Japón ejecuta al "asesino de Twitter", el hombre condenado por desmembrar a nueve personas

Japónejecutó este viernes al hombre conocido popularmente como "asesino de Twitter", que asesinó y descuartizó a nueve personas en 2017 en su apartamento en el sur de Tokio, a donde las atrajo después de que las víctimas manifestaran pensamientos suicidas en redes sociales, adelantó la cadena pública NHK citando a fuentes gubernamentales. Takahiro Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte por asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las víctimas en su entonces domicilio en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa. Las víctimas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de 2017.

El Ministerio de Justicia japonés dijo este viernes que el caso había causado "gran conmoción y ansiedad en la sociedad con la pérdida de nueve valiosas vidas humanas para satisfacer las propias necesidades sexuales y económicas" del ejecutado. "La sentencia de muerte se ejecutó tras un juicio exhaustivo. A la luz de los hechos expuestos, he ordenado la ejecución tras la máxima consideración. La pena de muerte es un castigo extremadamente grave que priva de la vida a una persona, por lo que, por supuesto, debemos abordarla con cautela", añadió el ministro, Keisuke Suzuki.

Shiraishi fue ejecutado en la mañana de este viernes en el centro de detención de la capital en el que se encontraba recluido y en la que supone la primera ejecución en el país asiático desde julio de 2022 y después de que tomara posesión el primer ministro Shigeru Ishiba. Su abogado y principal defensor en el caso, Akira Omori, dijo tras la misma que "es repentina" y pidió tiempo para reflexionar al respecto, según declaraciones recogidas por la cadena estatal. Durante el juicio, el principal punto de debate entre la acusación y la defensa fue si el acusado obtuvo consentimiento de las víctimas. La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte, alegando que su defendido solo era culpable de homicidio con consentimiento, porque tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que habían intercambiado con anterioridad.

El testimonio de Shiraishi, en el que señaló que los fallecidos se resistieron al estrangulamiento, contribuyó a desmontar su defensa. También el hecho de que les robara dinero y agrediera sexualmente a las víctimas femeninas, según detalles recogidos por NHK y la agencia de noticias Kyodo.

Shiraishi contactó a sus víctimas femeninas a través de Twitter (ahora X) y las atrajo a su domicilio con ofertas para ayudarlas a morir. El único hombre asesinado era la pareja de una de las mujeres a las que había matado con anterioridad, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia.

La policía descubrió los asesinatos en 2017 luego de investigar la desaparición de una mujer de 23 años que, al parecer, había publicado en la red social que quería suicidarse. Su hermano accedió a su cuenta de Twitter y condujo a la policía a la vivienda de Shiraishi, donde los investigadores se encontraron con una casa de los horrores: 240 trozos de restos humanos escondidos en cajas, cubiertos con arena de gatos para esconder el olor a putrefacción. En el domicilio encontraron tijeras, cuchillos, una sierra y otras herramientas de carpintería.

Durante el juicio, Shiraishi declaró que no tenía intención de apelar la sentencia, incluso si se trataba de la pena capital. Con la ejecución de este viernes, el número de presos condenados a muerte en centros de detención en todo Japón es de 105, de los cuales, 49 personas buscan un nuevo juicio o una repetición del mismo.

Japón y Estados Unidosson los únicos dos países del G7 donde sigue aplicándose la pena de muerte, un castigo que cuenta con una amplia aceptación de la sociedad nipona, según encuestas. Hubo una ejecución en 2022, tres en 2021, tres en 2019 y 15 en 2018, detalló el Ministerio de Justicia a AFP.

Las ejecuciones en Japón siempre se practican por ahorcamiento. En el país hay alrededor de un centenar de reos en el corredor de la muerte. El apoyo de la población a este castigo es elevado. Una encuesta encargada por el Gobierno en 2024 entre 1.800 ciudadanos señaló que un 83% de ellos considera "inevitable" la pena capital.

Aunque la ley estipula que la ejecución debe aplicarse en un plazo máximo de seis meses después de la sentencia definitiva, muchos reos pasan años o incluso décadas esperando. Además, a menudo los presos no son informados de la ejecución hasta el último momento, habitualmente con pocas horas de antelación. Pese al apoyo a esta práctica, el sistema y la falta de transparencia del gobierno a la hora de aplicar esta pena son criticados.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE y AFP