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El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años apuñalada el pasado 11 de agosto en Aibonito, continúa generando tensiones judiciales y sociales. A pocos instantes de comenzar con la vista preliminar, varios testigos claves expresaron a la Fiscalía su temor por la seguridad propia y la de sus familias.
Así consta en una moción de la Fiscalía de Distrito de Aibonito, presentada tras la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de autorizar la transmisión en vivo de las audiencias, un recurso solicitado por Jagual Media, LLC y el periodista Jay Fonseca.
De igual manera, uno de los testigos claves en el caso dio su primera declaración tras recuperarse de las heridas que le causaron las jóvenes cuando intentaba defender a Pratts de las agresiones.
El caso, que conmocionó a la comunidad de Aibonito, involucra a seis personas detenidas el pasado 19 de agosto. Entre ellas figuran Elvia Cabrera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés, de 17, señaladas como principales responsables del brutal ataque.
Durante el incidente, un amigo de Gabriela, también menor de edad, intentó defenderla y resultó gravemente herido. Tras someterse a una cirugía de emergencia, logró recuperarse y brindó un desgarrador testimonio desde la clínica.
Con la cabeza vendada, el joven relató que la agresora no cesaba en su ataque contra Gabriela. “Me apuñalaron en la espalda y se me fue la fuerza”, declaró, asegurando que su única intención fue intentar salvar a su amiga.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Ernesto J. Quesada Ojeda, Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes L. Cruz Vélez, solicitó que cuando declaren testigos civiles, aquellos que no son funcionarios públicos, se prohíba la grabación en audio y video, así como la retransmisión de sus testimonios.
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“Los testigos de cargo han manifestado sentir miedo por sus vidas y por la seguridad de sus familias. La exposición mediática podría incrementar el riesgo contra ellos, además de afectar la entereza de su testimonio”, señala el documento radicado ante el tribunal.
La moción advierte que la transmisión televisiva de sus declaraciones no solo podría comprometer la seguridad de estas personas, sino también generar un clima de intimidación que ponga en peligro la recolección de pruebas esenciales para el proceso judicial.
La vista preliminar comenzó este lunes 25 de agosto bajo la atención mediática y social. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que garantizar la seguridad de los testigos y preservar su tranquilidad emocional debe ser prioritario frente al interés de la transmisión en vivo.
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El tribunal deberá decidir si concede las medidas solicitadas para evitar que la exposición pública ponga en riesgo a quienes jugarán un papel crucial en el esclarecimiento del crimen.
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