“Pronto el expresidente Uribe afrontará las consecuencias de su actuación”: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda habló luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera acusado formalmente por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno de testigos.

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“El expresidente Álvaro Uribe tendrá que hacerlo luego de haber llevado a la justicia una veintena de falsos testigos con la ayuda de un abogado, del señor Diego Cadena, que está también en este momento afrontando un juicio por las mismas razones. Así que a mí me complace haber sido reconocido como víctima en este proceso y que muy pronto el expresidente Uribe tenga que afrontar las consecuencias judiciales de su actuación”, manifestó Cepeda. 

Sin embargo, desde el Centro Democrático rechazaron la decisión tomada por la juez 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que dictaminó que "a partir de este momento (el expresidente) adquiere la condición de acusado".

“A partir del caso Uribe, las reglas empiezan a tener excepción. Las garantías fundamentales empiezan a no aplicarse porque se trata solamente de él. Las chuzadas por error esta vez sí valieron porque se trataba solamente de él. Entonces empieza a constituirse en Colombia lo que sería el delito de opinión, es decir, condenar a una persona, no por lo que haga, no por sus actos, por sus hechos, sino por si me cae bien o no políticamente”, dijo el representante Hernán Cadavid.

Primera vez que en Colombia un expresidente es llamado a juicio

De acuerdo con la decisión de la jueza, el proceso contra Álvaro Uribe se inicia de manera formal y de ser hallado culpable el jefe del Centro Democrático puede tener una pena de entre 6 y 12 años de prisión.

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La acusación se produce después de que la togada denegara la petición de nulidad del proceso contra el expresidente al considerarla "absolutamente improcedente", por lo que "se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno".

Igualmente, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en el caso.

Estas dos decisiones fueron aplaudidas por el abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, quien aseguró que "son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad que las víctimas tengan acceso a la justicia y ahí defiendan y reclamen sus derechos".

Delitos imputados

El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe como "determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal" porque por "provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falte a la verdad total o parcialmente”.

Igualmente lo acusó por “concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal”, es decir porque “por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.

También como “determinador del delito de soborno” porque entregó o prometió “dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio”.

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Caso que arrancó en 2012

El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente.

Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.

El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.

Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.

Sin embargo, el fiscal Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.