Ordenan a Iglesia católica en Chile indemnizar a tres víctimas de abuso cometido por cura

Deberán pagar 450.000 dólares por el “daño moral” que provocó el exsacerdote Fernando Karadima.

En un fallo unánime, que para las víctimas marca un "precedente" para futuras demandas indemnizatorias, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda civil en contra de la Iglesia católica y ordenó pagar 100 millones de pesos (unos 145.000 dólares) al médico James Hamilton, el filósofo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz, según informó el Poder Judicial.

El documento revoca una sentencia de 2017 y "declara procedente la acción indemnizatoria" por concepto de "daño moral" contra los tres demandantes, hoy convertidos en los principales rostros de la defensa de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia chilena.

"Hoy el estado de Chile deja claro que todas las instituciones son garantes y deben proteger los derechos de los ciudadanos y que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y encubrir abusos sexuales de manera impune", dijo Hamilton en una rueda de prensa.

Fernando Karadima, quien fuera un influyente religioso y formador de varios obispos, fue condenado en 2011 por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a una vida de oración y penitencia, pero no fue expulsado del sacerdocio hasta el año pasado, cuando Francisco anunció su dimisión en línea con su promesa de "tolerancia cero" a los abusos.

Desde la parroquia de El Bosque situada en un barrio acomodado de Santiago, que dirigió desde 1980 hasta 2006, Karadima forjó sólidos nexos con sectores de la elite política y económica de Chile.

La Justicia chilena declaró prescrita la causa penal en su contra.

"Esperamos que esto se transforme en un nunca más", dijo por su lado José Andrés Murillo, que tras el estallido del caso dirige la Fundación para la Confianza, dedicada al apoyo de víctimas de abusos.

El fallo conocido este miércoles había sido anticipado por la prensa en octubre del año pasado, aunque con un monto mayor de indemnización.

Negligencia

La sentencia judicial considera que la Iglesia fue negligente al no investigar las denuncias de abusos expresadas por las tres víctimas de Karadima al exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, removido el sábado pasado de su cargo por el Vaticano, y al cardenal Francisco Javier Errázuriz, a quienes acudieron las víctimas para denunciar los hechos en primera instancia.

El fallo, emitido por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, también acusa a la Iglesia de no haber observado o ejercido correctamente su deber de vigilancia sobre Karadima.

Además, acredita el "daño psicológico" que sufrieron Hamilton, Murillo y Cruz a consecuencia de los abusos y el actuar negligente de la Iglesia, que ha pedido perdón en varias ocasiones por este y otros casos similares.

"Si bien el fallo excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del Arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo: la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas", dice un comunicado del Arzobispado de Santiago.

En el texto, la Iglesia chilena -que en dos ocasiones había objetado el caso, alegando la prescripción de los delitos- afirma que ahora no impugnará la sentencia "y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme".

"Fue difícil llegar a una conclusión. O sea, hubo un poco de demora, pero encubrimiento ninguno (...) Nunca habría encubierto a un Fernando Karadima", dijo tras conocerse la sentencia Errázuriz, que el jueves declarará ante la justicia como imputado de encubrimiento de abusos sexuales en una investigación que involucra también a Ezzati por otros casos similares.

Caja de pandora

Los tres demandantes de Karadima abrieron en 2010 una caja de pandora que sacó a la luz pública la "cultura de abusos" en la Iglesia chilena que fue reconocida por el papa Francisco y que replica los escándalos de pederastia protagonizados por el clero en países como Estados Unidos o Australia.

En paralelo a la justicia canónica, que ha expulsado a varios obispos y sacerdotes en el último año, los tribunales chilenos mantienen abiertos 158 casos en contra de religiosos o laicos que desarrollan funciones en la iglesia, en denuncias que involucran a 219 las personas investigadas y 241 las víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de ser abusados.