El director de Human Rights Watch destapa una verdad que muchos conocen y pocos se atreven a revelar: la gravísima situación de orden público en ese departamento.
Esta es la entrevista de José Miguel Vivanco con Juan Roberto Vargas.
Esta semana causó revuelo el informe ‘Los guerrilleros son la Policía’. ¿De quién es la publicación?
Es de un policía de Arauca. Nosotros, para hacer este informe, fuimos al terreno.
¿Un policía, cuando fue su equipo a hacer esa investigación, les dijo eso?
Así es, lo tenemos grabado y registrado. El policía nos explica: nosotros tenemos control de seguridad de un perímetro, que son algunas manzanas. Más allá, la Policía son los guerrilleros.
¿Cómo llegan a este informe que tiene casi 70 páginas y que tiene conclusiones durísimas, que muchos conocen y pocos se atrevían a decirla con tal crudeza? Entre otras cosas dice: “los grupos armados ejercen un feroz control social entre la población civil”…
Viajamos y tuvimos que preparar la misión, que es de mucho riesgo, de bastante peligro, no solo para nosotros, sino también para las personas que vamos a entrevistar. Nos tomó dos meses preparar esta misión y en el mes de agosto del año pasado nos dejamos caer y fuimos municipio por municipio. Fuimos a cinco de los siete municipios de Arauca… Tame, Arauquita, Arauca, Saravena y otro que se me escapa.
¿Cómo entran ustedes a una zona donde, por lo que la misma gente y Policía le dicen, no entra la fuerza pública y no hay Estado? Los periodistas tampoco podemos entrar, es muy difícil llegar para hacer esas investigaciones
Lo logramos hacer con mucha discreción, con muy bajo perfil. Además, tuvimos antes que hacer contacto con autoridades locales, organizaciones humanitarias, pero tampoco podíamos exponernos porque ellos están en el terreno. Fue, diría, de relojería. Muy complicado porque lo que más nos preocupa, insisto, no es solo nuestra seguridad, sino, una vez salgamos ahí, de algunas de las personas que se entrevistan con nosotros, y entrevistamos a más de cien (policías, jueces, fiscales, CTI, víctimas).
¿Cómo corroboraron la información?
Una afirmación no es suficiente. Hay que hacer un gran esfuerzo por tomar esos hechos y buscar múltiples fuentes y mirar si dan algunas coincidencias básicas, entre lo que te dice una persona, lo que dice una víctima, lo que dice alguien que ha estado en contacto con estos grupos.
¿Y las coincidencias se daban?
Enormes. Y un fenómeno increíble: el terror que existe en Arauca, por parte tanto de autoridades como de residentes de la zona, es tal que mientras se entrevistaban con nosotros, en un sitio privado y seguro, e iban a hacer referencia a grupos irregulares, al ELN por ejemplo, bajaban la voz. Casi era un murmullo cuando se referían al ELN. Pánico, terror a que fueran a hacer grabados y esos grupos supieran que estaban en contacto con nosotros.
Hay una frase lapidaria, de muchas, que habla del feroz control social. ¿Cómo es ese control social por parte de los grupos ilegales en Arauca?
Ellos ejercen el control, primero, la extorsión. Y allí operan tanto el ELN como unas disidencias de las FARC. Y la pobre gente de Arauca tiene que pagarles a los dos grupos. No es que le pague solo a uno. Ahí no hay aún un conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC. Actúan en coordinación permanente, tanto en Arauca como en Apure, que es la ciudad al otro lado del río, en territorio venezolano.
Luego estos grupos están en constante comunicación con la población civil. Les dejan papelitos donde les dicen ‘tienen que reportarse al comandante’ porque lo hemos sorprendido haciendo cosas que no están permitidas. Ellos implementan una especie de manual, que era el manual activo de las FARC, que establece por ejemplo toque de queda. Tienen prohibido en muchas de las zonas, rurales especialmente, que aquellos que utilicen bicicleta usen casco porque la instrucción es que quieren saber quién entra y quién sale. Si usan casco, pueden ser blancos militares.
¿Cómo es eso que controlar que no se cometan delitos sexuales y que no haya robos?
Los delitos sexuales y las atrocidades las cometen ellos. Ellos tienen licencia para hacer y deshacer. Ellos están involucrados en asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamiento de menores. Es decir, todo lo que te cabe en el código penal.
Todos los vejámenes que puedan cometer contra una población civil inerme e indefensa….
En total indefensión. Ahora bien, ellos también se erigen como la autoridad local. Y ellos advierten que también están allí para resolver los problemas. Por ejemplo, si alguna persona tiene un conflicto con un vecino o si una señora es víctima de violencia doméstica, acude a ellos. Y ellos castigan a la persona dependiendo de quién la denuncia. Los castigos van desde una paliza hasta torturas, y pueden llegar incluso hasta el asesinato de esta persona.
El año pasado asesinaron estos grupos a por lo menos 16 personas, civiles. ¿Por qué sabemos que a 16 personas? Porque, de una manera tan descarada, les colocan un cartel que dice ‘a este lo asesinamos por ladrón’, ‘a este lo asesinamos por violador’, ‘a este lo asesinamos por colaborar con la fuerza pública’.
Eso es lo otro, ¿qué le pasa al que hable con un militar o un policía?
Está expuesto a todo tipo de riesgos.
Es un objetivo militar…
Pasa inmediatamente a ser un sospechoso y la sanción draconiana máxima, obviamente, es la muerte.
Este informe levantó gran polémica en Colombia porque, si bien en muchos sectores se sabe que la situación en Arauca es grave, la sensación que queda es terrible. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que dice que allí sí hay presencia de fuerza pública, que no es cierto que la guerrilla sea la Policía. El gobernador nuevo de Arauca dijo que, aunque la situación es difícil, no es como la pinta el señor Vivanco, que usted está dramatizando algo que no es así. ¿Es una exageración lo que usted está denunciando?
No, lamentablemente. Qué más quisiéramos que alguien nos demostrara, con buenos argumentos, con pruebas y con evidencias, que estamos profundamente equivocados o que estamos exagerando y que la situación es mucho mejor. Ojalá pudiera contrastar este informe y demostrar que este escrito no tiene base. Lamentablemente, me parece que es una película muy fidedigna de lo que allí ocurre. Le digo más: cuando el Ministerio de Defensa señala que hay presencia de la fuerza pública, nosotros no estamos discutiendo esto. De hecho, hay que reconocer que, durante este gobierno, se ha incrementado la presencia del Ejército en Arauca, lo cual es importante. Sin embargo, la función primordial del Ejército en Arauca, y esta es la política que se ha adoptado, es el resguardo del oleoducto, de las instalaciones de Ecopetrol. Es un objetivo estratégico importante, nadie lo discute.
¿Cómo logran ustedes establecer esto?
Porque es la política oficial. No es nuestra interpretación. Y tiene sentido. No es absurdo, no es irracional, que el Ejército esté allí para proteger Ecopetrol.
Pero sí es absurdo…
Queremos, precisamente, tratar esta materia mañana (lunes) con el presidente Duque porque creemos que, sin abandonar desde luego un elemento estratégico como lo es Ecopetrol, habría que revisar y balancear un poco, y buscar que este Ejército que está allí, o quizás fuerzas adicionales, puedan también cumplir tareas de protección. Pero quiero advertir que la solución para Arauca no es militar. Ojalá fuera un problema meramente militar, donde hubiera mayor presencia de Policía y Ejército. La solución de Arauca es de justicia. Ahí no hay administración de justicia, no hay jueces. Los fiscales, completamente sobrepasados.
¿Ustedes encontraron un fiscal que viaja en taxi aunque ha advertido al fiscal general en Bogotá que está amenazado de muerte?
Porque no hay recursos. El fiscal va a hacer diligencias judiciales en taxi colectivo. Ojalá fuera un taxi privado. Eso no puede ser. Se lo planteamos al doctor Espitia, al fiscal general. Me parece que no lo sabía y reaccionó muy bien. Me dijo: ‘en los próximos días vamos a resolver ese problema’. Creo que le arrancamos el compromiso de incrementar la presencia allí del CTI y también de fiscales. Otro fiscal que encontramos en uno de esos municipios que lleva 2.000 casos activos, lo cual es impensable, es ilógico.
Eso se traduce en un tema de impunidad terrible…
Tremendo.
¿Cómo es la historia de que hay ocho condenas por más de 500 crímenes y lo peor es que ninguno es del grupo armado?
Así es. Desde el 2017 a la fecha se han cometido, de acuerdo a estadísticas oficiales, 442 crímenes serios, esencialmente homicidios, en Arauca. La Fiscalía ha logrado, con gran esfuerzo, 8 condenas y ninguna afecta a los miembros de los grupos irregulares armados, ni al ELN ni a las disidencias.