La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Argentina denunció a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la "detención arbitraria y desaparición forzada" de un gendarme argentino detenido y acusado de "terrorismo" por la fiscalía venezolana, informó este jueves la cancillería.Argentina presentó la denuncia ante el tribunal con sede en La Haya por el caso de Nahuel Gallo, ocurrido "el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela", y señaló "al fiscal general Tarek William Saab", detalló en un comunicado.Lea también: María Corina Machado convoca a manifestación: "Venezolanos, la hora ha llegado"Para el gobierno argentino, la detención constituye "una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI".Según las autoridades argentinas, Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), de 33 años, fue detenido en Venezuela tras ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y al hijo de ambos, que cumple dos años en enero.Pero Saab aseguró en un comunicado el viernes pasado que Gallo había "intentado ingresar irregularmente (...) ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental".Lea también: Edmundo González pide unidad para asumir la Presidencia de Venezuela el 10 de eneroGallo será imputado por "conspiración" y "asociación para delinquir", dijo el fiscal, que confirmó a la AFP ese día que el uniformado estaba recluido en Caracas.El fiscal venezolano acusa a Gallo de intentar "una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas" y de contar "con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional".Relación rotaLa ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, cuestionó las afirmaciones de Saab y aseguró que Gallo "ingresó a Venezuela en forma absolutamente legal y lo que no fue legal fue la forma en que lo secuestraron en la frontera".El canciller argentino, Gerardo Werthein, le respondió al fiscal el viernes a través de un comunicado: "Su retórica vacía y sus agravios infundados no podrán ocultar la gravedad de este caso ni justificar las atrocidades que legitima desde su cargo", escribió."El caso de Nahuel Gallo será llevado a todas las instancias necesarias hasta garantizar su liberación y demostrar que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes", añadió.Lea también: Venezuela: tres mensajes que ha enviado María Corina Machado a días de la posesión presidencialLa relación diplomática entre el presidente argentino Javier Milei y su par venezolano Nicolás Maduro ya era tensa, pero se terminó de romper cuando el líder ultraliberal desconoció la reelección de Maduro el 28 de julio para un tercer mandato consecutivo de seis años.Tras la ruptura de relaciones, la embajada argentina en Caracas es custodiada por Brasil. En esa sede diplomática se refugiaron en marzo seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, acusados de "terrorismo".Uno de ellos renunció al asilo el 20 de diciembre y abandonó la embajada para ponerse a la orden de las autoridades. Los cinco que restan esperan un salvoconducto para abandonar el país.Lea también: Tribunal Supremo de Venezuela impone multa a TikTok por 10 millones de dólares por retos virales
Estados Unidos rechazó este jueves la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza."Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes", dijo a la agencia de noticias EFE un portavoz de la Casa Blanca, que explicó que Washington está coordinándose con sus aliados, incluido Israel, sobre los "próximos pasos" a tomar.(Lea también: así reaccionó el presidente Petro tras orden de arresto contra Benjamin Netanyahu)El portavoz señaló que Estados Unidos está "profundamente preocupado" por la "precipitación" de la Fiscalía de la CPI, liderada por Karim Khan, para solicitar las órdenes de arresto, así como por los "errores procesales problemáticos que han llevado a esta decisión"."Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto", subrayó el portavoz.Netanyahu, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidadLa CPI pidió este jueves el arresto y entrega tanto de Netanyahu y Gallant como del dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohammed Deif, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, algo que no ha podido ser confirmado de forma independiente.Tras la emisión de las órdenes de arresto, Netanyahu tildó la acusación de la CPI de "absurda y falsa" y de decisión "antisemita", y aseguró que "no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza".(Lea también: más sobre las declaraciones de Netanyahu contra la Corte Penal Internacional)Mientras, Hamás celebró la medida. "La justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista", aseveró.La CPI no cuenta con una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen la obligación de cooperar con la corte. Ni Estados Unidos ni Israel son parte de este tribunal.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal.(Lea también: presidente Petro celebra orden de captura de la CPI contra Netanyahu)Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, otra petición rechazada por los magistrados.“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.Consideró además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, dijo.(Lea también: Netanyahu tilda a CPI de antisemita y dice que "no hay nada más justo que la guerra en Gaza")Nentayahu, acusado también de persecución y otros actos inhumanosEn este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Nentayahu y Gallant como “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.Además, también se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza.“La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, añadió la CPI.(Lea también: EE. UU. veta proyecto en la ONU para un cese el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza)En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Khan había pedido el arresto de los entonces líder de Hamas Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y su buró político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.Sin embargo, y desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque en Teherán en julio y su heredero, Sinwar, corrió el mismo destino en otro de Israel en Gaza el mes pasado, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento.Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre "su supuesta muerte"."El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto”, señalaron los jueces.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se reunió en Bogotá con el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y otros miembros del Gobierno.Corte Constitucional ordenó al Congreso retomar proceso para elección de contralor generalKhan elogió el papel actual de Colombia en materia de justicia y destacó la cooperación y el trabajo adelantado como prueba del éxito ante el mundo.“El ejemplo de Colombia y el trabajo de la JEP, si bien permanecen algunos retos, deben ser reconocidos. Es un país que ha hecho tanto y ha buscado aplicar la ley consistentemente. Seguimos trabajando con la gente, con el Gobierno de Colombia y con sus instituciones. Considero y lo he dicho alrededor del mundo, que el ejemplo que vemos acá es un ejemplo para el mundo”, aseguró Khan.Por su parte, el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que celebra la importancia de reafirmar los lazos de cooperación y, especialmente, el papel de las víctimas.“En esta visita vamos a firmar un acuerdo en el marco de acompañamiento para que se pueda nutrir nuestro sistema judicial y, al mismo tiempo, para que nuestro sistema judicial pueda ofrecer todas estas experiencias al mundo. Además, con el firme propósito de buscar la manera más efectiva de reparar a las víctimas y a los sobrevivientes de crímenes atroces que nuestra historia dolorosa nos muestra, pero que también nos da el valor para continuar adelante y construir un mejor país”, sentenció Murillo.A la reunión de este jueves, 25 de abril de 2024, asistieron también el ministro de Justicia, el presidente de la JEP, el presidente del Consejo de Estado, la procuradora General y el vicefiscal General de la Nación.¿A quién va dirigido este vainazo de Uribe? Habló de tigres que muerden la mano
Familiares de israelíes retenidos por Hamás y rehenes ya liberados visitaron este miércoles la Corte Penal Internacional (CPI) para relatar al fiscal Karim Khan sus historias y exigirle acción contra líderes del grupo islamista, en un tribunal que Israel no reconoce y considera antisemita por investigar también crímenes del Ejército israelí en Palestina.Ejército de Israel rescata, a sangre y fuego, a dos rehenes en la Franja de GazaEn torno a un centenar de personas, incluidos expertos legales, familiares de rehenes aún en poder de Hamás y otros que ya fueron liberados aterrizaron este miércoles en los Países Bajos en un avión especial para desplazarse hasta la sede de la justicia internacional.Una vez en La Haya, donde han sido trasladados en tres grandes autobuses bajo fuerte lluvia, han entrado a la CPI para reunirse con el fiscal Khan y contarle sus casos.Hablaron quienes estuvieron en algún momento en manos de Hamás, y los que aún esperan la vuelta de algún familiar secuestrado, en un intento de presionar y apoyar con su testimonio una lista de crímenes que son jurisdicción del tribunal.“Estos crímenes incluyen genocidio, toma de rehenes, desaparición forzada, violencia sexual, torturas y más. Tales acciones no pueden ni deben quedar impunes. Los perpetradores deben ser responsabilizados penalmente por las atrocidades que han cometido. Confiamos en que la CPI tiene la capacidad de impartir justicia para los rehenes y sus familias”, dijo Shelly Aviv Yeini, del departamento legal del Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos.Hizo estas afirmaciones desde un escenario instalado a unos metros del edificio de la CPI y ante decenas de personas que se concentraron para apoyar a los afectados. Lo hicieron con numerosas banderas israelíes y fotografías de víctimas, y entre gritos y pancartas de “Bring them home now” ("Devolvedlos a casa ahora"), el grito internacional de los israelíes que exigen la liberación de los rehenes.La lluvia empañó el evento, pero no impidió que familiares y rehenes liberados gritaran su testimonio. Raz Ben Ami, capturada por Hamás 54 días hasta ser liberada durante la tregua de noviembre para el intercambio de cautivos por presos palestinos en Israel, aprovechó “que es San Valentin” para enviar un mensaje a su marido, Ohad, que sigue entre los secuestrados.Hospital de Gaza pierde su última ambulancia en un ataque israelí, dice la Media Luna Roja“Ohad y yo hemos estado casados 22 años y, desde el día que nos conocimos, no tuve dudas de que pasaría el resto de mi vida con él. El 7 de octubre, cuando cientos de terroristas invadieron mi kibutz, mi paraíso se convirtió en un infierno. Mi marido y yo fuimos secuestrados de nuestras camas, en pijama, y trasladados a Gaza”, explicó Raz, mientras apuntaba a una fotografía suya y de su marido.Aseguró que su viaje a La Haya quiere hacer “justicia” porque “el mundo no puede estar en silencio” y cada segundo que su marido sigue en poder de Hamás “es un peligro para su vida, no hay tiempo, hay que hacer todo lo posible por traerlo de vuelta a casa ahora, ya”.Los ciudadanos y organismos pueden presentar “comunicaciones” al fiscal para apoyar sus investigaciones, aunque eso no se define como “denuncia”, sino transmisión de información.La CPI tiene abierta desde 2021 una investigación de los presuntos crímenes de guerra cometidos desde 2014 en los territorios palestinos ocupados por Israel (Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este), lo que también afecta al ataque de Hamás y la actual guerra israelí en Gaza, que se han cobrado ya la vida de más de 28.000 civiles.Por tanto, la toma de rehenes es ya objeto de esa investigación y cualquier prueba puede enviarse de forma electrónica al fiscal bajo el apartado “Estado de Palestina”, puesto que es el Gobierno palestino quien se adhirió al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, a diferencia de Israel, que no reconoce su jurisdicción.Israel tilda la investigación de antisemita, puesto que se centra en todas las partes del conflicto, desde Hamás y otras milicias propalestinas hasta el Ejército israelí.“Esta acción no trata solo de responsabilidad, sino de presionar para la liberación de los rehenes, de alentar a todas las naciones a tomar medidas legales contra los responsables de esos actos atroces. Se trata del reconocimiento internacional de que tomar rehenes siempre es ilegal, siempre está mal, siempre debemos estar en contra. ¡Juntos por la justicia y el retorno seguro de todos los rehenes!”, añadió Aviv Yeini.De los 250 rehenes tomados por Hamás en el ataque del 7 de octubre, 112 han regresado a Israel. Unas 1.200 personas murieron en aquella agresión del grupo islamista palestino.Niña palestina que sobrevivió a ataque en Gaza apareció muerta: “Tenía miedo y me pidió buscarla”
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, concluyó su visita a Colombia con un compromiso: apoyar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. También descartó asumir investigaciones que pueden ser asumidas por las instituciones y se refirió a las diferencias entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa.Karim Khan, fiscal de la CPI: “Seguiré apoyando a las instituciones de Colombia”En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, Karim Khan recordó su primera visita a Colombia, que se llevó a cabo en 2021. En esa ocasión cerró la indagación preliminar al país.“Fue la decisión correcta y no solo es mi análisis, es el análisis de mis colegas en Colombia. El presidente Vidal, de la JEP, considera que esa es la decisión correcta. Es un voto de confianza en el trabajo de la JEP. La trayectoria de la JEP se ha incrementado desde la indagación preliminar. Hay un compromiso del presidente Petro y hubo un compromiso del expresidente Duque de apoyar las finanzas de la JEP, sus decisiones, garantizar su independencia frente a las instituciones. Colombia está haciendo un trabajo duro para alcanzar justicia”, dijo.Hay algunas voces que piden que abra de nuevo esta indagación, que se inició en 2004 por los presuntos crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en el país.“La gente tiene la libertad de dar sus puntos de vista. Soy un fiscal independiente, tomo decisiones independientes con base en el estatuto. Entro solo si un Estado es considerado sin voluntad o sin capacidad de investigar genocidios, crímenes contra la humanidad o de guerra. Estoy complacido de decir que Colombia, según mi evaluación, no es ni incapaz ni falto de voluntad. Yo no pienso que Colombia sea un Estado fallido. Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de continuar el diálogo, no están solos, estamos aquí con ustedes”, comentó.Karim Khan también habló de la cooperación con las autoridades colombianas.Encuentran fosa en frontera con Venezuela: su ubicación fue revelada por Salvatore Mancuso“Tendremos presencia física aquí en términos de miembros de mi oficina trabajando con la JEP en asistencia técnica en persona en vez de forma remota. Tendremos que trabajar en forma imaginativa para tener mejores resultados, no para nosotros mismos, sino para las víctimas y los sobrevivientes de Colombia que han tratado de buscar paz y una vida pacífica para el futuro”, acotó.En el tema de las víctimas del conflicto armado, Karim Khan se refirió a las que todavía siguen en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.“En todas partes del mundo se crítica que la justicia es lenta, son las mismas críticas a la Corte Penal Internacional, que es lenta. En Reino Unido hay un dicho muy conocido que reza que la justicia retrasada es justicia negada. Tenemos que hallar una combinación para agilizar el trabajo de la Corte Penal Internacional y agilizar el trabajo interno. Hay que tener en cuenta que son solo 5 años y en 5 años la JEP tiene 20 millones de piezas de evidencia que han sido aseguradas, ha abierto 11 macrocasos, muchas víctimas y sobrevivientes han sido conscientes de que la experiencia de ir a la JEP es catártica, han sentido que es poderosa”, subrayó.Finalmente, Karim Khan habló de los intercambios de opiniones entre el presidente Gustavo Petro y Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia.“En las democracias tienes un intercambio de ideas, pero, al final, el interés de la institucionalidad, el interés del país, va primero. Ustedes tienen una constitución, hay reglas para el Gobierno, reglas judiciales y espero que todo el mundo ponga a la Constitución y esas funciones primero. Esto no significa que todos tienen que estar de acuerdo, significa que todos tienen que trabajar juntos y mi oficina está comprometida a ayudar, a implementar los acuerdos firmados para que los hombres, mujeres y niños de Colombia tengan un mejor futuro. No podemos rendirnos, ellos no se han rendido. Vamos a trabajar juntos y a traer justicia”, manifestó.Excongresista Luis Fernando Almario se convirtió en el primer acusado por Fiscalía de la JEP
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que está atento a las investigaciones que se originarán a partir de las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.Excongresista Luis Fernando Almario se convirtió en el primer acusado por Fiscalía de la JEPLuego de una reunión con el tribunal, aseguró que confía en que esos procesos se adelanten por parte de la justicia colombiana y dejó en claro que la Corte Penal Internacional intervendría si se evidencia que la justicia del país actúa con negligencia y sin mayores resultados.“A menos que se determine que el país no está dispuesto, no tiene la capacidad o no está actuando genuinamente a la hora de investigar y determinar la verdad, yo seguiré apoyando a las instituciones de Colombia”, manifestó Karim Khan.¿Qué ha revelado Salvatore Mancuso?El pasado 15 de mayo de 2023, Salvatore Mancuso habló de las alianzas del paramilitarismo con miembros de la fuerza pública, civiles y empresas, entre otros, esto durante su tercer día de audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).JEP escuchó a víctimas de falsos positivos en Antioquia que vinculan a Mario MontoyaSegún Mancuso, a través del DAS, inteligencia de Policía y Ejército, las AUC obtenían información de seguimientos e interceptaciones ilegales que permitían ubicar a las víctimas, en el caso de los ataques perpetrados contra periodistas.“Actuamos (las AUC) contra personas que tenían que ver con el gremio del periodismo... periodistas que, de alguna u otra manera, atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos con la fuerza pública y con las instituciones del Estado”, aseguró.Mancuso se refirió a los ataques contra los periodistas Jaime Rengifo Ravelo y Gustavo Rafael Ruiz Cantillo, así como las informaciones suministradas a las AUC por José Miguel Narváez, subdirector del DAS, sobre Carlos Lozano Guillen y Jaime Garzón.“Hubo, por ejemplo, información que entregó el director inteligencia del DAS, que fue José Miguel Narváez. Por ejemplo, Carlos Lozano Guillén, que fue director del semanario Voz, esa información la suministró José Miguel Narváez; la de Jaime Garzón, también una parte de esa información, la entregó José Miguel Narváez”, aseguró Mancuso en sus declaraciones.Mancuso cuenta cómo, con ayuda de miembros de la fuerza pública, atacaron a periodistas
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó este viernes, 17 de marzo de 2023, de "decisión histórica" la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado a Rusia.¿Qué implica para Vladimir Putin la orden de arresto por parte de la CPI?"Esta es una decisión histórica, a partir de la cual comenzará la responsabilidad histórica", dijo Volodimir Zelenski en su habitual discurso nocturno. La CPI emitió este viernes una orden de arresto contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra, según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma. La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación."Hoy tenemos una decisión fundamental de la justicia internacional. En un caso que tiene una perspectiva real", agregó el mandatario ucraniano."El jefe del Estado terrorista y otro funcionario ruso se han convertido oficialmente en sospechosos de un crimen de guerra. La deportación de niños ucranianos: el traslado ilegal de miles de nuestros niños al territorio del Estado terrorista", dijo Volodímir Zelenski. Según el mandatario, se han registrado más de 16.000 casos de deportación forzada de niños ucranianos por parte de Rusia en procedimientos penales investigados por agentes del orden, pero agregó que "el número real y completo de deportados puede ser mucho mayor". "Sería imposible cometer una operación tan criminal sin la orden del máximo líder del Estado terrorista", destacó. "Separar a los niños de sus familias, privarlos de cualquier oportunidad de contactar a sus familiares, esconder a los niños en el territorio de Rusia y arrojarlos a regiones remotas. Todo esto es una política estatal obvia de Rusia, decisiones estatales y maldad estatal, que comienza precisamente con el máximo funcionario de este Estado", insistió Zelenski. Oposición en Francia presentó mociones de censura contra Gobierno por reforma pensionalEl presidente ucraniano agradeció al equipo del fiscal de la CPI, Karim Khan, y esa Corte Penal Internacional "por la integridad y la voluntad de realmente llevar ante la justicia a los culpables". Hasta el momento, dijo el gobernante, ha sido posible devolver a algo más de 300 niños de todos los que fueron llevados por la fuerza. "Es obvio que seguiremos haciendo todo lo posible por ello, por devolver a todos los ucranianos, a todas las mujeres ucranianas, a todos nuestros hijos. Y por la responsabilidad real de todos los responsables de esta deportación, desde el jefe del Estado terrorista hasta todos los ejecutores", afirmó. El fiscal de la CPI, Karim Khan, identificó, en su petición de orden de captura contra el presidente Vladimir Putin, la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de los “actos de agresión” del Ejército ruso a Ucrania. Khan alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas “demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, un acto ilegal porque estos menores ucranianos “eran personas protegidas” en virtud de los Convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario. Rusia calificó de "nula jurídicamente" la orden de arresto del jefe del Kremlin. "Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del tribunal internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes las dos primeras órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos, un paso sin precedentes, al ser la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado aún en el ejercicio de su cargo.Pentágono revela video del ataque de aviones caza rusos a dron estadounidense en el mar NegroTambién es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.“Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos”, admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.La responsabilidad de Vladimir Putin frente a crímenes de guerra en UcraniaLa CPI emitió una orden de detención contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según la Corte.Rusia considera “jurídicamente nula” orden de arresto a Vladimir Putin por parte de la CPIRusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea.Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.“Vladimir Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala”, agrega la experta.La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.La guerra en Ucrania vista desde la mirada de los niños: “No arruinen nuestra casa, paren ya”Los crímenes se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.Detención de Vladimir Putin, el gran reto de la Corte Penal InternacionalDe Hoon cree que este caso es “relativamente fácil” porque Putin y Lvova-Belova están “hablando públicamente de los éxitos de su campaña para ‘rescatar’ a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas”, lo que legalmente es deportación forzada y se traduce en un crimen de guerra.“No es que no nieguen lo que están haciendo, es que argumentan que está justificado, algo con lo que dudo que los jueces de la CPI estén de acuerdo”, señala la experta.El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.La guerra de Ucrania desde el lente de los periodistas: así han arriesgado sus vidasDe momento, con esta orden ya emitida, Vladimir Putin y María Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.“El fiscal de la CPI espera que esto ya sea una señal importante para todos los que participan en esta guerra”, cree De Hoon, que recuerda que es “un mito” que la CPI no pueda procesar a Vladimir Putin porque Rusia no es Estado miembro.Con este paso, la CPI manda un mensaje a Moscú ya los defensores de la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa, algo con lo que el fiscal Karim Khan nunca ha estado de acuerdo.“Les dice: sí, la CPI puede emitir órdenes de arresto de cualquier persona que cometa crímenes internacionales en el territorio donde tiene su alcance. En este caso: Ucrania. Y puede procesar a cualquiera, sin importar su posición política”, detalla De Hoon.La ONG Human Right Watch celebró estas órdenes de arresto porque “convierten a Vladimir Putin en un hombre en busca y captura” y son “un primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores” de la guerra en Ucrania.Por guerra en Ucrania, cerca de 14 millones de personas han abandonado sus hogaresSe espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
Rusia calificó de "nula jurídicamente" la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ordenada por la Corte Penal Internacional (CPI) por la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.Masivos ataques de Rusia contra Ucrania "aumentaron el riesgo de un accidente nuclear""Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.La diplomática argumentó que "Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", por lo que, al respecto, "no tiene obligaciones".En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible"."Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho", dijo, según la agencia RIA Nóvosti.Pentágono revela video del ataque de aviones caza rusos a dron estadounidense en el mar NegroLa sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.Vladimir Putin se ha reunido en varias ocasiones con Lvova-Belova para abordar temas como la situación de los menores en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas o los subsidios para las familias de voluntarios y mercenarios rusos.Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos "buenas condiciones de vida"."Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando", dijo a la prensa local.En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.Por guerra en Ucrania, cerca de 14 millones de personas han abandonado sus hogaresMientras, el subjefe del comité internacional del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, tachó de "criminales" a los miembros del tribunal de La Haya y abogó por la liquidación de la corte.La CPI considera a Vladimir Putin "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la conocida como "operación militar especial" rusa en Ucrania.De hecho, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, agradeció inmediatamente por Twitter al fiscal de la CPI, Karim Khan, lo que llamó "histórica decisión”.Noche de caos en Francia por protestas contra reforma pensional deja más de 300 capturadosAl respecto, recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú.“Tememos que los números reales sean mucho más altos”, agregó.Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
Conseguir una práctica profesional suele convertirse en uno de los mayores retos para miles de universitarios cuando se acerca el final de la carrera. En ese contexto, Enel Colombia abrió una convocatoria con más de 120 vacantes para estudiantes que deban realizar sus prácticas durante el primer semestre de 2027, una oferta que tendrá como principal escenario a Bogotá y que ya fue divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.Las postulaciones estarán habilitadas hasta el próximo 3 de octubre de 2026 y están dirigidas a jóvenes que se encuentren en los últimos semestres de sus programas académicos y cuenten con autorización de su universidad para iniciar la etapa práctica. La compañía informó que la mayoría de las plazas estarán ubicadas en Bogotá, aunque también habrá oportunidades en Atlántico, Huila y algunos municipios de Cundinamarca.Estas son las carreras que busca Enel para sus prácticas profesionalesUno de los aspectos que más llama la atención de esta convocatoria es que no está dirigida exclusivamente a estudiantes de ingeniería. Según la información oficial, pueden participar alumnos de carreras como:Administración de Empresas.Ingeniería Industrial.Ingeniería Eléctrica.Ingeniería Electrónica.Ingeniería de Sistemas.Ingeniería Mecánica.Economía.Finanzas.Contaduría.Comunicación Social.Psicología.Derecho.Ciencias Ambientales.Estadística.Análisis de Datos.Desarrollo de Software.Otras áreas afines.La convocatoria incluye oportunidades en equipos corporativos, comerciales, digitales, jurídicos, ambientales y técnicos, por lo que abarca perfiles muy diferentes dentro de la organización. Para aplicar, los estudiantes deben encontrarse en los últimos semestres de sus estudios, contar con el aval de la universidad y estar matriculados para el periodo académico 2027-1. Además, la compañía indicó que el proceso no contempla restricciones por edad.¿Qué ofrecen las vacantes para estudiantes en Bogotá?Las prácticas tendrán una duración inicial de seis meses mediante un acuerdo entre el estudiante, la institución educativa y la empresa. En determinados casos, el periodo podrá extenderse por otros seis meses si continúan las condiciones académicas requeridas. De acuerdo con la información difundida por la empresa y la Alcaldía, los practicantes recibirán remuneración durante el tiempo de vinculación y podrán acceder a algunos beneficios asociados a la modalidad de trabajo y bienestar laboral. Entre las condiciones anunciadas se encuentran:Modalidad híbrida para algunos cargos administrativos.Bono de conectividad para quienes desarrollen actividades bajo ese esquema.Jornada reducida los viernes en determinadas áreas administrativas.Programas de formación y acompañamiento profesional.Acceso a beneficios y bonos de experiencias.Espacios de trabajo compartido y zonas de bienestar en la sede administrativa de Bogotá.La compañía indicó además que vincula cada año cerca de 300 estudiantes mediante sus programas de práctica, que funcionan como una de las principales puertas de entrada para jóvenes profesionales que buscan adquirir experiencia laboral antes de graduarse. Los estudiantes interesados tendrán plazo hasta el 3 de octubre de 2026 para presentar su candidatura a la convocatoria correspondiente al primer semestre de 2027.La apertura de estas vacantes coincide con la búsqueda de oportunidades laborales por parte de miles de universitarios que, además de cumplir un requisito de grado, intentan sumar experiencia profesional antes de terminar sus estudios. En Bogotá, este tipo de convocatorias suele registrar una alta participación debido a que muchas carreras exigen la práctica empresarial como parte de su plan académico.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El miércoles 16 de septiembre se confirmó el hallazgo sin vida de las cinco personas que iban a bordo de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, que despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 de la mañana del domingo 13, sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda, donde fueron hallados los restos de la aeronave. Las víctimas fatales de la tragedia fueron identificadas como: Sandy García, enfermera jefe; Perla Constanza Álvarez, médica; María Constanza Guzmán, médica; Julissa Figueredo, radióloga, y Mehmet Cankaya, experimentado capitán y piloto de la aeronave. (Lea también: Enfermera que murió en avión accidentado en Chocó envió fotos y videos a su mamá antes del siniestro)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAdriana Revelo, esposa del piloto, se pronunció luego de que se informara sobre el fallecimiento de Cankaya y las otras ocupantes del aparato, expresando “nuestra profunda solidaridad con las familias de las demás personas que se encontraban en la aeronave. Compartimos el dolor que deja esta pérdida y les enviamos nuestro respeto, cercanía y fortaleza en un momento tan difícil para todos. Como familia, estamos profundamente afectadas por lo sucedido”.“Nuestra prioridad en este momento es acompañarnos”Adriana y Mehmet tenían tres hijas, de 18, 9 y 7 años, y se habían casado hace cerca de 10 años. Esta madre de familia reveló a Noticias Caracol, antes de confirmarse la muerte de su esposo, que las niñas más pequeñas no sabían sobre la desaparición de su padre: “Ellas piensan que el papá está de viaje”.Ahora, con la partida del piloto, las cuatro enfrentan una nueva realidad y Adriana, a través de su comunicado, manifestó su agradecimiento “de corazón (por) todas las muestras de cariño, solidaridad, oraciones, mensajes y llamadas que hemos recibido”. Sin embargo, dijo que “como familia, estamos profundamente afectadas por lo sucedido. Nuestra prioridad en este momento es acompañarnos, proteger emocionalmente a nuestras hijas y transitar este duelo en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra familia”, por lo que “en este momento no nos encontramos en condiciones de atender llamadas, responder mensajes, conceder entrevistas ni ampliar información. El silencio o la falta de respuesta no deben interpretarse como falta de agradecimiento, sino como una necesidad de recogimiento, tiempo y espacio familiar”.“Agradecemos de corazón cada manifestación de afecto, cada oración y cada gesto de solidaridad. En este momento necesitamos tiempo, respeto y espacio para acompañarnos como familia y comenzar a asimilar esta pérdida”, añadió.El lugar donde cayó el aviónLa Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reveló poco antes de confirmarse el fallecimiento de las cinco personas, que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate". El comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz recalcó que debido a que "el ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos con una grúa de rescate" desde el aire. Estos expertos, precisó, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".NOTICIAS CARACOL
El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela comenzó a levantar este jueves las restricciones a diversos portales web y medios digitales tras años de censura, atendiendo a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del Gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición para abordar la libertad de expresión. "En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", dijo el ente regulador en un comunicado publicado en su web."A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", continuó Conatel.Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez medios digitales desbloqueados. VE Sin Filtro señaló que, según su "análisis preliminar", el levantamiento de las restricciones comenzó "de forma aparentemente simultánea" a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10:00 hora local del miércoles (02:00 GMT).La medida llega justo cuando el Gobierno de Venezuela y un grupo opositor comenzará este jueves el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.Entre los portales webs desbloqueados hasta el momento se incluye el de la revista colombiana Semana, aunque según el registro de la ONG unos tres todavía están bloqueados en algunas operadoras."De mantenerse esta medida, sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN", pidió VE Sin Filtro.En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según esa ONG. Según el breve comunicado del Programa de Convivencia y Paz, creado por Rodríguez el pasado enero, la petición se hizo después de realizar un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para "favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo".Conatel reafirmó en su mensaje de hoy "su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión de las telecomunicaciones, velando permanentemente por el acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para todo el pueblo venezolano".EFE
Una de las relaciones más estables y mediáticas del entretenimiento latino llegó a su fin. La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó el 16 de septiembre de 2026 que su historia de amor con el cantante colombiano J Balvin terminó después de varios años juntos y un hijo en común. La noticia puso fin a semanas de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja venían señalando posibles indicios de distanciamiento.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa confirmación llegó a través de un mensaje publicado por Ferrer en sus historias de Instagram. En el comunicado, la modelo explicó que ambos decidieron seguir caminos distintos, aunque dejó claro que la decisión fue tomada de manera amistosa y pensando en el bienestar de su familia: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la argentina. También señaló que se trata de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.Hasta el momento, J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin, no ha emitido un pronunciamiento público sobre la ruptura ni ha explicado las razones detrás del final de la relación. La ahora expareja se convirtió durante años en una de las más seguidas de la industria musical latina. Su historia comenzó en 2017 durante el rodaje del videoclip de la canción Sigo Extrañándote, donde Ferrer participó como protagonista. Tiempo después iniciaron una relación sentimental que se consolidó lejos de los escándalos y con escasas apariciones públicas relacionadas con polémicas.En junio de 2021 nació Río, el único hijo de la pareja, quien ha sido mencionado por ambos como la prioridad principal durante esta nueva etapa familiar. En su mensaje, Ferrer insistió en que continuarán acompañando a su hijo con amor y responsabilidad pese a la separación.El anuncio no tomó completamente por sorpresa a los seguidores de la pareja. Durante las últimas semanas, varios usuarios notaron una menor interacción entre ambos en redes sociales y una ausencia de fotografías juntos, algo que contrastaba con la dinámica que habían mantenido en años anteriores. Además, algunas publicaciones de la modelo argentina fueron interpretadas por internautas como posibles señales de una crisis sentimental.Entre los contenidos que despertaron comentarios estuvieron videos publicados por Ferrer en TikTok y algunas canciones incluidas en sus publicaciones, las cuales fueron relacionadas por seguidores con mensajes de desamor. Sin embargo, ni ella ni el cantante confirmaron en ese momento que atravesaran problemas en la relación.Los rumores sobre Melanie PavolaTras conocerse la ruptura, volvió a cobrar fuerza una versión que circulaba desde semanas atrás y que involucra a la modelo e influencer mexicana Melanie Pavola. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que dicha situación esté relacionada con la separación anunciada por Valentina Ferrer y J Balvin. Los rumores surgieron después de que Pavola asegurara públicamente haber tenido un acercamiento con el artista colombiano años atrás. Según declaraciones atribuidas a la influencer por distintos medios, el presunto episodio habría ocurrido en Nueva York cuando Ferrer se encontraba embarazada de su hijo.Desde que esas afirmaciones se hicieron públicas, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a relacionarlas con el supuesto distanciamiento entre la pareja. No obstante, ninguna de las partes involucradas ha confirmado que exista una conexión entre esos hechos y la ruptura anunciada esta semana. De hecho, en el comunicado compartido por Ferrer no se menciona ninguna infidelidad, terceros involucrados ni conflictos específicos. La modelo se limitó a informar que ambos tomaron la decisión de separarse y pidió respeto por la privacidad de la familia durante este proceso.Tampoco J Balvin se ha pronunciado sobre las versiones que circulan en internet ni sobre las declaraciones atribuidas a Pavola. Por esa razón, cualquier vínculo entre esos rumores y el final de la relación permanece en el terreno de la especulación.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Un grupo de cerca de 20 inmigrantes latinoamericanos, entre ellos un colombiano, permanece varado en un hotel a pocos pasos del océano Atlántico en Monrovia, la capital de Liberia, tras ser deportados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Este vuelo que trasladó a los deportados a Liberia —un país de la costa occidental de África cercano a Sierra Leona y cuya capital rinde honor al presidente estadounidense James Monroe— despegó en agosto desde Luisiana. En el último año, el gobierno de Donald Trump ha enviado 31 vuelos con deportados hacia 12 naciones africanas. Entre los afectados hay ciudadanos de Venezuela, Colombia, Honduras y Guatemala, quienes vivían y trabajaban en estados como Massachusetts, Texas y Luisiana antes de ser expulsados. CBS News obtuvo la lista con los nombres de todos los pasajeros de aquel vuelo de agosto y constató que la gran mayoría no tiene antecedentes penales, más allá de infracciones a las leyes de inmigración de Estados Unidos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATANinguno de los inmigrantes dio autorización a ICE para ser trasladado a Liberia. De hecho, uno de los colombianos deportados confesó: “Sinceramente nunca había oído hablar de Liberia". Una situación similar vive Paola Ferreira Dos Santos, una joven brasileña de 21 años y la única mujer entre los deportados latinoamericanos del grupo. Sobre el momento de su arribo, relató: "Fui la primera en bajar del avión y me dijeron 'Bienvenida a Liberia'". Aunque anhela reencontrarse con su padre en Estados Unidos, sus abogados le han advertido que regresar es prácticamente imposible. Por su parte, el hondureño Elvis Rodríguez Ventura desea volver a Estados Unidos para reunirse con su esposa y sus cuatro hijos, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Al describir su situación, expresó: "Estoy preocupado, me siento lejos al otro lado del mundo". Ante este panorama, tanto él como el resto de sus compañeros manifestaron sentirse apátridas y "hombres sin país".El caso de Arín García Yépez: deportado con medida de protección activaEn el grupo también se encuentra el colombiano Arín García Yépez, quien vivía en Dallas, Texas, y trabajaba en construcción tras llevar 15 meses en Estados Unidos. García explicó que buscaba "el derecho de trabajar libremente, de poder comunicar con mi familia, poder estar, desarrollarme libremente en Estados Unidos". A pesar de asegurar haber cumplido con todos los requerimientos legales y de no registrar antecedentes ni infracciones de tránsito, fue detenido. Además, contaba con una medida de protección aprobada por un juez de inmigración que suspendía su expulsión por existir riesgo de persecución o tortura en su país de origen. Pese a esta protección, el 20 de agosto fue subido a un avión en Luisiana sin previo aviso: "En ningún momento fui comunicado en ningún momento pues sabía ni ni siquiera para dónde venía".Actualmente, los deportados permanecen en un hotel con la advertencia del gobierno local de no alejarse debido a riesgos de seguridad, siendo recomendable desplazarse únicamente acompañados por autoridades. Carecen de documentos para trabajar, ninguno planea quedarse en Liberia y enfrentan presiones para tomar decisiones que no son seguras. De igual forma, se encuentran imposibilitados de retornar a Estados Unidos o de volver a sus países de origen por temor y riesgos activos.En medio de este limbo, Arín García hizo una petición a la administración Trump para “que respetara yo creo que el debido proceso respetar probablemente los derechos”. Sin embargo, a 7.600 kilómetros de distancia de Washington, su voz desde África se escucha demasiado débil.NOTICIAS CARACOL