Maduro invita a militares y milicianos a la insurrección si oposición busca “golpe de Estado”

El presidente de Venezuela anunció la expansión de las milicias a 500.000 hombres con su “fusil garantizado”.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes la expansión del cuerpo de milicia, conformado por civiles armados, a 500.000 miembros con su fusil "garantizado".
"He aprobado al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos", dijo el mandatario en un acto militar, en las afueras del Palacio de Miraflores.
Ante miles de miembros de la Milicia, el presidente prometió garantizar, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), "un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana".
Maduro presidió un acto en homenaje a ese cuerpo creado en 2010 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) como apoyo a la FANB. El gobierno lo define como el "pueblo en armas", mientras la oposición lo considera una "guardia pretoriana" entregada a la ideologización de la sociedad.
Maduro precisó que se estaba cerca de los 500.000 milicianos, pero con la meta de "ir a la organización y entrenamiento de un millón de milicianos y milicianas organizados, entrenados y armados para defender la paz, la soberanía y la independencia de la patria".
Entre aplausos, el presidente pidió "garantizar el entrenamiento permanente de los milicianos".
"Su despliegue permanente, su habilidad para manejar el sistema de armas, para defender su barrio, su territorio, su estado (...) las ciudades y los pueblos de esta Venezuela que tiene que ser un territorio inexpugnable para cualquier agresión imperialista", subrayó.
Con 165.000 efectivos y un vasto poder político y económico, la Fuerza Armada reafirmó su lealtad a Maduro, cuando la oposición sale a las calles a pedir que se convoquen elecciones.
"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana preserva su unidad monolítica, granítica, y ratifica su lealtad incondicional al señor presidente", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el acto militar.
"Grosera injerencia"
Demostraciones de fuerza del Gobierno ocurren en vísperas de la marcha que realizarán sus adversarios el miércoles, cuando se conmemora el primer grito independentista venezolano, para exigir elecciones y respeto a la autonomía del Parlamento, único de los poderes públicos controlado por la oposición.
Para la oposición, una salida del chavismo del poder es la única forma de resolver la grave crisis política y económica del país, pero Maduro descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018.
Oposición promete que el miércoles será "la mamá de las marchas", pero el oficialismo también asegura que ese día colmará las calles de Caracas.
La ola de protestas, que deja cinco muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, estalló el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara las funciones del Parlamento y levantara la inmunidad de los diputados.
Aunque los fallos fueron anulados parcialmente tras fuerte presión internacional, la oposición se revitalizó y no cede en las protestas, que Maduro asegura promueven un "golpe de Estado".
Once países latinoamericanos pidieron este lunes a Venezuela que "garantice el derecho a la manifestación pacífica" y lamentaron las muertes en las manifestaciones.
En un comunicado, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay pidieron que "se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela".
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó en Twitter la "grosera injerencia" de esos países que, aseguró, avalan la "violencia vandálica de la oposición". 
Padrino López acusó a la dirigencia opositora de ejecutar, con apoyo de grupos de "la derecha extrema" en el exterior, una "agenda criminal" que incluye "actos terroristas, disturbios, saqueos, vandalismo".
La oposición y ONGs han denunciado una "fuerte represión", con bombas lacrimógenas, perdigones e incluso armas de fuego. El ministro rechazó la acusación señalando que es obligación del Estado restituir "el orden público".