Rusia calificó de "nula jurídicamente" la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ordenada por la Corte Penal Internacional (CPI) por la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
"Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
La diplomática argumentó que "Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", por lo que, al respecto, "no tiene obligaciones".
En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible".
"Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho", dijo, según la agencia RIA Nóvosti.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Vladimir Putin se ha reunido en varias ocasiones con Lvova-Belova para abordar temas como la situación de los menores en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas o los subsidios para las familias de voluntarios y mercenarios rusos.
Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos "buenas condiciones de vida".
"Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando", dijo a la prensa local.
En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.
Mientras, el subjefe del comité internacional del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, tachó de "criminales" a los miembros del tribunal de La Haya y abogó por la liquidación de la corte.
La CPI considera a Vladimir Putin "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.
Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la conocida como "operación militar especial" rusa en Ucrania.
De hecho, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, agradeció inmediatamente por Twitter al fiscal de la CPI, Karim Khan, lo que llamó "histórica decisión”.
Al respecto, recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú.
“Tememos que los números reales sean mucho más altos”, agregó.
Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
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