Hallan más fosas comunes en zona donde desparecieron estudiantes en México

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, dijo en rueda de prensa que las autoridades aún rastrean las cuatro nuevas fosas y aún no se determina ni el número de cuerpos ni si verdaderamente corresponden a las de algunos estudiantes desaparecidos.

Hasta ahora se habían encontrado cinco fosas en la localidad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, de donde se han recuperado 28 cuerpos, aunque tampoco se ha conformado si son a cuerpos de los estudiantes.

El funcionario dijo que ahora el número de detenidos es de 34. No quiso identificar a los últimos cuatro arrestados, aunque precisó que no eran policías ni estudiantes.

"Nos llevaron a un lugar en donde encontramos cuatro fosas en donde a decir de estos detenidos, a decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de los estudiantes asesinados", señaló.

Interrogado sobre cuánto tiempo más podrían tardar en identificar a los restos, el procurador señaló no tener certeza por las dificultades que representa.

"Es una identificación difícil, porque fueron calcinados", dijo.

Agregó que tampoco se ha podido determinar el móvil, aunque se tienen abiertas varias líneas de investigación, de las cuales no habló.

Horas antes, la Procuraduría de Guerrero informó la detención de 4 policías más por su presunta participación en los recientes ataques en contra de estudiantes de magisterio que dejaron 6 muertos, 25 heridos y la desaparición de los 43 alumnos, en un caso que ha desatado la indignación dentro y fuera de México.

El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo en rueda de prensa que con los cuatro agentes detenidos suman 26 policías de la municipalidad de Iguala arrestados, además de cuatro presuntos integrantes del cartel de las drogas Guerreros Unidos.

Afirmó que aún buscan a otros agentes, incluido el jefe de la Policía de Iguala, donde el fin de semana se encontraron fosas clandestinas con 28 cadáveres que aún son sometidos a pruebas para ser identificados, pero que algunos temen sean de algunos de los estudiantes desaparecidos.

Su oficina, añadió, también ha presentado una solicitud al Congreso estatal para que le quiten el fuero al alcalde José Luis Abarca, que mientras lo tenga impide a las autoridades procesarlo.

Blanco dijo que el alcalde, a quien las autoridades declararon prófugo durante el fin de semana, tenía "la obligación jurídica" de evitar los ataques, debido a que era el jefe de la policía, pero en su lugar decidió continuar con sus actividades la noche del 26 de septiembre cuando sucedieron los hechos.

"Prefirió seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir", manifestó el procurador.

"La Fiscalía estima que se encuentra debidamente acreditado que teniendo la calidad de garante, el señor Abarca Velázquez fue omiso (sic) en su deber dejando a merced de elementos de seguridad pública a las hoy víctimas", añadió.

Los 43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México, tras el ataque el 26 de septiembre de policías municipales a los autobuses en los que viajaban.

Los jóvenes habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar a la normal la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales.

De repente, se oyeron disparos a una docena de cuadras y la gente huyó despavorida del miedo. Algunos piensan que ambos incidentes están relacionados pero funcionarios federales dijeron el martes que aún no tienen una explicación sobre lo ocurrido ese 26 de septiembre.

Durante el discurso, hombres vestidos de civiles, de apariencia ruda, habían estado custodiando a Pineda Villa, una mujer que, según las autoridades, tiene familiares con vínculos con el crimen organizado. Funcionarios federales y estatales han acusado a la Policía de Iguala de estar infiltrada por miembros de Guerreros Unidos.

El procurador estatal dijo que hasta ahora, sin embargo, nadie ha presentado alguna denuncia contra la esposa.

En los últimos días, miembros del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) -al que pertenecía el alcalde hasta hace unos días cuando fue expulsado- aseguraron que autoridades federales fueron alertadas del posible involucramiento de Abarca con el crimen organizado y con el asesinato de un activista.

Murillo, uno de los que supuestamente supo, dijo que un miembro del PRD, René Bejarano, le mencionó el posible vínculo del alcalde con el crimen de un activista y que le pidió elementos de prueba, las cuales nunca recibió.

"Evidencias no había, desde luego versiones, rumores", explicó Murillo a corresponsales extranjeros esta semana. "No puedo trabajar por sospechas, tengo que trabajar con evidencias", justificó.

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