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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida este jueves de manera fulminante en el Congreso de Perú, en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo.
Se trata de José Jerí, un abogado de 38 años, que tomó juramento del cargo a primera hora por un período que se extenderá hasta julio de 2026, cuando en abril Perú se celebrará elecciones generales. Se debe destacar que desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú. "El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra", afirmó el nuevo mandatario, quien completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
Tras la remoción, aprobada con el voto de 122 parlamentarios, de un total de 130, según el recuento final del Congreso, Boluarte se despidió este viernes 10 de octubre del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución.
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En el mensaje pregrabado la mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros. Durante la alocución, donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado, la funcionaria comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de las ondas. Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido.
Durante cuatro horas, tras salir de la sede, se mantuvo desconocido su paradero y se afirmaba preliminarmente que no había llegado a su domicilio en el residencial distrito limeño de Surquillo. Sin embargo, Juan Carlos Portugal, abogado personal de la destituida presidenta aseguró que su defendida se encuentra en su vivienda personal y nuevamente volvió a descartar que vaya a asilarse en una embajada extranjera o a fugarse del país frente a las numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía en su contra por presunta corrupción y violación de derechos humanos.
"Ni asilada ni no habida, ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país", escribió Portugal en un mensaje en redes sociales para disipar los rumores. Por su parte, la Fiscalía solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país, hasta por 36 meses, a la destituida presidenta. El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi diez meses que ejerció la jefatura del Estado.
El abogado y congresista de 38 años José Jerí (1986) se convirtió en la madrugada del viernes en el nuevo presidente interino de Perú, tras un paso por el Parlamento relativamente discreto pero con la gran mancha de una denuncia por violación sexual a inicios de año que se archivó hace dos meses.
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Después de la destitución exprés de su predecesora Dina Boluarte unos minutos antes, el que hasta este jueves era el presidente del Congreso juró el cargo por todos los peruanos y lució la banda presidencial en un discurso en el que aseguraba que asumía con humildad la Presidencia "para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional".
Jerí nació en Jesús María, un distrito de clase media de la capital Lima, donde estudió derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo el título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ambas sin ser centros educativos especialmente reconocidos.
A nivel personal, es católico, tiene pareja pero no está casado y tampoco tiene hijos. Desde 2013 está afiliado al partido derechista Somos Perú, formación en la que desempeñó varios cargos. Se postuló un par de veces a las elecciones municipales para entrar a la Municipalidad de Lima pero no fue elegido.
Pese haber recibido apenas unos 11.600 votos en las elecciones parlamentarias de 2021, se convirtió en congresista al ser accesitario (suplente) del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue inhabilitado y que había recibió por su parte más de 200.000 votos.
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Durante su periodo como congresista, medios locales revelaron que Jerí enfrenta supuestas acusaciones de corrupción cuando pertenecía a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, por haber beneficiado un proyecto de la región de Cajamarca. Pero el principal cuestionamiento sobre el nuevo presidente es la denuncia por violación sexual abierta en su contra en enero de 2025, que finalmente fue archivada en agosto por falta de evidencias.
Jerí y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2025 en el distrito de Canta, al noreste de Lima. Pese al archivo de la denuncia, poco antes de ser elegido presidente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) emitió un comunicado en el que rechazaba su nombramiento.
Pese a que todo hacía indicar que Boluarte terminaría el mandato hasta las elecciones generales de 2026 gracias a la afinidad que había conseguido con los partidos al mando del Congreso, el idilio se rompió de forma abrupta a medida que se acercaban los comicios y las fuerzas que la respaldaban prefirieron que no les contagiase su impopularidad. Estas son las claves de su destitución:
Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022 para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), después del fallido intento de autogolpe de Estado protagonizado por el izquierdista gobernante para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso, tras salir a la luz numerosos indicios de presunta corrupción en su administración.
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Desde ese momento, Boluarte, que había llegado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda radical encabezado por Castillo, decidió aliarse con las fuerzas de derecha que controlan el Legislativo peruano y que habían presionado férreamente a Castillo en su mandato. Así, en lugar de convocar nuevas elecciones como pedían las masivas protestas que se sucedieron durante los meses siguientes a la detención y encarcelamiento de Castillo, y que fueron duramente reprimidas con más de 50 muertos, Boluarte anunció su intención de completar el mandato hasta el 28 de julio de 2026. Con el apoyo de estos partidos salvó seis mociones previas para ser destituida.
De igual forma, a la impopularidad de Boluarte comenzó a se notoria. Según datos de la agencia internacional EFE, apenas cuenta con una aceptación del 3 % dentro de la población peruana, mientras que el Congreso apenas supera el 5 %, al ser percibidos ambos poderes como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para ellos mismos, y alejada de los intereses de la población.
Los más de 50 muertos reportados en las protestas por la detención y encarcelamiento de Castillo esfumaron toda popularidad que pudiese tener una política que hasta las elecciones de 2021 su carrera política se basaba en haber sido candidata a alcaldesa de su municipio
A ello se sumaron las numerosas investigaciones abiertas contra ella por la Fiscalía, por sonados casos como el 'Rolexgate', al supuestamente haber recibido relojes de lujo y otros suntuosos regalos a cambio de favores, así como por no haber informado de su temporal incapacidad al someterse a una serie de cirugías estéticas y falsificar su firma durante el tiempo que estaba convaleciente.
Pese a las múltiples investigaciones, las fuerzas que dominan el Congreso siempre la protegieron de las denuncias de la Fiscalía e incluso el Tribunal Constitucional llegó a sacar una polémica sentencia que limita las posibilidades del Ministerio Público de investigar a la jefa de Estado.
El detonante que motivó a activar el proceso de destitución de Boluarte fue la escalada de criminalidad a nivel nacional y las nuevas protestas registradas en las últimas semanas en el centro de la capital Lima lideradas por la denominada 'Generación Z', así como un masivo para de autobuses de transporte urbano que el lunes paralizó la capital ante una ola de extorsiones y asesinatos de conductores.
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De igual forma, aunque todo parecía indicar que el pacto entre Boluarte y fuerzas como del congreso continuaría hasta las elecciones de 2026, los partidos que la sostenían en la Presidencia prescindieron de ella para tratar de buscar algo de popularidad en medio de una entidad desprestigiada que apenas alcanza un 5 % de aceptación entre peruanos.
*Con información de EFE y AFP
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