El presidente Gustavo Petro se refirió al proyecto planteado por el congresista Mario Díaz-Balart, en el cual se plantea reducir en un 50 % (equivalente a 170 millones de dólares) los recursos de Estados Unidos destinados a Colombia para asistencia no militar. La iniciativa fue aprobada por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del país norteamericano, con 35 votos a favor y 27 en contra.
"Colombia no vale 170 millones de dólares como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá. Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los EE. UU. no consuma tanta droga. Lo que nos dan y lo que damos sería más eficiente si se invierte en programas de prevención de consumo y en educación de los consumidores. Menos marihuana se olería en las calles de Wall Street, y más libres serían los ciudadanos y ciudadanas de New york con absoluto respeto a sus vidas privadas, a su libertad, y a sus gustos de consumo", aseguró el Presidente en su cuenta de X.
El proyecto plantea una preocupación del Comité por "el deterioro de la cooperación bilateral". También se refiere a la violencia política, citando el atentado de Miguel Uribe, y el "abuso de drogas, incluso en los más altos niveles del gobierno". Según el documento, la gestión del presidente Gustavo Petro "no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos compartidos". Afirma que el Comité está preocupado por "las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones maliciosas de la administración Petro, que contradicen los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos".
¿Cómo afectaría a Colombia el recorte por parte de Estados Unidos?
El proyecto aún tiene que ser votado por la plenaria de la Cámara de Representantes, lo cual se llevará a cabo en septiembre. Luego tiene que pasar al Senado de Estados Unidos, donde también tiene que ser aprobado en comité y en plenaria, para después pasar a un proceso de conciliación. De ser aprobado, se verían afectados los recursos para la implementación del acuerdo de paz, retirando el apoyo por parte de la Usait (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). También, el dinero destinado a comunidades afro e indígenas, y hay una reducción de alrededor de unos 30 millones de dólares para la aplicación de la ley y control de narcóticos internacionales.
El documento propone que, para el 2026, se destine la cifra de 208 millones de dólares para Colombia: 103 millones para la aplicación de la ley y el control internacional de drogas; 67, para los programas de seguridad nacional, y 38, para el programa de financiamiento militar extranjero.
El representante Díaz Balart dijo para Noticias Caracol que ya no solo son sus preocupaciones sobre el gobierno Petro, sino que se volvieron inquietudes del Comité y tienen respaldo bipartidista. "Hasta ahora él (Petro) parece insistir que quiere relaciones con todos los enemigos de la democracia, con grupos narcotraficantes, con grupos antisemitas y no quiere la relación especial con los Estados Unidos. A pesar de eso, mantenemos los fondos para los servicios de seguridad en Colombia, para ciertos sectores", dijo.
Las reacciones por aprobación del proyecto
Justo en medio de esta aprobación se encontraba en el Congreso el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, quien se ha reunido con congresistas. "Es parte de un proceso que apenas empieza, el año pasado y antepasado también pasó algo similar, pero estamos aquí precisamente en el Congreso hablando con los diferentes congresistas tanto de Senado como Cámara, republicanos y demócratas, insistiendo en que es una relación estratégica para los dos países y, por lo tanto, vamos a esperar a ver qué pasa", dijo.
También ha habido reacciones desde Colombia. María Claudia Lacouture, la presidenta de Amcham Colombia, aseguró: "Es una señal política de preocupación por parte del Congreso de Estados Unidos frente al aumento de la violencia, el retroceso en la lucha contra el narcotráfico y los cuestionamientos al respeto por el estado de derecho. Esta disminución afectaría directamente la asistencia para el desarrollo que ha respaldado programas como el fortalecimiento de la justicia local en zonas rurales, iniciativas productivas en territorios afectados por el conflicto y proyectos de gobernanza participativa claves para la consolidación de la paz. También impactaría el Fondo de Apoyo Económico, que ha sido esencial para promover oportunidades educativas, atención a población vulnerable y dinamización económica en regiones históricamente marginadas".
*Esta nota cuenta con reportería de Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol
LAURA VALENTINA MERCADO
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