Nicaragua niega la extradición de Carlos Ramón González y le concede asilo político

Fuentes del Gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que Nicaragua negó la petición de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) involucrado en el escándalo de la UNGRD, y le dio asilo político, solicitada por el exfuncionario. Según las autoridades de ese país, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".

La solicitud de extradición se había hecho inicialmente por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ya que el exdirector del Dapre, quien viajó a Nicaragua en noviembre de 2024, renovó su residencia en ese país con la ayuda del poder Ejecutivo pese al proceso en su contra. Para la fecha del viaje, González ya había sido nombrado en los testimonios de los testigos como un articulador de la estrategia para favorecer a algunos parlamentarios con el objetivo de que los proyectos de Gobierno tuvieran un tránsito exitoso en el Congreso.

Fue el propio presidente Gustavo Petro quien publicó la solicitud de la Embajada en Nicaragua al Gobierno de ese país. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramon González Merchán. Quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota”, señalaba la solicitud en una primera parte.

¿Por qué investiga a Carlos Ramón González?

El escándalo se avivó cuando se informó el pasado 3 de julio que González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en el desvío de recursos de la UNGRD para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.

Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.

LAURA VALENTINA MERCADO
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