Carles Puigdemont y cuatro exmiembros de su Ejecutivo comparecieron ante tribunal belga, que debe decidir sobre su extradición a España.
El Tribunal Supremo, subrayando el "riesgo de reiteración delictiva", anunció que mantiene en la cárcel al exvicepresidente Oriol Junqueras, al ex consejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de las asociaciones secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
En cambio, concedió la libertad bajo fianza de 100.000 euros a los otros seis independentistas encarcelados, todos ellos integrantes del ejecutivo catalán cesado a fines de octubre por Madrid, como el ex portavoz Jordi Turull o el ex responsable de Exteriores, Raúl Romeva.
A mediodía, la ANC dijo que ya ha pagado las fianzas de los seis en un banco de Barcelona.
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"Esta interlocutoria del Tribunal Supremo tiene un impacto directo en la campaña e impide que esta campaña electoral tenga todas las garantías democráticas", dijo Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido liderado por Junqueras, cabeza de lista de cara al 21 de diciembre.
"Esta noche empezamos la campaña electoral con presos políticos", abundó la directora de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi.
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La decisión fue anunciada el mismo día en que Puigdemont y otros cuatro ex integrantes de su ejecutivo comparecieron en Bruselas ante un juez, como parte del pedido de extradición emitido por la justicia española.
El magistrado dará a conocer su decisión el 14 de diciembre, según los abogados. No obstante, en el caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica, con lo que habría que esperar al menos a enero para la decisión definitiva.
"Si son extraditados (...), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales", dijo en Bruselas Christophe Marchand, abogado defensor de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret. "Es otra razón para rechazar la extradición", incidió.
Ingresaron en prisión provisional el pasado 2 de noviembre, como sospechosos de rebelión (un delito penado con hasta 30 años de cárcel), sedición y malversación. Los mismos cargos pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.
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Se les acusa de haber alentado "un movimiento de insurrección activa" para lograr la independencia unilateral de Cataluña, ignorando todas las decisiones de la justicia, entre ellas la prohibición del referendo de autodeterminación del 1 de octubre.
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Otorgan libertad condicional a Puigdemont y cuatros miembros del... Una campaña atípica
La campaña de las elecciones regionales del 21 de diciembre, en las que los independentistas esperan revalidar mayoría, arranca este mismo lunes por la noche. Será atípica desde todo punto de vista.
Los comicios fueron excepcionalmente convocados por el gobierno central español, que el 27 de octubre cesó en su totalidad al ejecutivo independentista de Puigdemont y disolvió la cámara regional después de que ésta declarara unilateralmente la independencia de Cataluña.
Los partidos separatistas acuden en un ambiente de resaca, cuando la autonomía catalana se encuentra plenamente intervenida por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Y el objetivo de una rápida secesión ha quedado aparcado, según ellos a causa de la "represión" desplegada por Madrid.
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De los 14 miembros del exgobierno catalán, doce concurren en las listas, pero solo cinco podrán hacer campaña sobre el terreno.
Junqueras no podrá participar como cabeza de lista de ERC, un partido secesionista que espera imponerse en los comicios. La campaña estará dirigida por Marta Rovira, y precisamente el primer acto de Esquerra, este lunes, será en su ciudad natal, Vic.
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Los resultados se anuncian muy apretados. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del gobierno español, difundió este lunes una proyección en la que da un 44,4% de votos a los partidos secesionistas y un 44,3% a los unionistas.
En escaños, los separatistas tendrían 66 o 67 (la mayoría absoluta está en 68), y los partidarios de seguir en España, 59 o 60.
La llave, con 9 escaños según la proyección, la tendrían los Comunes, una alianza entre el partido Podemos y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, favorables a que se celebre un referendo de independencia, pero pactado con el gobierno central.