Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha esta semana operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos -quienes, según anunció, serán deportados-, Noticias Caracol habló con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para aclarar los alcances de esta medida y específicamente a quiénes impacta. De la Espriella adelantó en un consejo de seguridad, cuyas imágenes fueron recogidas en un video divulgado este lunes por su despacho: "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos".
De la Espriella aseguró que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados". El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, quien además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.
¿A quiénes aplica? Ministro responde
Este anuncio del Gobierno nacional generó alarma en la comunidad migrante. Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró en entrevista con este noticiero que el alcance de las medidas para dar un parte de tranquilidad a la población venezolana que se encuentra bajo esquemas de protección o en proceso de regularización, y señaló que el verdadero objetivo de las autoridades son las redes de tráfico de personas en zonas de tránsito como el Darién.
Frente a la preocupación de si las nuevas directrices gubernamentales equipararían a los migrantes trabajadores en situación regular con quienes cometen delitos, Lara fue enfático en diferenciar las situaciones. El ministro recordó el carácter humanitario con el que el país recibió a cerca de dos millones de personas durante los momentos más agudos de la crisis migratoria venezolana de los años 2020 y 2021, y destacó que en su gran mayoría logró acceder a un estatus legal.
Al respecto, el jefe de la cartera del Interior precisó: “el presidente no se refiere, digamos, a muchos de estos hermanos venezolanos que incluso algunos ya han optado por regresar, los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente”. Lara insistió en que esta población no debe temer las medidas de expulsión, pues cuentan con un marco de derechos que les permite acceder a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier ciudadano local.
Ese llamado de tranquilidad se extendió a los más de 500.000 ciudadanos venezolanos cuyo estatus se encuentra amparado bajo el Permiso de Protección Temporal (PPT), que permite regularizar la situación de estas personas y da vía legal para trabajar formalmente, acceder a servicios y libre movilidad. Al ser preguntado sobre si este grupo podría enfrentar un riesgo de deportación, Lara respondió de manera categórica: “No. Naturalmente que no". El ministro complementó con que “los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”.
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De hecho, el ministro respondió a versiones que señalan que el Gobierno de De la Espriella, con esta estrategia, estaría creando una suerte de un ICE -la autoridad migratoria estadounidense- en Colombia. Lara descartó de tajo esta versión: “Que yo tenga conocimiento no, no he oído que que eso sea un propósito”. De acuerdo con el ministro, el control de estas redes delictivas específicas puede ser asumido plenamente mediante el fortalecimiento de “las capacidades actuales de la Policía Nacional”, las cuales consideró “más que suficientes” para contener la problemática en los puntos críticos de la geografía nacional.
Lara puntualizó que la ofensiva estatal no está dirigida contra quienes residen formalmente en el país sino contra el tránsito clandestino controlado por organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que instrumentalizan a los extranjeros para lucrarse en la frontera con Panamá. “El problema aquí no es de millones de personas que han llegado indocumentadas a vivir en Colombia, no, ese no es el problema”, afirmó el ministro, quien explicó también que el objetivo es evitar que el territorio nacional se consolide como una plataforma de paso para redes transnacionales de trata de personas.
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De la Espriella afirmó en días pasados que "cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde". Y ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión. El primero fue anunciado este martes, con el traslado de 20 personas privadas de la libertad a otras cárceles del país.
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