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Tres de las víctimas son civiles y dos son policías, informó un grupo de derechos humanos que aseguró que los uniformados entraron violentamente a dos poblaciones.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), precisó a la AFP que al menos tres ciudadanos murieron, en tanto que la Policía reportó dos muertos en sus filas, todos por disparos de armas de fuego.
En un comunicado, la Policía responsabilizó de la muerte de sus efectivos a "terroristas con armas de fuego", que les dispararon cuando los efectivos "restablecían el orden" levantando los bloqueos de vías.
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Por su parte, grupos de derechos humanos denunciaron que la policía junto con paramilitares encapuchados y fuertemente armados entraron violentamente a esas dos poblaciones del departamento de Carazo, y habría al menos tres civiles muertos.
Obispos de la Iglesia católica pidieron a los pobladores proteger sus vidas y llamaron a que se detenga la violencia, que deja más de 230 muertos en casi tres meses de protestas contra Ortega.
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"Desde las seis de la mañana entró un ejército de antimotines, paramilitares y turbas (...) hicieron un anillo en torno al departamento de Carazo", relató a la prensa Juan de Dios, vicario de Carazo.
Según Vivian Zúñiga, representante del Cenidh en Carazo, las fuerzas combinadas progubernamentales tienen la basílica de San Sebastián de Diriamba "rodeada para impedir que abran la puerta a los heridos".
"La situación es grave. La represión de fuerzas combinadas es desproporcionada", declaró el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, Alvaro Leiva.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abräo, quien está en Managua, denunció que "grupos armados progubernamentales apoyados por la policía entran en las ciudades de manera masiva".
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"Tiroteos y ráfagas de bala. Ayer en Matagalpa. Ahora alrededores de Jinotepe y Diriamba. El Estado está incumpliendo su deber de desmantelar las turbas", escribió Abräo en su cuenta en Twitter.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero ante la fuerte represión de la policía con grupos armados ilegales se ampliaron para exigir la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.
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En un acto ante miles de seguidores, Ortega, exguerrillero de 72 años, descartó el sábado un adelanto de elecciones como propuso la Iglesia y exigen sus opositores. "Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas", aseguró.
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