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En Colombia, las multas no solo cumplen una función punitiva; también son instrumentos pedagógicos que buscan corregir comportamientos que afectan la convivencia y el bienestar colectivo. A lo largo de los años, el país ha adoptado medidas sancionatorias para enfrentar desde infracciones de tránsito hasta conductas que alteran el orden público. Sin embargo, hay prácticas cotidianas que, aunque parecen inofensivas, tienen un impacto profundo en la calidad de vida urbana.
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Las autoridades locales han aplicado sanciones más severas para frenar el deterioro de los espacios comunes y promover una cultura de respeto por lo público. Bogotá, como capital del país, ha sido pionera en este tipo de estrategias, apostando por la corresponsabilidad ciudadana como eje central de su política de seguridad y convivencia.
En Bogotá, arrojar residuos en el espacio público se ha convertido en una conducta habitual para muchos ciudadanos. Es común ver bolsas de basura abandonadas en esquinas, colchones viejos en zonas verdes, escombros en andenes y llantas en vías principales. Esta práctica, que algunos justifican por falta de información o por comodidad, representa una falta grave según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).
Esta conducta, además de generar insalubridad, afecta la imagen de la ciudad, obstruye el sistema de alcantarillado, favorece la proliferación de vectores como ratas e insectos, y deteriora la convivencia entre vecinos. El Distrito ha invertido en mejorar la capacidad operativa de limpieza, pero los esfuerzos no son suficientes si la ciudadanía no colabora.
La Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece que arrojar basura en el espacio público es una conducta contraria a la convivencia. Esta ley clasifica las infracciones en tipos, y la disposición inadecuada de residuos corresponde a una infracción tipo 4, que conlleva una multa de $759.200. Además, si una persona contrata medios no autorizados para transportar escombros o residuos voluminosos, puede recibir una multa tipo 3, equivalente a $379.600.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y las alcaldías locales, ha intensificado los operativos de vigilancia. Además, se ha habilitado la Línea 195, opción 8, para que cualquier ciudadano pueda reportar el abandono de residuos en vía pública. Este canal permite:
La participación ciudadana es clave. Se busca que los habitantes de Bogotá no solo eviten contaminar, sino que también denuncien a quienes lo hacen.
La Alcaldía ha implementado varias soluciones para facilitar la disposición adecuada de residuos. Estas alternativas buscan evitar que los ciudadanos recurran a prácticas ilegales o informales que terminan afectando el entorno urbano:
Uno de los problemas más comunes es que algunos vecinos tiran basura en la calle o en zonas comunes y luego se desentienden del problema. Esta actitud no solo es irresponsable, sino que afecta la convivencia y genera conflictos entre residentes. La administración distrital ha iniciado campañas de capacitación en propiedad horizontal, dirigidas a comités de convivencia en edificios y conjuntos residenciales. El objetivo es enseñar a los habitantes cómo manejar correctamente los residuos, promover el reciclaje y evitar sanciones.
Una acción que muchos conductores realizan sin pensar en sus consecuencias legales es arrojar objetos o residuos desde sus vehículos, ya sea mientras están en movimiento o estacionados. Aunque para algunos puede parecer una conducta menor, esta práctica está clasificada como una infracción grave dentro del Código Nacional de Tránsito. La norma, identificada con el código D16, sanciona el acto de lanzar cualquier tipo de residuo sólido desde automotores, bicicletas, vehículos de tracción animal o incluso desde medios de transporte humano. Esta infracción, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, tiene un costo económico significativo: $1.207.762 en el año 2025.
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Más allá del impacto ambiental y visual que genera esta conducta, las autoridades advierten que puede acarrear consecuencias adicionales para quienes la cometan, incluyendo procesos administrativos y restricciones en trámites si la multa no se paga oportunamente. La medida busca desincentivar el irrespeto por el espacio público y reforzar la responsabilidad individual en el uso de las vías.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL