Hace aproximadamente 13 millones de años, la región central de Colombia, donde hoy se encuentra el desierto de la Tatacoa, era un lugar muy distinto al que se conoce hoy. En lugar de la aridez actual, el paisaje de esa época se parecía más al Amazonas, caracterizado por ríos, mucha vegetación y animales depredadores gigantes.En este entorno prehistórico, existía una clara jerarquía. Mientras que el agua estaba dominada por el Purussaurus, un cocodrilo que podía medir más de diez metros, en la tierra el jefe era el temible ave del terror, un animal de tres metros de altura.Durante décadas, se tenía evidencia de su existencia solo en lugares como Argentina y Norteamérica. Por ello, encontrar pruebas en la Tatacoa cambió la concepción histórica sobre dónde se ubicó realmente este animal hace 13 millones de años.La pieza clave guardada en el desierto de la TatacoaLa confirmación de la presencia de un ave del terror de tres metros en Colombia no provino de una expedición académica, sino del trabajo de un habitante local.El responsable de este hallazgo paleontológico es César Perdomo, un campesino de 45 años oriundo de la Tatacoa, quien ha dedicado más de 40 años de su vida a coleccionar el patrimonio fósil de estas tierras. La intensidad de su pasión lo llevó a llamar a su centro de exhibición, un museo pequeño, La Tormenta. Perdomo explicó en Los Informantes que el nombre refleja las adversidades que ha enfrentado, afirmando que su vida "sigue siendo un tormento, me imagino hasta que me vaya a este mundo. Si duro 90 años más, 90 años me voy a atormentar buscando fósiles".Perdomo ha desarrollado un profundo vínculo con las más de 5.000 piezas que ha recolectado y que considera su "familia". "Uno lo quiere como cuando uno carga el hijo de uno pequeño y usted lo carga el alzado, así son fósil para uno, si toca arroparlo con la cobija, con la camisa, con el sombrero, con lo que sea", señaló sobre esta pasión.Su vocación comenzó desde niño. A la edad de cinco años, recogió su primer fósil, una vértebra de cocodrilo. Al ver cómo las expediciones extranjeras se llevaban las piezas de la zona, Perdomo comenzó a guardarlas, con la esperanza de que algún día los investigadores volvieran para compartir su conocimiento.El fósil que confirmaría la existencia del ave del terror de tres metros, un fragmento de la pierna, había permanecido más de 15 años en el museo de Perdomo, mezclado entre miles de piezas sin clasificar. Para encontrar y marcar los sitios de excavación en el desierto, Perdomo, sin usar GPS, utilizaba métodos empíricos como "puntos de piedras", recordó.La identificación de esta pieza crucial, que cambió la historia conocida de la Tatacoa, fue el resultado de la colaboración con el biólogo colombiano Andrés Link. Link, que regresó al país tras sus estudios doctorales, se asoció con Perdomo. El descubrimiento se formalizó cuando Link invitó al museo a Rodolfo Salas, un experto mundial en cocodrilos. Salas, al revisar la pieza, notó inmediatamente lo importante que era: "Esto no es un mamífero, esto tampoco es un reptil". Tras un análisis más profundo, propuso la hipótesis que cambiaría lo que se creía hasta el momento habitó el país: "esto va a ser un ave del terror". Este análisis confirmó que este depredador, que antes solo se había encontrado en Argentina y Norteamérica, también habitó la Tatacoa. Al entender la magnitud de su hallazgo, César Perdomo expresó con orgullo: "Aquí está mi fósil famoso para la humanidad".La violenta muerte del ave del terrorEl fragmento óseo no solo sirvió para identificar a la especie en Colombia y confirmar su impresionante tamaño. La pieza también reveló una historia violenta ocurrida hace casi 13 millones de años, con dos perforaciones que indican un ataque o un hecho de depredación.A pesar de ser el depredador terrestre más temido, el ave del terror pudo haber sido atacado por el Purussaurus, el cocodrilo gigante. El biólogo Andrés Link comentó que resulta muy interesante pensar que una "ave de esas también pudo haber sido ya sea depredada por un cocodrilo o que se hubiera muerto por algún motivo, pero que el cocodrilo hubiera podido acceder a ella". Las marcas observadas en el hueso confirmaron que el ave no se recuperó de las heridas. Los científicos concluyeron que este evento marcó "el último momento de ese ave del terror porque no se sanaron esas heridas".Este descubrimiento histórico consolidó una colaboración científica poco común entre el conocimiento de campo de Perdomo, quien no usa computador y trabaja de forma empírica, y la experiencia académica de Link. La alianza resultó tan efectiva que Perdomo fue reconocido formalmente: Link aseguró que su aporte fue "mejor dicho fue una participación científica como la de cualquier otro coautor".El campesino que soñó con que los científicos regresaran, hoy trabaja hombro con hombro con ellos. Esta dupla ya se encuentra preparando otra publicación científica.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.
El caso de Samuel, un bebé de 15 meses que murió ahogado por su madre en una playa de Santa Marta en abril de 2022, volvió a conocerse en detalle tras el nuevo testimonio de su padre, Edwin Guerrero. El hombre relató cómo fueron los últimos meses antes de la muerte del menor y los momentos en los que se enteró de lo que había ocurrido con su hijo.El hombre aseguró que la relación con Jenny comenzó de manera estable, pero con el tiempo la convivencia se vio afectada por discusiones y tensiones constantes. Según contó, la pareja vivió episodios de conflicto que terminaron deteriorando la comunicación entre ambos. Edwin explicó que, pese a los problemas, siempre trató de estar presente para el niño y mantener una relación cercana.Recientemente, dio a conocer nuevas declaraciones en el pódcast 'Más allá del silencio', donde recordó la última vez que vio a su hijo Samuel. Según contó, la madre comenzó a limitar el contacto entre ambos y a impedirle que lo visitara. También señaló que hubo denuncias por violencia intrafamiliar y medidas que finalmente le prohibieron ver a su hijo.Aseguró que Jenny le había rapado la cabeza al bebé, algo que él interpretó como una “señal que no tuve que haber omitido, porque Jenny mostró su primera alerta en que algo le pasaba a mi hijo cuando yo no accedía o no tenía un premio por no ser buen padre”.Asimismo, relató que, debido a las constantes discusiones y a las conductas problemáticas de la mujer, en una de las cuales le arrojó una arepa caliente al rostro, la convivencia se fue deteriorando y volviéndose insostenible.“Mi papá siempre me dijo que cuando en una relación había un irrespeto, así se en palabras o algo, ahí no había nada. Y en eso sí, yo soy muy directo en esas cosas”, dijoEdwin contó que, durante varios meses, intentó llegar a un acuerdo para poder ver a su hijo, pero esto no se logró. “Después de que yo le dije a Jenny que no más, que no quería nada más con ella, fue más difícil ver a mi hijo. Fue como un castigo. No volver con ella significó no ver más a mi hijo”, relató.Guerrero afirmó que intentó en varias ocasiones regular las visitas a través de la comisaría y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero recibió respuestas lentas y procedimientos que, según él, no garantizaron el derecho del menor a mantener un vínculo con su padre.“El mayor miedo de padre es que su hijo lo olvide, que tú pases por el lado de tu hijo y que él no te reconozca. Yo tenía mucho miedo que eso pasara”, aseguró.“El tema económico no era lo que le importaba a ella. El tema más que todo fue que yo viera mi hijo. Yo digo que yo estaba castigado por no volver con ella”, agregó.Desaparición y hallazgo del bebé de 15 mesesTras más de cuatro meses sin poder ver a su bebé, Edwin aseguró que la madre del menor se lo había llevado a Santa Marta. “Llamé a mi abogada y ella me dijo: ‘Tienes que ir, Edwin. Ve con la policía y acércate’. Fui, pero la abuela de Jenny me dijo que mi hijo no estaba y que si algo le pasaba a mi hijo o a ella, todo iba a ser responsabilidad mía. Yo sí sabía que algo malo iba a pasar, pero no lo advirtieron”, reveló.Videos de cámaras de seguridad mostraron el momento en que Jenny Higuera llegó junto con su bebé a un establecimiento público en Santa Marta. Desde entonces, el papá del pequeño denunció la desaparición del niño.Al día siguiente, la Policía de Santa Marta se comunicó con él para ayudarlo a buscar a su hijo. Tras enviarle una fotografía, le dieron una noticia devastadora. “Habían encontrado un cuerpo de un niño de aproximadamente dos años en las playas de Buritaca. Me derrumbé totalmente. Yo lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”, recordó.Al llegar a Medicina Legal le informaron que no podía ver al menor porque debían asegurarse de que él era el padre y, para ello, le solicitaron una prueba de ADN. “Me dijeron que tenía que esperar cuarenta y cinco días y que me volviera a Bogotá. Yo les dije: No me voy a ir. Yo me quedo aquí 45 días en esta ciudad que no conozco, pero aquí me voy a quedar. Todos los días me la pasaba en Medicina Legal”.Sobre los hechos, Edwin afirmó que su hijo fue encontrado por una persona que iba caminando por la playa. Aseguró que al bebé lo dejaron en la playa y no en el mar: “El mar no llega a botar los restos ahí. Ahí fue donde encontraron al niño, boca abajo. Lo que puedo deducir de lo que las autoridades dijeron es que Jenny pudo haber soltado al niño intencionalmente para que él se ahogara. O lo otro es que Jenny cogió al niño y lo mató en sus manos. Creo que es más fácil la segunda”.La madre del niño, Jenny Higuera, fue señalada en el proceso penal como la responsable del hecho. No obstante, la mujer se dio a la fuga. Durante ese tiempo, Edwin afirmó que “nunca volvió a saber de ella ni de su familia, a pesar de que sí sufrió amenazas por parte del padrastro de Jenny y del tío”.Condena por homicidio agravadoEdwin aseguró que a Jenny la internaron en una clínica psiquiátrica donde duró 20 días, luego de nuevo le puso una denuncia por violencia intrafamiliar. “Ella me dijo que había sido un accidente, que algo la había picado y que soltó al niño. Que cuando lo encontró fue demasiado tarde...Yo creo que Jenny hizo esto a mi hijo en un acto de venganza, de una forma egoísta”.Posteriormente, la mujer fue capturada el 6 de junio de 2022 por el delito de homicidio agravado, pero tiempo después quedó en libertad por vencimiento de términos, lo que permitió que volviera a ausentarse del proceso.“Es una mujer muy manipuladora y egoísta, todo lo que ella hizo fue para lastimarme con mi hijo. Solo me quedan las fotos de él, ella sabía que con lo que hizo me iba a destruir en vida”, dijo el padre en Séptimo Día.El 1 de diciembre de 2025, Jenny fue condenada a 36 años y 8 meses de prisión, pero actualmente se encuentra prófuga de la justicia. “Yo pienso que es una historia como de terror. Saber que Samuel no está y que este año tuviera que cumplir cinco años duele mucho, pero duele mucho más la forma en que él murió... Pienso que el egoísmo de Jenny fue muy duro”, dijo.El caso continúa generando impacto debido a las revelaciones hechas por el padre y, especialmente, porque aún se desconoce el paradero de la mujer señalada de haber ahogado a su hijo.
Las vacaciones, ese momento anhelado para conectar con la belleza de los paraísos naturales colombianos, se han convertido en tragedia para varias familias que denuncian graves fallas en los protocolos de emergencia y seguridad de las agencias de turismo. Uno de los casos que más expone esta dolorosa realidad es el de Judy Milena Agredo, una mujer de 43 años, cuya vida terminó abruptamente en las aguas de Santa Marta durante una práctica de buceo. Séptimo Día conoció nuevos detalles del caso.Su esposo, Alejandro Calambas, intendente de la policía de Popayán, asegura que su muerte se pudo haber evitado si la empresa que contrataron, Barracuda Dive Center, hubiera cumplido con los mínimos estándares de seguridad y atención. "Si hubieran tenido los elementos y la idoneidad para la atención en primeros auxilios yo creo que mi esposa la han podido salvar", afirma.Este desgarrador testimonio forma parte de una investigación de Séptimo Día que revela cómo la falta de regulación y la negligencia en el creciente boom del ecoturismo en Colombia están poniendo en riesgo la vida de los visitantes.Trágicas vacaciones en Santa MartaAlejandro y Judy Milena Agredo, licenciada en educación infantil y madre de una niña de 11 años, planearon sus vacaciones para mediados de 2025. El destino elegido fue el Parque Natural Tayrona, considerado por ellos como "lo más bonito y representativo que tiene Santa Marta". Buscaron en internet empresas que ofrecieran el servicio de buceo y encontraron Barracuda Dive Center, con sede en Taganga.La empresa les ofertó un minicurso de buceo por $330.000 por persona, prometiendo dos inmersiones y un instructor certificado por PADI, Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Esto le dio confianza a Alejandro, y la familia decidió tomar el curso el 7 de octubre de 2025, el primer día de su estancia en Santa Marta.Llegaron a Taganga, donde fueron atendidos inicialmente por Santiago, el administrador, y luego por el instructor Fernando Waldron. Tras contestar que ninguno tenía complicaciones médicas, recibieron una charla o capacitación que, señala Alejandro, fue "muy mínima". Luego de recibir el equipo, se dirigieron a la embarcación.La primera inmersión, cerca al Parque Tayrona, se realizó en compañía de otros turistas e instructores, y aunque disfrutaron de la belleza del mundo marino, Alejandro notó una actitud inusual en su instructor. Relata que él "se preocupaba mucho por la señorita que estaba con nosotros, quería como impactarla y al momento de hacer eso nos dejaba a nosotros hacia un lado".Los minutos fatalesCerca de las 10 de la mañana llegó el momento de la segunda y última inmersión, que continuó con normalidad. Sin embargo, cuando llegó el momento de regresar a la superficie, el instructor dio las indicaciones de ascenso.Alejandro subió a la superficie con su hija a su lado, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de la ausencia de Judy Milena. "Yo empecé a mirar a todo lado, entonces le hago (al instructor la seña) que faltaba una persona", cuenta.De inmediato, el pánico se apoderó de su hija, quien preguntó: "Papi, mi mamá no sale, qué le pasó a mi mamá". En ese instante, Alejandro le rogó al instructor Fernando que ingresara a buscar a su esposa, pero este se rehusó a hacerlo. "Él en todo momento me decía 'tranquilo que ya va a salir'", recuerda.Alejandro dice que tuvo que insistir en repetidas ocasiones “‘Fernando, por favor, ingrese’, se lo dije muchas veces".Según el testimonio, pasaron "casi 20 minutos" hasta que el instructor finalmente encontró a Judy y la subió a la superficie. Fue entonces cuando se evidenció la falta de preparación de la empresa: el proceso de reanimación no fue iniciado por el personal de la escuela de buceo, sino por "un extranjero".En medio del desespero por salvar a su esposa, Alejandro se percató de que la empresa Barracuda no contaba con ningún protocolo ni equipo básico para atender una emergencia médica."Ahí es donde yo me doy cuenta de que no tenían botiquín, no tenían máscara, solamente una manguera transparente donde se la introdujeron por un orificio de su nariz para darle oxígeno", denuncia Alejandro. Aunque Judy Milena "reaccionaba y le salía mucha agua", pero la falta de elementos para una atención adecuada era evidente, insistió su esposo.Alejandro sintió que lo habían dejado completamente solo frente a la crisis. Gritaba: "Por favor llamen para que esté una ambulancia pendiente". La embarcación poseía un radio, pero el instructor "nunca utilizó eso, no sé si no le servía".Al llegar a la playa de Taganga, la situación no mejoró, pues no había personal de la empresa para socorrerla. Alejandro tuvo que gritar pidiendo ayuda y fue auxiliado por un turista que lo llevó en su carro al puesto de salud. "Nos dejaron totalmente solos", asegura, añadiendo que "lo único que le importó al señor fue cobrarnos al principio nada más".Tras el esfuerzo, la médico de turno confirmó que Judy Milena Agredo, de 43 años, había llegado "sin signos vitales".Alejandro, bloqueado por el dolor, responsabiliza directamente a los prestadores del servicio por el fallecimiento de su esposa: "yo responsabilizo por la muerte de mi esposa directamente a la empresa Barracuda Deep Center por no tener los protocolos para salvaguardar la vida de una persona y directamente al instructor Fernando que omitió las voces de auxilio que yo le solicité en repetidas ocasiones".La voz de expertosExpertos en buceo consultados por el programa Séptimo Día confirmaron que la actuación de la empresa Barracuda Dive Center incumplió gravemente los protocolos internacionales. Catherine Marroquín, instructora con más de 10 años de experiencia, subraya que los botes de buceo a nivel mundial "tienen que tener unidad de oxígeno botiquín y radio". Además, el protocolo exige que, si una persona está inconsciente, se debe "llamar inmediatamente canal 16 guardacostas".La instructora calificó la demora de 15 a 20 minutos para la búsqueda y la falta de activación de emergencias como "casi que inaceptable".Cuando el equipo de Séptimo Día intentó obtener una declaración de Santiago Moden, el administrador de Barracuda Dive Center en Taganga, este se negó a conceder entrevistas. “Ya les he comunicado dos veces que no estamos concediendo entrevistas en este momento", afirmó. La empresa señaló que esperará a que las autoridades determinen la responsabilidad de la empresa y del instructor.Pese al dolor, Alejandro se compromete a mantener vivo el legado de Judy: "yo le prometo a mi esposa que voy a estar ahí incondicional con mi hija y luchando por el amor que nos tenemos como familia".El caso de Judy Milena Agredo no es aislado. La investigación del programa expone otros incidentes mortales que evidencian la informalidad y la falta de control en la prestación de servicios turísticos en Colombia.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
El coltán es mucho más que una simple roca: es la base de la nanotecnología moderna y el corazón invisible que energiza dispositivos de uso cotidiano. Este mineral es altamente codiciado en el mercado global debido a sus componentes clave: el niobio y el tantalio, metales con un punto de fusión excepcionalmente alto. El tántalo, por ejemplo, alcanza su fase líquida alrededor de los 3.000 grados Celsius, mientras que el niobio lo hace cerca de los 2.000 grados Celsius. Estas propiedades lo hacen crucial no solo para celulares, tabletas y carros eléctricos, sino también para la fabricación de armamento militar avanzado.Expertos señalan que el control sobre estos metales estratégicos puede determinar el desarrollo tecnológico de una nación. Esta importancia geopolítica ha convertido su extracción ilegal en Colombia en una "bomba de tiempo" que amenaza con destruir la tierra y agudizar el conflicto interno.Aunque la existencia de coltán en el ancestral escudo guayanés, que atraviesa parte de Colombia, Venezuela, Brasil y las Guayanas, se conoce desde 2009, en la Orinoquía no existe una sola mina legal operando a escala comercial. Este vacío estatal ha sido rápidamente ocupado por estructuras criminales, transformando el negocio en una fuente de ingresos difícil de rastrear, perfecto para financiar actividades ilícitas.En la Orinoquía, la minería ilegal de coltán y oro se ha convertido en el sustento económico del ELN y de estructuras disidentes como la Segunda Marquetalia. Estos grupos armados, según el brigadier general Rafael Olaya, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, "están ejerciendo esa actuación criminal sobre todo lo que sea economías ilícitas", señaló en Los Informantes.El modus operandi de la minería ilegalEl negocio del coltán no solo es violento, sino también altamente rentable, comparable con el narcotráfico. Los grupos armados controlan la explotación de los yacimientos, decidiendo quién puede o no extraer el mineral, las rutas de tráfico y la forma en que se mueve la mercancía. El general Olaya afirmó:"Yo creo que la analogía más práctica es con la que más duro hemos vivido durante tantos años de conflicto que es el narcotráfico, pero esa es la mejor analogía para poder hablar de la minería porque los grupos así no estén directamente involucrados con la explotación ilícita de esos yacimientos mineros sí son los que controlan esa explotación".La extracción se realiza de forma manual en los afluentes de los ríos. Los mineros, a menudo instrumentalizados, utilizan bateas para separar el material. Este trabajo es extenuante: de 20 kilogramos de material de río, apenas se obtienen unos 300 gramos de coltán.La desigualdad en la cadena de valor es abismal. Mientras que el minero recibe entre $26.000 y $50.000 pesos colombianos por kilogramo en el sitio de extracción, el acopiador que lo vende en el exterior puede obtener entre 400 y 600 dólares por kilo. Este margen hace que el coltán sea un activo más rentable que la misma coca.La sofisticada ingeniería del contrabandoUna vez extraído, el proceso de blanqueo del coltán es sofisticado y organizado. Para borrar su origen ilícito, las organizaciones criminales nombran el mineral de distintas formas: "arenas negras", "tierras raras" o "polimetales". El objetivo es mezclar el coltán extraído ilegalmente con títulos legales de minería de subsistencia.El mineral es acopiado en puntos calientes de la frontera, como Manabén, y luego emprende rutas fluviales y terrestres. Los cargamentos salen de Inírida y Guaviare, toman carreteras hacia Villavicencio y Bogotá, o son transportados en tractomulas hasta Puerto Gaitán y Puerto López.La carga final viaja a puertos de exportación como Cartagena o Buenaventura. Lo más alarmante es que, al llegar a su destino, la mercancía lleva toda la documentación legal y los papeles en regla. La Fuerza Naval, a pesar de las incautaciones millonarias, que han superado los 1.2 billones de pesos solo en Vichada, y alcanzaron un valor de 4.7 millones de dólares en un solo decomiso de 13.7 toneladas en Manabén en diciembre de 2024, se encuentra con severas limitaciones.El material pasa frente a las fuerzas armadas, que quedan "desarmados jurídicamente ante eso" debido al complejo marco legal y a la justificación de los envíos con documentación aparentemente legal. La única forma de verificar si un cargamento es coltán y determinar su procedencia exacta requiere espectrómetros y equipos de laboratorio especializados que solo existen lejos, en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional, a casi 700 kilómetros de Inírida.Impacto invisible: la amenaza a la salud y el ecosistemaLa minería ilegal no solo desangra la economía y financia la guerra, sino que también amenaza la vida humana y el patrimonio natural del país.El coltán es un material peligroso para los mineros debido a que incorpora elementos químicos como el uranio y el torio, haciéndolo radiactivo. La exposición prolongada a esta radiactividad invisible conlleva un alto riesgo de contraer enfermedades graves, como el cáncer. Un exminero, que fue entrevistado sin revelar su identidad por motivos de seguridad, señaló el peligro:"El coltán sí es una piedra que da plata, pero es una piedra muy peligrosa por todos los sentidos tanto como para la gente del monte, como para la ley y para la salud también porque eso bota un químico que el único animal que se le acerca es el murciélago", dijo.A nivel ambiental, la minería ilegal deforesta, destruye y contamina los ríos con mercurio. Esta actividad está desangrando la Reserva Natural Puinawai, un territorio protegido de 1.9 millones de hectáreas en Guainía y Vichada, considerada la madre de la humanidad en lengua puinave, y hogar de docenas de comunidades indígenas y especies emblemáticas."Hay una ambigüedad porque identificamos la necesidad del coltán en la producción de tecnología y de muchos bienes que requiere la sociedad, eso es indudable, pero esa explotación ha conllevado siempre a través de violencias, guerras, sangre y deterioro social", señaló Carlos Martínez, secretario de Gobierno de Guainía.La falta de un ordenamiento minero claro permite que esta "nueva guerra tecnológica" continúe entregando la riqueza natural de la Orinoquía a grupos criminales, mientras el mundo enciende sus pantallas con este material.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.
El Inpec confirmó que se registró, en la tarde de este martes 7 de octubre, un nuevo atentado contra un funcionario de la institución, esta vez en la ciudad de Cali, capital de Valle del Cauca. Se trata del tercer asesinato en menos de una semana, y el quinto ataque contra su integridad, en lo que el propio Inpec ha calificado como un "ataque sistemático" contra sus funcionarios.El dragoneante se llamaba Jimmy Flores Salazar. Según las versiones preliminares, recibió impactos de bala cuando salía en su vehículo de su turno en la cárcel Villahermosa, donde también se informó que recientemente fue asesinado un médico del Inpec. En total se han difundido cinco ataques contra funcionarios del Inpec en menos de siete días. El primero se registró el pasado viernes 3 de octubre, cuando cuatro dragoneantes que iban saliendo de turno de la cárcel La Modelo, en Bogotá, fueron atacados por dos sujetos armados en motocicleta. Uno de ellos (Miguel Muñoz Llano, de 26 años) falleció por los impactos de bala. Ese mismo día, en horas de la tarde, otro guardián fue asesinado en Palmira, Valle del Cauca. Se llamaba Manuel Antonio Becerra y tenía más de 16 años de servicio en el Inpec. Las autoridades informaron que, minutos después de salir de su turno, recibió varios disparos por parte de sujetos que se movilizaban en moto. Al día siguiente, trataron de atentar contra otro dragoneante en Armenia (Quindío). La camioneta en la que se movilizaba recibió cinco impactos de bala, pero afortunadamente no resultó herido por los disparos. Luego, el domingo 5 de octubre, otro guardián del Inpec se salvó de morir en Bello, Antioquia, cuando se dirigía en motocicleta hacia Medellín. Aunque intentaron dispararle, logró esquivar las balas escabulléndose entre los otros vehículos de la vía. Es por esta razón que desde el sindicato del Inpec solicitaron ayuda urgente del Gobierno Nacional, resaltando el peligro que acarrea su trabajo. "Es de las actividades más peligrosas del país y más cuando las bandas criminales se dan cuenta de que es la voz más débil de la justicia", indicó Óscar Robayo, director del sindicato del Inpec, para Noticias Caracol en vivo. "Todos sabemos que las personas privadas de la libertad, jefes de estas bandas, no pierden su poder delincuencial, y cuando no se acceden a los compromisos, a los caprichos o a los deseos de esta gente, pues ellos mismos ya se han asociado. Cuando hay traslados de privados de la libertad por mantener el orden, de manera aleatoria hacen en cualquier parte del país este tipo de atentados", añadió. Las medidas del Gobierno tras atentados contra funcioanrios del InpecAltos funcionarios del Gobierno nacional y de la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades, se reunieron el pasado domingo y anunciaron una serie de acciones que busca detener esta amenaza contra los dragoneantes del Inpec, además de mencionar "las hipótesis en las que se avanza frente a los recientes ataques contra servidores del Inpec y de la Policía vinculados con el sistema penitenciario en todo el país". En ese sentido, se establecieron los siguientes puntos:La creación de un grupo especial de investigación entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, para enfrentar la criminalidad contra servidores del Inpec y de la Policía Nacional.Recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información que permita la identificación de los autores materiales o determinadores. Puede comunicarse con la línea 157.Implementación de una estrategia para redoblar la protección a guardianes del Inpec, acompañada del aseguramiento perimetral para las cárceles.Las organizaciones involucradas en los atentados fueron declaradas objetivo de alto valor y, por tanto, se priorizará su persecución y el desarrollo de las investigaciones.Desde el Ministerio de Justicia se emprenderán acciones para evitar que decisiones judiciales arbitrarias afecten la buena marcha de las investigaciones.Se iniciará un proyecto de implementación de política criminal centrada en la seguridad carcelaria, que tendrá como eje central la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a impedir la comisión de delitos desde los centros carcelarios y garanticen la vida y la seguridad de los funcionarios del Inpec.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que cuatro mujeres, señaladas de integrar una red criminal conocida como La Tía, fueron capturadas. El grupo delincuencial se dedica, de acuerdo con las investigaciones, al narcomenudeo en el centro de la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.Luz Stella Espinosa, Betty Posada Quiñones, María Amparo Rengifo y María Félix León Torres fueron presentadas ante un juez de control de garantías. "A quienes un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Cargos que no aceptaron", se lee en un comunicado de la Fiscalía. Las cuatro mujeres deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúan sus procesos.Lea: Red de trata transnacional hallada en Colombia forzaba a mujeres a tener hasta 20 relaciones diarias¿Qué se sabe de la red delincuencial La Tía?De acuerdo con la Fiscalía y los elementos materiales probatorios recaudados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se evidenció que las imputadas, al parecer, simulaban la venta de plantas medicinales, pero en su lugar comercializaban sustancias ilícitas en el barrio El Calvario localizado en el centro de la ciudad de Cali."El trabajo coordinado entre el CTI y la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) de la Policía Nacional permitió que las procesadas fueran capturadas en desarrollo de cuatro diligencias de registro y allanamiento cumplidas el pasado 24 de septiembre", agregaron en el texto. En los procedimientos, además de las capturas, se logró la incautación de varias sustancias ilícitas, dos celulares; dinero en efectivo y bolsas plásticas que serían usadas para dosificar estupefacientes.Lea: Duro golpe al Tren de Aragua en Bogotá: cae operación de tráfico y extorsiónDesarticulan banda Los Abuelos, que utilizaba a menores de edad para expendio de drogasLa Alcaldía de Santiago de Cali dio a conocer un nuevo avance en la ofensiva contra el multicrimen en la ciudad. "Esta vez, las autoridades desarticularon a Los Abuelos, una banda dedicada a cometer diferentes delitos en la ciudad, entre otros, la instrumentalización de menores de edad para el expendio de drogas", se lee en un comunicado.El resultado se dio gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y la Fiscalía General de la Nación, respaldado por la Administración Distrital. El operativo incluyó "una exhaustiva investigación, nueve capturas y 11 allanamientos en los barrios Mojica, Alfonso López y Mariano Ramos, en el oriente de la capital vallecaucana". De acuerdo con los datos recopilados, Los Abuelos comercializaba más de 1000 dosis de estupefacientes a la semana, con rentas criminales que superaban los $20 millones mensuales."Los capturados serán judicializados por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego; concierto para delinquir agravado; uso de menores para la comisión de delitos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado", agregaron en el texto. “Llevamos más de 49 capturas por los delitos de hurto a personas y hurto a motocicletas, y hoy esta banda multicrimen (homicidios, microtráfico y extorsión) número 24 desarticulada en la ciudad, muestra una vez más que la capacidad de nuestra Fuerza Pública es contundente, clara y sistemática. Todas las semanas estamos entregando resultados en pro de la seguridad”, dijo Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital de Cali.De acuerdo con el coronel Wilson Silva, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el cabecilla de la banda es conocido como alias Lágrima, de 31 años de edad. Tiene antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio. Asimismo, se confirmó que es pareja sentimental de alias Celeny, de 23 años, quien fue capturada junto a su hermana, alias Kelly, de 35 años.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Las autoridades y familiares en Palmira, Valle del Cauca, adelantan la búsqueda de Miyerlandi Correa Roa y Leidy Marcela Correa Roa, dos hermanas de 15 y 17 años que fueron reportadas como desaparecidas luego de salir de casa para comprar unos alimentos en la tarde del pasado viernes 3 de octubre.Los últimos momentos en los que fueron vistasDe acuerdo con el relato de su padre, las jóvenes fueron vistas por última vez hacia las 4 de la tarde, cuando se dirigían desde la calle 36 con carrera 7 hacia la carrera 12 con calle 39, en el municipio vallecaucano. Desde ese momento, no se ha tenido rastro de su paradero.En el momento de su desaparición, una portaba un vestido de rayas blancas con negro y la otra una falda de cuadros de color blanco. Sus familiares, visiblemente angustiados, han hecho un llamado a la comunidad para que brinde cualquier información que permita encontrarlas sanas y salvas.“Solo queremos que regresen a casa. No hemos dormido, no sabemos nada de ellas desde ayer”, expresó su padre en declaraciones a medios locales, pidiendo ayuda para difundir la información en redes sociales y medios comunitarios.La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya fueron notificadas del caso y activaron los protocolos de búsqueda para menores desaparecidos. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier dato que pueda contribuir con la localización de las adolescentes a la línea 123 o al número de emergencias del cuadrante más cercano.Los allegados han iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag #BuscamosAMiyerlandiYLeidy, con el fin de ampliar el alcance del mensaje y recibir información sobre su paradero.Cualquier persona que haya visto o tenga información sobre Miyerlandi y Leidy Marcela Correa Roa puede comunicarse de inmediato con las autoridades o acercarse a la estación de Policía de Palmira. La familia continúa a la espera de noticias que permitan esclarecer lo ocurrido y lograr su pronto regreso.NOTICIAS CARACOL
Tras seis meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, EUROPOL y autoridades policiales de Tirana (Albania) y Croacia, capturó a trece integrantes de una red transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.Las capturas se materializaron en Antioquia, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (nueve), Pereira (tres) y Cali (una), además de una captura en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego.De acuerdo con lo informado por las autoridades, se estableció que la organización criminal tenía vínculos con grupos en Grecia, Croacia, Albania, Kosovo, Malta, Montenegro y Bahréin, operando mediante redes ilegales que se aprovechaban de la vulnerabilidad de mujeres jóvenes.El cabecilla principal, un sujeto conocido como ‘Lukas’, quien posee ciudadanía maltesa y colombiana, y que operaba junto a su padre -quien se encontraría en Malta-, fue capturado en Envigado, Antioquia.Así engañaron a 60 víctimas colombianasSegún la investigación adelantada por el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dirección de Investigación Criminal, la red transnacional se especializaba en la captación, traslado y explotación sexual de mujeres, en su mayoría colombianas, a las que enviaba a países europeos bajo falsas promesas laborales. Una vez en el extranjero, eran sometidas a condiciones de esclavitud sexual.Las víctimas eran obligadas a asumir una deuda inicial de 5.000 euros por supuestos gastos de pasaporte, tiquetes, alimentación y alojamiento, pago que se volvía impagable debido al hurto sistemático de sus ingresos por parte de los explotadores, quienes decían que eran para pagar los intereses de lo prestado. Además, les imponían multas constantes para que no pudieran saldar lo que supuestamente adeudaban, manteniéndolas en un estado de servidumbre y control económico.Algunas de las mujeres engañadas fueron abusadas sexualmente al llegar a sus destinos y, además, las obligaban a prestar entre 15 y 20 servicios sexuales diarios, generando rentas criminales de hasta 5.000 euros por víctima.Asimismo, las víctimas indicaron que habían sido contagiadas de enfermedades de transmisión sexual, además de sufrir graves afectaciones en su salud física y mental, detallaron las autoridades.Durante la investigación, se identificaron 60 víctimas colombianas en países como Albania (44), Croacia (5), Bahréin (4), Kosovo (3) y Montenegro (4).Las capturas de los presuntos criminales fueron materializadas a través de 14 registros de allanamientos donde se incautaron 3 armas de fuego, munición, 4 computadores, 15 teléfonos celulares y documentación, los cuales serán anexados como elementos materiales de prueba.Los capturados, mujeres y hombres con edades entre 22 y 56 años, fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
Gremios y analistas ven con preocupación las más recientes protestas pro-palestinas que terminaron en violencia en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde el comercio y la propiedad privada resultó vandalizada. Advierten que algunos de los manifestantes estarían siendo instrumentalizados con fines políticos y electorales.Lo que inició como una protesta en defensa de los derechos de los habitantes de Gaza, terminó siendo el escenario de desmanes en Bogotá y otras ciudades. Fachadas de propiedades privadas y comercios terminaron vandalizadas. Tras lo ocurrido, varias voces de rechazo se hicieron escuchar. Una de ellas fue la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien condenó los desmanes y pidió al gobierno nacional una reacción urgente frente a los hechos de vandalismo provocados en las protestas impulsadas, según él, por el ejecutivo."Porque esas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas ayer y hoy por el presidente de la República (...) Es importante que el presidente y el gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá. ¿Están de acuerdo sí o no con esos hechos de violencia, con los disturbios, con la destrucción, con el vandalismo?", dijo el alcalde de la ciudad en un video publicado en sus redes sociales.Lea: Leyes del derecho a la protesta “desprotegieron a ciudadanos que no lo hacen”: Distrito¿Qué dijeron analistas sobre el trasfondo de las protestas pro Palestina?Analistas aseguran que los hechos de violencia ocurridos en Bogotá, Medellín y Cali son productos de una instrumentalización política contraria a la razón inicial de la protesta. "Pareciera que los grupos que están protestando en Colombia quisieran instrumentalizar esa causa para poner sobre el tapete o para manifestarse alrededor de otros temas que tienen más que ver con la coyuntura política local colombiana y con el apoyo al gobierno del presidente Petro", dijo Thierry Ways, analista político.Por su parte, Néstor Rosanía, analista en temas de seguridad, dijo que "esta marcha lo que ha sido es instrumentalizada políticamente, donde se intenta deslegitimar la causa Palestina para utilizarla con fines electorales tanto de la derecha como la izquierda". Además señalan que los mensajes por el presidente Gustavo Petro contra gremios como la ANDI pueden desencadenar actos de violencia como los ocurridos esta semana."El clima que ha propiciado el presidente con relación a esta gremiación hace que estos manifestantes que como ya dije están tratando de conectar el tema del Medio Oriente con temas locales terminen enredando a la ANDI en una situación en la que por supuesto ella no tiene nada que ver", agregó Ways.Entre tanto gremios económicos señalan que respetan el derecho a la protesta por una causa justa, pero piden a los manifestantes no afectar el comercio con disturbios, bloqueos y vandalismo. "Recientes protestas pro-palestina han afectado la operación diaria de muchas micro, pequeñas y medianas empresas mipymes, con bloqueos, daños y menor actividad comercial, golpeando especialmente las empresas más pequeñas que viven el día a día", aseguró María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).Los comerciantes de las zonas aledañas a los sitios donde se han portado protestas aseguran que estas manifestaciones generan pérdidas económicas debido a los desórdenes generados por los manifestantes. "Económicamente sí, afecta a todos los los establecimientos, porque cuando hay este tipo de protestas la gente se abstiene de salir", dijo el comerciante Arnulfo Rojas.Expertos coinciden en que los mismos manifestantes que incurrieron en actos de vandalismo durante el estallido social de 2021 podrían estar detrás de la nueva oleada de acciones injustificadas en el marco de la protesta pro-Palestina. Alcaldes de ciudades afectadas pidieron a la Fiscalía General de la Nación individualizar y judicializar a los responsables.MATEO MEDINA ESCOBAR/JUAN PABLO CONTRERAS/DANIEL ORTIZNOTICIAS CARACOL
José Fener Castaño Carmona, quien fue docente en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, en Valle del Cauca, fue condenado a 14 años y 4 meses de prisión por el abuso sexual de nueve de sus estudiantes, entre los años 2014 y 2022. (Lea también: Alarma por casi 70 denuncias de abuso sexual contra docentes de Instituto de Bellas Artes en Cali)La denuncia contra este maestro se remonta a mayo de 2022, cuando varias estudiantes interpusieron más de 70 denuncias contra por lo menos 12 profesores de ese centro educativo. En su momento, Ángela Bastidas, una de las manifestantes, dijo a Noticias Caracol que las víctimas sufrieron “abusos mentales, psicológicos y también sexuales. Ha habido casos donde, hace cinco años, se han venido manifestando casos donde profesores lo hacen con la excusa de que es arte”.Para esa época, solo dos de los profesores denunciados fueron apartados del cargo, como lo confirmó la entonces gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.Élmer Montaña, que representaba a las víctimas, dijo que “lo aterrador de esto es que aquí hay una estrategia muy bien diseñada por parte de estos profesores para engañar a las estudiantes y hacerles creer que los abusos sexuales que están cometiendo con ellas hacían parte del proceso de formación artística, y yo creo que eso es un elemento muy importante que debe tener en consideración la Fiscalía General de la Nación”.A un profesor lo detuvieron cuando estaba votandoSe trataba de Camilo Alberto Capote Zamora, detenido el 29 de mayo de 2022, día de elecciones. El docente, que impartía clases en un programa de licenciatura en artes escénicas y en un programa infantil y juvenil, fue imputado por acceso carnal violento, actos sexuales violentos y acoso sexual agravado.Según detalló la Fiscalía General de la Nación, “al parecer el docente se aprovechó de su posición de autoridad académica y, entre 2014 y 2021, agredió sexualmente a algunas estudiantes que asistieron a sus clases”.Fuero por lo menos nueve alumnas, siete de ellas menores de edad para la época de los hechos, quienes “fueron sometidas en contra de su voluntad y abusadas sexualmente en las instalaciones del instituto y en el vehículo particular del docente”, indicó el ente acusador.Entretanto, José Fener Castaño Carmona fue declarado culpable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, y deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.De acuerdo con la investigación, el profesor aprovechó “su posición de autoridad y dominio durante la clase de actuación que dirigía, realizó insinuaciones íntimas y tuvo comportamientos indebidos y de tipo sexual con varias de sus estudiantes. Estos comportamientos se prolongaron durante ocho años”.El fallo contra el docente de Cali es de primera instancia y el acusado podrá apelar la decisión.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
El 7 de septiembre de 2012, Jackeline Velasco, de apenas 10 años, desapareció sin dejar rastro en el barrio Santander de Cali. Su madre, Floralba, sintió que algo andaba mal cuando no la encontró en casa al volver del trabajo. Lo que comenzó como una búsqueda por la zona, rápidamente se convirtió en una investigación policial que, en un principio, no tenía un rumbo claro. El Rastro conoció el caso en el 2018 y los relatos que conoció son estremecedores.“Es tanto el instinto de madre que uno me dice que algo malo está pasando”, recordó la mamá de la niña. La primera hipótesis que manejaron las autoridades fue que la niña se había escapado voluntariamente. Sin embargo, esta teoría no convencía a sus padres. La investigación dio un giro total cuando apareció un testigo clave: un empleado de una empresa de mensajería quien aseguró haberla visto subir a una camioneta gris de platón. La niña no fue forzada; subió al vehículo con normalidad, lo que indicaba que el conductor del vehículo era una persona cercana a ella.“No se subió con violencia ni nada, normal, como si fuera alguien conocido”, relató el testigo. Este testimonio centró todas las sospechas en una persona del círculo cercano de la familia, era alguien en quien Jackeline confiaba.La coartada perfecta que se desmoronóLos investigadores no tardaron en identificar al propietario de un vehículo que coincidía con la descripción: un hombre llamado Óscar Eduardo Cadavid, quien resultó ser el esposo de una tía de la menor. Se trataba de una persona muy cercana, ya que la tía de Jackeline, Gloria, fue quien recibió a la familia cuando llegaron a Cali y le dio trabajo a Floralba en su restaurante. Por esta cercanía, a la niña se le había inculcado que debía llamarlo tío. Cuando fue interrogado, admitió haber estado con Jackeline ese día, una versión que inicialmente había negado en una llamada al padre de la niña.“Nos dice que efectivamente él estuvo con la menor, habló con ella, que se trasladaron al barrio Santa Elena, recogieron unos bultos, los han traído hasta el restaurante y después él fue a provisionar de combustible su camioneta a una estación de servicio cercana y la dejó en la casa”, señalaron las autoridades.Para justificar sus movimientos durante el resto de la tarde, Cadavid aseguró que, tras dejar a la niña, se había reunido con un amigo en el centro comercial Río Cauca y que de allí se fueron al barrio Pizamos, donde pasaron la tarde. Los investigadores localizaron al amigo y, para su sorpresa, este corroboró la historia. El intendente Jorge Eliécer Lozano, a cargo del caso, explicó que “la versión en ese momento coincide de que pues estuvieron reunidos ese día”. Con esta confirmación, la coartada parecía sólida y Cadavid se mostraba muy tranquilo, muy sereno, hasta ese momento no había señales que lo incriminaran.Sin embargo, los investigadores decidieron verificar la historia por su cuenta. Solicitaron los registros de llamadas de los celulares de Óscar Cadavid y su amigo para triangular su ubicación a través de las antenas de telefonía. Los resultados fueron contundentes.El análisis técnico reveló que, en las horas posteriores a la desaparición de Jackeline, los teléfonos de ambos hombres no estuvieron en el barrio Pizamos, como habían declarado. Por el contrario, las señales los ubicaban en las afueras de Cali, en una zona completamente distinta. Con esta prueba irrefutable, el intendente Lozano afirmó: “Con este reporte le demostramos a Óscar que acá lo que nos dijo es totalmente falso”. La mentira había quedado al descubierto, y la investigación se direccionó definitivamente hacia él.Confesión develó un detalle inquietanteCon esta nueva evidencia, los investigadores citaron nuevamente al amigo de Óscar, pero esta vez la entrevista fue bajo la gravedad del juramento. Al comprender que podría enfrentar consecuencias penales por encubrir a su amigo, él cambió totalmente su versión. Confesó que nunca estuvieron juntos en el barrio Pizamos y reveló la verdadera razón de la mentira: su amigo le había pedido ayuda para crear una coartada porque supuestamente había estado "en un motel con una amiguita que él tenía" y su esposa lo había estado llamando toda la tarde.Pero el amigo reveló un detalle aún más inquietante. Relató que ese día Óscar lo recogió en su camioneta gris y le pidió que lo acompañara al lavadero. Notó que su amigo estaba afanado por lavar el carro. La excusa fue que había estado en la galería y el vehículo estaba sucio. Para los investigadores, este afán era altamente sospechoso. El amigo vio que el carro estaba muy empantanado por lo que se preguntó dónde había estado realmente Óscar.Con todas estas pruebas, la Fiscalía ordenó la captura de Óscar Cadavid en febrero de 2013. A pesar de las contundentes evidencias y sus propias contradicciones, nunca aceptó los cargos y afirmó su inocencia.En enero de 2017, fue condenado a 43 años de prisión por el delito de desaparición forzada. El cuerpo de Jackeline fue hallado 11 días después de su desaparición en un cañaduzal en Palmira, pero solo fue identificado casi dos años después. La causa de la muerte no pudo ser establecida debido al avanzado estado de descomposición. Para los investigadores, la hipótesis es que Óscar intentó abusar de ella y, al no conseguirlo, la asesinó. Su madre, Floralba, sostiene la misma idea: “Que la desapareció con el propósito de abusar de ella”.
La compleja investigación en torno al crimen del empresario vallecaucano Jorge Hernando Uribe Bejarano, perpetrado en abril del 2025, ha revelado un delicado panorama familiar y criminal que apunta a la presunta intervención de su propio hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano. La Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus esfuerzos para identificar a los supuestos responsables, tanto materiales como intelectuales, de este suceso que ha generado conmoción en Colombia. (Siga leyendo: Cronología del crimen de empresario Jorge Hernando Uribe: fue a un restaurante y apareció calcinado). Un avance significativo ocurrió el 18 de septiembre, cuando Juan Carlos Uribe Bejarano fue detenido en la Biblioteca Departamental de Cali, bajo la sospecha de estar implicado en el deceso de su pariente. A pesar de que fue imputado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, un juez de control de garantías determinó otorgarle la libertad. Esta decisión se fundamentó en que no se logró demostrar con pruebas suficientes su implicación directa en el asesinato. No obstante, el implicado permanece formalmente sujeto al proceso investigativo.En entrevista con Noticias Caracol, la hija de la víctima, Alejandra Uribe, precisó que el ente acusador tiene en su poder abundante material probatorio que supuestamente establecería un nexo entre Juan Carlos Uribe y los ejecutores del crimen. Entre las pruebas figuran registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto de la aplicación WhatsApp, videos, conversaciones plasmadas por escrito y declaraciones de diversos testigos. Alejandra Uribe catalogó la información recopilada como "demasiada, es exceso, o sea eso da totalmente para judicializarlo". Se debe destacar que tanto la hija del empresario, como el propio Juan Carlos Uribe, han asegurado públicamente que su tío fue la última persona en departir con su padre. Alejandra Uribe precisó a Noticias Caracol que su pariente "fue a almorzar con mi papá y después de almorzar fue que fue entregado mi papá para que lo asesinaran". A raíz de la determinación judicial de dejarlo en libertad, la Fiscalía ha manifestado que presentará una apelación, buscando que el sospechoso sea recluido en prisión mientras avanza el proceso.El crimen de su madre hace 8 años: ¿tiene relación el homicidio del empresario?El violento fin de Jorge Hernando Uribe, quien fue hallado desmembrado y calcinado, evocó una tragedia previa: el asesinato de su cónyuge, madre de Alejandra, ocurrido aproximadamente ocho años atrás. De acuerdo con la mujer, en diálogo con La W, el hecho tuvo lugar una finca destinada al descanso de la familia y que estaba localizada en el municipio de Ginebra, en el centro del Valle del Cauca. Eran alrededor de las 6:00 p.m. cuando dos sujetos armados ingresaron a la propiedad. En el interior estaban la esposa del empresario, Alejandra Uribe, el hermano de esta, la hija de Alejandra de seis años, y su sobrino de tres años. Los agresores ordenaron a los presentes agruparse en un círculo, fingiendo, al parecer, un intento de hurto. Luego, uno de los criminales disparó a la cabeza de la esposa del empresario, ocasionando su muerte de forma inmediata. Así lo relató Alejandra Uribe, quien detalló: "A nosotros se nos entraron dos sicarios y le pegaron un tiro a mi mamá en la frente. Ella cae muerta"Al presenciar el ataque, el hijo se enfrentó a los atacantes y recibió seis impactos de bala. La hija de Alejandra, una niña de seis años, al ver a su abuela desplomarse, se separó de su madre y se aproximó a ella, momento en el que fue herida de bala en un pie. Tras el violento suceso, el cuerpo sin vida de la madre quedó en la propiedad de Ginebra, un inmueble que Jorge Uribe estaba vendiendo. Alejandra relató que logró llevar rápidamente a su hermano, su hija y su sobrino a un centro de salud. En Cali, según relató, su hija fue "operada por el Dr. Juan Bernardo Guerra, quien afortunadamente me le salva el pie". Personas cercanas a la familia Uribe Bejarano han sugerido que estos dos actos de violencia, el homicidio de la madre y el asesinato brutal posterior del padre, constituyen una persecución que presumiblemente se relaciona con propiedades y recursos financieros de los Uribe Bejarano. Por su parte, la hija de las víctimas indicó que después de ambos hechos ha tenido que vivir una situación de aislamiento, manifestando: "Yo no he podido hablar con nadie de la familia". Agregó que "nadie la familia me ha llamado" desde que ella empezó a respaldar activamente el proceso liderado por la Fiscalía y la Policía. Sin embargo, aclaró que todo cambio en los años recientes ya que la convivencia familiar era armoniosa hasta el homicidio de su madre. Fue en ese instante cuando "toda la familia se desapareció, la familia Uribe". Ella señaló que el único pariente que mantuvo cercanía después del homicidio de la madre fue su "tío Toño Uribe".Respecto a la posible conexión entre ambos crímenes, Alejandra Uribe enfatiza su urgencia por esclarecer la verdad, declarando: "Yo no he podido, yo no he podido saber si tiene conexión la muerte de mi madre con la de mi padre, pero yo necesito saber la verdad". La hija del empresario clama por la revelación de la verdad y justicia, subrayando que no puede permitir que la muerte de su padre quede impune, especialmente por las condiciones atroces en que fue asesinado. Alejandra reitera su determinación: "Yo llevo nueve años sin saber qué fue lo que pasó con mi mamá, y ahora no voy a dejar impune la muerte de mi papá".La hija del empresario puntualizó que dedicó cerca de una década a indagar el homicidio de su madre sin obtener la identidad de los culpables. Describió la gestión investigativa de la Fiscalía en aquel caso como "fallido", y relató que tuvo que recurrir a endeudamiento, "pidiendo préstamos bancarios," para costear abogados y trámites. A pesar de sus esfuerzos, perdió "todos los procesos". Ella sospecha que el caso pudo haber sido manipulado ilegalmente "por detrás". Hay que resaltar que en el asesinato de Jorge Hernando, las autoridades también han involucrado a otros individuos, destacando la captura inicial de Brayan Eduardo Garcés, de 32 años, efectuada el 23 de abril de 2025, por su presunta intervención en la desaparición y posterior homicidio del empresario de 74 años. Al momento de su detención, Garcés portaba artículos que se presume eran propiedad de la víctima. Alejandra Uribe confirmó que este individuo fue aprehendido en el lugar donde se localizaron "las cenizas del cuerpo de mi papá y los tres huesos que encontramos". Aunque fue enviado a prisión, Garcés no aceptó los cargos imputados. Un segundo presunto sicario, identificado como Moisés Betancourt Zamora, fue objeto de un procedimiento de captura en Cartagena. No obstante, la acción judicial resultó infructuosa y un hecho confuso para la familia, puesto que se aprehendió erróneamente a su hermano mellizo. La hija de Jorge Hernando explicó que el hombre detenido era "exactamente igual de pies a cabeza" y que la jueza, por ello, "da la orden de sacarlo y tenía toda la razón".El empresario, dedicado a la planificación de eventos, fue reportado como desaparecido el 6 de abril de 2025. La última ocasión en que fue visto con vida fue ese día en el restaurante El Rincón de Belén, ubicado en la zona norte de Cali. Allí, al parecer, estaba en compañía de sus hermanos Juan Carlos y Lucero Uribe Bejarano. La geolocalización de su dispositivo móvil indicó que, cerca de las 4:00 p.m., se desplazó hacia el sector sur de la urbe. La preocupación familiar se activó el 7 de abril, cuando sus hermanos Juan Carlos y Lucero Uribe Bejarano contactaron a Alejandra para notificar la ausencia. Alejandra recordó que "fue un día supremamente duro, donde de repente me llaman y me dicen que mi papá no ha llegado a la casa, que no lo encuentran". La versión preliminar dada por Juan Carlos y Lucero indicaba que Jorge Hernando había sido invitado dos días antes de la desaparición al apartamento de Lucero para pasar esas noches y que había salido a entregar unas "cajas". El desenlace se confirmó el 11 de abril, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en conjunto con la Policía y el Ejército, descubrió los restos humanos. El cadáver del empresario de 74 años fue hallado desmembrado y calcinado en la vereda El Estero, en el corregimiento de Navarro, al sur de Cali. Su vehículo, una camioneta, también fue encontrado en la parte posterior de su vivienda en el mismo sitio. LAURA NATHALIA QUINTERO. 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A las 6:00 de la mañana de este lunes, 22 de septiembre de 2025, comenzó el día sin carro y sin moto en Cali. La medida finalizará a las 7:00 de la noche y los conductores que incumplan la norma deberán responder por multas alrededor de 650.000 pesos.El subsecretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo Velásquez, habló en Noticias Caracol sobre el día sin carro y sin moto y mencionó que “esta medida se toma para buscar disminuir la contaminación ambiental por todos estos gases emitidos por los diferentes vehículos”.Sobre alternativas de movilidad, el subsecretario dijo que se abrieron rutas para que los ciudadanos transiten en bicicleta: “Tenemos varias rutas tanto en el sur, como en el norte, el oriente y el occidente. Tenemos en la zona norte la 14 Calima, en la zona sur por el sector de Unicentro y Jardín Plaza y en la zona oriente y occidente para que la gente y salga en su bicicleta y aproveche para hacer deporte también”.¿Qué vehículos pueden salir en día sin carro y sin moto en Cali?Yadira Lujo, gestora de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, explicó cuáles serán las excepciones en este día sin carro y sin moto en Cali: “vehículos híbridos o vehículos eléctricos, personal de la salud, personal domiciliario, personal de vigilancia. Entonces, la recomendación es que si usted hace parte de alguno de estos equipos, esté debidamente identificado, debidamente uniformado y también si se llega a presentar algún caso fortuito de fuerza mayor, que tenga una urgencia, una emergencia, la autoridad está presa para garantizar, uno, que llegue al lugar de destino al que necesita y obviamente esa también sería una excepción que hay a la regla. La invitación es hacer uso de los modos de transporte legales, lo que es sistema de transporte masivo, lo que son vehículos tipo taxis o, en su defecto, pues podemos usar la bicicleta, modos alternativos y la caminata. Tenemos una recomendación muy especial. Se ha evidenciado que cuando hay esas actividades de movilidad activa, aunque el objetivo es evitar los siniestros fatales y estos tienen una disminución, se ha detectado que aumentan los accidentes por exceso de velocidad”.Agregó que se invita a “los ciudadanos al tener las vías más despejadas aumentan la velocidad y pues entonces la lesividad en los accidentes pues es mayor. Entonces esta es una recomendación importante que queremos hacer desde la Secretaría de Movilidad que moderemos el uso de la velocidad”.Específicamente, según la Alcaldía de Cali, sí podrán circular vehículos oficiales del gobierno y diplomáticos, como los de altos funcionarios y caravanas presidenciales, que cuenten con identificación institucional; los de la fuerza pública y seguridad, incluyendo Policía, Ejército, INPEC y Migración Colombia, si son operativos; vehículos de emergencias y salud como ambulancias, Cruz Roja y Defensa Civil, con carné visible o identificación permanente; los de servicios públicos esenciales (energía, agua, gas, aseo, telecomunicaciones) con identificación no removible; entidades operativas del Estado como secretarías, Fiscalía, ICBF, DIAN, entre otras, con identificación institucional.También vehículos que transportan personas con discapacidad permanente, acreditados ante la Secretaría de Movilidad; medios de comunicación con logos permanentes; vehículos de seguridad privada y transporte de valores autorizados y con uniformes; vehículos operativos del sector justicia designados oficialmente; vehículos eléctricos o híbridos registrados como tal en la licencia; transporte de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, con conductores uniformados e identificados; personal de aeropuertos y pasajeros que acrediten su viaje; transporte público como MIO, taxis y colectivos con identificación institucional; servicios fúnebres autorizados y acondicionados; mensajería y domicilios con logos fijos y conductores uniformados; transporte escolar autorizado e inscrito; vehículos recién retirados de patios oficiales con documentos válidos por máximo dos horas; y vehículos que transportan pacientes con enfermedades terminales o tratamientos especiales, con soporte médico.La Secretaría de Movilidad Distrital dispondrá de más de 400 agentes de Tránsito, que garantizarán el desarrollo de la jornada y la seguridad de los ciudadanos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Alejandra Uribe, hija del empresario Jorge Hernando Uribe, manifestó que hay pruebas para judicializar a su tío, Juan Carlos Uribe, como el responsable del crimen de su padre. Tras cuatro meses del brutal asesinato, las investigaciones apuntan a que la víctima fue visto por última vez, el 6 de abril del 2025, en un restaurante del norte de Cali llamado el Rincón de Belén.Desde ese lugar, los investigadores del caso han ido reconstruyendo los siguientes pasos que habría dado Jorge Hernando hasta el punto, en zona rural de Cali, donde fueron hallados sus restos calcinados. La desaparición del empresario, de 74 años, duró una semana, pues para el 11 de abril, las autoridades hallaron la trágica escena.En el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo fue encontrada la camioneta del empresario, dedicado a la organización de eventos. El primer capturado fue Brayan Garcés, quien estaba en el predio donde desenterraron los restos de Jorge. Desde esos indicios se empezó a construir la hipótesis de qué pudo pasarle y se estableció una presunta responsabilidad, como determinador, de su hermano, el relacionista público Juan Carlos Uribe.Aunque la Fiscalía señaló a Juan Carlos como el responsable, un juez lo dejó en libertad al considerar que no existen suficientes pruebas su rol en el homicidio de su propio hermano. Sin embargo, para Alejandra, “él (su tío) fue la última persona que estuvo con su padre. Fueron a almorzar y después entregó a mi papá para que lo asesinaran”.La hija de la víctima señaló que lo "entregaron a los sicarios". Noticias Caracol conoció que, en el expediente, que involucra restos desmembrados y calcinados, hay un complejo entramado con pruebas telefónicas, chats por WhatsApp y testimonios que involucrarían a Juan Carlos en el homicidio de Jorge Hernando.“Ya tienen los lugares donde se reunieron. Ya hay mucha información que da para judicializarlo”, dijo Alejandra en diálogo con Noticias Caracol. Pese a los señalamientos en su contra, Juan Carlos Uribe Bejarano, imputado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, no aceptó los cargos, se declaró inocente y fue dejado en libertad por decisión de un juez.El otro señalado en el caso de Jorge Hernando UribeEn el confuso caso también estaría involucrado Moisés Betancur, identificado como uno de los sicarios, cuyo procedimiento se realizó en Cartagena. No obstante, la detención fracasó debido a un error de identidad.Alejandra Uribe calificó el hecho de confuso, explicando que, debido a que Moisés tiene un hermano mellizo "exactamente igual de pies a cabeza," el juez dio la orden de liberarlo, reconociendo el fallo en el procedimiento.“No era Moisés el que iban a traer, pero desgraciadamente tenía un mellizo y exactamente igual de pies a cabeza y por eso es que la juez da la orden de sacarlo y tenía toda la razón, se falló, no sabíamos que tenía un mellizo exactamente igual," lamentó Alejandra.Cuatro meses después del asesinato, y con solo una persona detenida en firme. la hija del empresario clama por celeridad en la investigación. Su pedido se dirige directamente a la juez que lleva el caso: "Lo único que le pido es que tenga piedad. Yo solo pido justicia, yo solo pido que salga la verdad".Por el momento, la Fiscalía intentará llevar tras las rejas a Juan Carlos y avanza la búsqueda de Moisés Betancur, quien en su papel como sicario es una de las piezas claves para aclarar quién le dio la orden para cometer el asesinato del empresario Jorge Hernando. Alejandra señaló que solo busca la verdad en un caso que hoy mantiene conmocionada a Colombia por la crudeza de los hechos.NOTICIAS CARACOL