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Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un "Motu Proprio" (documento papal), suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por el anterior papa, Benedicto XVI, el 30 de diciembre de 2010.
Entre las medidas se crea el Comité de Seguridad Financiera vaticano con el fin de coordinar a las autoridades competentes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, "refuerza" la función de vigilancia y regulación de la Autoridad de Información Financiera (AIF) y crea la función de "vigilancia prudencial" de los entes y organismos que desarrollan "profesionalmente una actividad de naturaleza financiera", entre ellos el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el tan cuestionado banco vaticano.
Con esta última iniciativa, de cuya ejecución será responsable también la AIF, el Vaticano responde a una recomendación hecha por la comisión Moneyval del Consejo de Europa, que ha reconocido ya que la Santa Sede ha recorrido un "largo camino en muy poco tiempo" en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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"La promoción del desarrollo humano integral sobre el plano material y moral requiere de una profunda reflexión sobre la vocación de los sectores económicos y financieros y sobre su correspondencia como fin último de la realización del bien común", afirma el papa en su "Motu Proprio".
"Por este motivo -prosigue- la Santa Sede, en conformidad con su naturaleza y misión, participa en los esfuerzos de la comunidad internacional destinados a la protección y la promoción de la integridad, estabilidad y transparencia de los sectores económicos y financieros y a la prevención y a la lucha contra las actividades delictivas".
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Entre las medidas aprobadas por Francisco figura también la extensión de la aplicación de las leyes vaticanas en esta materia a los dicasterios de la Curia Romana y a otros organismos y entes dependientes de la Santa Sede, así como a las organizaciones sin ánimo de lucro que tengan entidad jurídica canónica y sede en el Estado del Vaticano.
"Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuando aún más el orden institucional a fin de la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", comenta el pontífice argentino.
Estas medidas llegan después de que el pasado julio Francisco, elegido papa en marzo de este año, diera un paso más en la reforma de las instituciones vaticanas al crear una comisión para las reformas de la estructura económica administrativa de la Santa Sede.
Ello se sumaba a la constitución, el pasado abril, de un grupo de ocho cardenales para que le aconsejen en el Gobierno de la Iglesia y para que estudien un proyecto de revisión de la Curia Romana, así como a la comisión de investigación creada en junio para reformar el banco del Vaticano.
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Ciudad del Vaticano
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