueden favorecer a los condenados. “La prescripción no es justicia, es un premio a la estrategia del desgaste. No se trata de personas absueltas por falta de pruebas, sino de sentenciados que evadieron su responsabilidad”, señaló el padre de la joven en un comunicado.
Los Cobo Vallejo recordaron que tanto Hugo T.C. como Carlos H.B. ya habían enfrentado otro proceso por homicidio culposo debido a mala práctica profesional, en un caso que también terminó con la muerte de una paciente.
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