Mientras el Gobierno ha podido aumentar a 6.364 las camas de cuidado intensivo, de la meta de 10 mil para la atención por COVID-19 , en varias regiones del país estarían dando un uso irregular a estos bienes.
“Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente como un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios”, denunció el ministro Fernando Ruiz.
El costo de un paciente en UCI depende de muchos factores, pero el Ministerio de Salud estima que un día podría valer dos millones y medio de pesos. En una cama intermedia constaría un millón y medio.
La Superintendencia de Salud le puso la lupa al tema: “estamos el estudio en el Valle, vamos a hacer unos en Bolívar, Sucre, Cesar, para revisar cómo está siendo la utilización. Pero, lo vamos a hacer por todo el país, es nuestra obligación”, afirmo el superintendente Fabio Aristizábal.
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Para el jefe de la cartera de salud también es preocupante otra práctica: la de no reportar las camas libres a los centros reguladores de urgencia. “Una cama ocupada inadecuadamente es una cama que le resta oportunidad de vivir a un paciente”, dijo.
ACEMI, gremio de las EPS y los hospitales públicos, le piden al gobierno investigar y con nombre propio hacer públicas las denuncias para no generalizar.
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