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Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK

Angie Rodríguez denuncia "presunto concierto para delinquir" en el Gobierno con "más de 20 personas"

La exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación hizo duras declaraciones sobre lo que, según ella, ocurre en su contra en las filas del Ejecutivo. Y mencionó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero.

Angie Rodríguez.
Angie Rodríguez.
Colprensa

La actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien se desempeñó hace un tiempo como directora del Dapre, hizo una serie de declaraciones este martes en una entrevista con revista Semana en la que denuncia, entre otras cosas, supuestas extorsiones de parte de funcionarios del Gobierno. Este miércoles, en entrevista con Blu radio, Rodríguez entró más en detalle sobre su denuncia y habló de un "presunto concierto para delinquir" en su contra e incluso mencionó que tiene a al menos una veintena de personas identificadas que estarían, según ella, involucradas.

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Rodríguez habló de un "presunto concierto para delinquir" para describir lo que denuncia como una red organizada dentro del Gobierno nacional. En la entrevista, que Noticias Caracol enlazó, señaló que existe una red de presunto "concierto para delinquir" en su contra, en la cual cada integrante desempeña un rol específico con el fin de "exterminarla". Al ser consultada sobre la estructura que expone, ella lo califica como un "presunto concierto para delinquir".

La exdirectora del Dapre menciona que tiene identificadas a más de 20 personas en esta supuesta red. Rodríguez contó que ella encaró a un supuesto extorsionista y que, según lo que este le escribía, pudo vincular en este contexto a Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, y a Juliana Guerrero -señalada de falsificar títulos universitarios para ser nombrada viceministra de Juventudes-, quien, según ella, ejerce un gran poder en el Gobierno pese a que no tiene un cargo oficial en el Ejecutivo.

Rodríguez aclaró que habla de un "presunto" concierto para delinquir porque, al vivir en una democracia y no en una dictadura, debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia, siendo la Fiscalía y un juez quienes deben determinar la veracidad de sus denuncias.

En desarrollo.

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