Beneficiaría a quienes estén en zonas apartadas, sean de bajos recursos y hayan manifestado querer sustituirlos.
Para aplicar la iniciativa, que será debatida en Senado y Cámara, se debe tener la comprobación legal de que estos cultivadores no pertenezcan a grupos armados organizados.
El proyecto, de ser aprobado, se aplicaría en 50 municipios de Colombia para ser ampliado luego a todo el país.
Según los creadores del proyecto de ley, los campesinos han tenido que caer esa posibilidad por falta de apoyo del Estado.
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