La Cancillería declaró un estado de "urgencia manifiesta" para evitar cualquier interrupción en la entrega de pasaportes y visas en Colombia. Esta medida legal, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido este viernes, responde a una orden judicial que suspendió el proceso de implementación de un nuevo modelo de emisión de documentos de viaje. El Gobierno nacional asegura, sin embargo, que la atención en consulados y oficinas se mantiene con total normalidad, respetando las citas ya programadas por los ciudadanos.
De igual forma, se utilizarán contratos temporales exclusivamente para sostener la operación mientras se organiza una nueva licitación pública transparente. Todas las acciones tomadas bajo esta emergencia, explica el documento, serán supervisadas por la Contraloría General para garantizar el manejo correcto de los recursos estatales.
La urgencia manifiesta, como explica la Cancillería, es un mecanismo excepcional previsto por el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata.
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"La medida se adopta en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026, proferido en el marco de una acción popular. A través de esta providencia, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio", explica el documento, que detalla que "la decisión judicial señaló, entre otros aspectos, la necesidad de acreditar plenamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras, así como la de esclarecer aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación".
En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las solicitudes de aclaración presentadas por las partes involucradas en el contrato de los nuevos pasaportes, elaborado en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y ratificó la suspensión provisional de esos convenios. El tribunal consideró que esas solicitudes no buscaban aclarar “aspectos confusos” de la decisión sino obtener instrucciones concretas sobre la manera en que las entidades debían ejecutar sus competencias administrativas, contractuales y operativas frente a la medida cautelar. Según el despacho, definir esas alternativas corresponde a las autoridades responsables del servicio, quienes deberían estar preparadas ante eventuales contingencias, y no al juez.
“No le compete al juez popular sustituir a la Administración en la dirección, planeación o ejecución de las medidas de contingencia que resulten procedentes, ni determinar de manera previa cuáles mecanismos contractuales, presupuestales o logísticos deben implementarse para cumplir la orden impartida, pues ello implicaría trasladar al órgano judicial competencias que corresponden exclusivamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio”, señaló la providencia. Y agregó que es deber de cada autoridad establecer dentro de sus competencias jurídicas y operativas las decisiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público.
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